Podemos continúa sumando fichajes para las elecciones generales. El último, el del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez-Royo. El partido que lidera Pablo Iglesias le ha ofrecido encabezar alguna de las listas por Andalucía, aunque diversas fuentes aseguran a eldiario.es que todavía no está cerrado cuál será la provincia por la que concurrirá el 20 de diciembre. Podemos no ha confirmado ni desmentido la información oficialmente.

Pérez-Royo ha asegurado en Al Rojo Vivo que el informe de la Abogacía es "completamente irrelevante después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dicho que, desde julio, Junqueras es parlamentario europeo".

España todavía no se ha examinado de la última asignatura constitucional: reformar la Carta Magna. Esta es una de las principales tesis del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, que reclama cambios en un texto, en su opinión, bipartidista, monárquico y antifederal.

El jurista Javier Pérez Royo ha manifestado en un debate en Barcelona, que los consellers del Govern y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son presos políticos no por las propias ideas sino ''por las ideas del fiscal y la jueza'', y cree que el componente político en la decisión judicial muestra que se están escogiendo ''atajos incompatibles'' con el funcionamiento de una sociedad democrática.

Recuerden que sus abogados defensores son dos destacados miembros del stablishment del régimen socialista, Javier Pérez Royo y Amparo Rubiales Torrejón. Y sigue contando: "Pues bien, pese a eso, el constructor cordobés cerró la compra de la isla Saltés, lo que sorprendió a los grupos ecologistas, que nunca entendieron cómo alguien podía pagar una cantidad tan alta por unos terrenos en los que no hay -al menos en la actualidad-, ninguna probabilidad de construir."

Luis Carlos Rejón sustituirá a Pérez Royo en la lista de Podemos en Sevilla Luis Carlos Rejón será número tres de Podemos en la lista con la que la formación concurrirá por la provincia de Sevilla a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

"La Monarquía es el problema. Con la subordinación del principio representativo al principio monárquico la capacidad de reforma y regeneración del sistema era y es nula." Javier Pérez Royo

Este catedrático de Derecho Constitucional (Sevilla, 1944) lo que dice es que, si se analizan sus críticas y previsiones, nunca se ha equivocado

El catedrático de Derecho Constitucional puede presumir de ser uno de los pocos juristas del Estado que ha acertado todos los vaticinios que ha hecho sobre el poco futuro que tendrían en Europa las sentencias de los tribunales españoles relacionadas con el proceso independentista catalán. En este audio vuelve a hacer nuevos pronósticos.

El catedrático de Derecho Constitucional a la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha asegurado este lunes que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, es un analfabeto jurídico. Pérez Royo se ha expresado en estos términos después de ver unas declaraciones de Casado sobre el «Pin parental».

El catedrático de Derecho Constitucional analiza en este entrevista los posibles escenarios que se abren tras el comunicado de la Casa Real en el que el Rey Felipe VI anuncia que rechaza la herencia de Juan Carlos I. Pide una comisión de investigación parlamentaria y señala que la Monarquía es un problema para la regeneración de la democracia que nació en 1978.

En el programa de Ferreras conectan con Javier Pérez Royo, éste interrumpe a la presentadora para decir que lo de Rubiales fue un acto constitutivo de DELITO de AGRESIÓN SEXUAL y que la fiscalía debería intervenir Lo aclara porque le asombra que no hayan sacado este tema en el programa

Javier Pérez-Royo, catedrático en derecho constitucional. Llama inculto e indecente (varias veces), a juez del caso Begoña Gómez; el juez Peinado.

El fichaje de Podemos defiende la inocencia de Chaves y Griñán "El delito del que se les acusa es imposible"

La debilidad de la fórmula constitucional española desde principio del siglo XIX hasta hoy radica en que ha necesitado permanentemente una institución hereditaria en la que hacer descansar el edificio constitucional. Con el punto de apoyo de la Monarquía se podía organizar una fórmula de gobierno. Sin ese punto de apoyo no se podía. Las dos veces que se intentó acabaron en fracaso. Antes de ponerse en marcha siquiera en el primer caso. Como consecuencia de una sublevación militar y una guerra civil en el segundo.

Obviamente, el candidato sigue privado de la libertad deambulatoria, es decir, sigue en prisión provisional en los términos fijados por el juez instructor. Pero no solamente no se le puede impedir acudir a la sesión de investidura, sino que el juez instructor tiene la obligación de asegurarse de que va a poder asistir. No puede hacer nada más que ir a la sesión de investidura y volver a prisión una vez acabada. Pero eso no se le puede impedir.

El catedrático de Derecho Constitucional ha explicado que el euro-orden de extradición de Pablo Llarena contra los políticos catalanes cualifica con una rebelión lo que no lo es ni en la doctrina legal española ni en la alemana.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla asegura que el Parlament no puede tumbar el nombramiento porque "la elección es del grupo" y el papel de la Cámara es solo el de "certificarlo"; “choca contra el artículo 69 de la Constitución,contra el principio de pluralismo político. “La elección es del grupo. La cámara certifica. Es un acto debido,un acto reglado. La cámara no tiene la capacidad de alterar la voluntad de los grupos”. Considera que este caso es similar al del rey sancionando una ley: “El rey tiene que san

En caso de que el president de la Generalitat de Catalunya no dé cumplimiento a una orden de la Junta Electoral Central, ésta puede dirigirse bien directamente o bien mediante el Ministerio Fiscal al órgano judicial competente, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, para que éste requiera al president el cumplimiento de la orden. En el caso de que Torra no atienda el requerimiento del TSJC, entonces estará cometiendo el delito de desobediencia. Sin la intermediación del órgano judicial no hay delito de desobediencia.

El debate que se ha abierto acerca de si el ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska, mintió en sus respuestas a las preguntas sobre el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos y, como consecuencia de ello, debería dimitir, está viciado en su origen. El ministro no podía decir la verdad, porque ello hubiera supuesto dejar constancia en el diario de sesiones que el origen del cese estaba en la ejecución desviada por el coronel Pérez de los Cobos de una decisión presuntamente prevaricadora de la jueza de instrucción[...]

Entre el 28F de 1980 y el 2 de diciembre de 2018 hay una frontera, esto es “contacto” y “separación”. En principio, no parece que exista conexión alguna entre lo que ocurrió en Andalucía el 28F de 1980 y lo que ha ocurrido este 2 de diciembre de 2018. Y, sin embargo, no es así. Catalunya es el punto de conexión entre ambas fechas.

Siguiendo estos primeros días del juicio oral se entiende perfectamente por qué los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig Holstein no tuvieron la menor duda desde el primero momento de que los hechos, repito, los hechos, que figuraban en la orden de detención y entrega dictada por el Juez Pablo Llarena no podían ser en ningún caso constitutivos ni del delito de rebelión ni del de sedición. Es algo que, para cualquier persona con un mínimo de formación jurídica, salta a la vista.

En la Sentencia de los ERE dada a conocer este martes se produce una quiebra entre el relato fáctico y la fundamentación jurídica. El Tribunal se esfuerza en argumentar que los hechos que figuran como probados son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación, pero no lo consigue. Y no lo consigue, porque no lo puede conseguir. Porque lo que no puede ser, no puede ser. Y en este asunto falta el presupuesto de hecho para que exista la calificación jurídica que el Tribunal pretende.

Sería de una ingenuidad suicida para el presidente del Gobierno fiarse de la opinión de Pablo Casado de que en el ordenamiento ya se dispone de normas con las que hacer frente a la emergencia. Se trata de una trampa en la que no se puede caer. Sobre todo, porque no es verdad.