La lista de asuntos clasificados como materia secreta y materia reservada en España es larga y secreta. Desde 1968, cuando se aprobó la vigente Ley de Secretos Oficiales, se han clasificado innumerables cuestiones con el objetivo de apartarlas del conocimiento público, presumiblemente en aras de salvaguardar la seguridad nacional, pero no siempre en así. No existe ni control judicial ni control parlamentario, ni mucho menos, control periodístico, sobre las materias secretas, ni siquiera se conoce ni el número ni la identidad de esos secretos.

En los 54 años de vigencia de la ley solo en ocho ocasiones los sucesivos Ejecutivos han desclasificado documentos secretos.La actual ley reguladora de Secretos Oficiales establece que la calificación de secreto y reservado de una materia corresponde exclusivamente, "en la esfera de su competencia", al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor.

El Congreso, a iniciativa del PNV, quiere reformar la Ley de Secretos Oficiales que data de 1968 que de aprobarse cambiaría en profundidad la norma. La Mesa del Congreso acordó ayer martes no volver a prorrogar el plazo de enmiendas al articulado de la proposición de reforma planteada por el PNV que defiende desclasificar en veinticinco años los documentos calificados como secretos y en diez los reservados. El PP y el PSOE han presentado más de cuarenta enmiendas a la propuesta de reforma

Esquerra Republicana de Catalunya espera volver a tener acceso a los secretos oficiales después de que la pasada legislatura el PP vetara todos sus intentos por entrar en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que es la que trata los asuntos considerados información sensible. ste selecto 'club' está presidido por el presidente del Congreso y lo compone un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara, puesto que se suele reservar al portavoz, y para ser elegidos necesitan el apoyo de al menos 210 diputados.

La ley franquista de secretos oficiales pervive sin límites temporales en los archivos de toda España y la actualización de esta ley,aprobada por el Congreso,permanece aparcada.La Ley de Patrimonio impide consultar la ficha de los agentes hasta 25 años después de su muerte.Las materias clasificadas afectan a casos de los últimos años del franquismo, la Transición y el golpe del 23-F.Expedientes de secuestro de los Grapo como el caso Oriol y Villaescusa son algunos de los documentos ocultos a investigadores.Sus datos salpican directamente a..

En el escrito, rubricado por la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Monsterrat, esta misma mañana, se pide a Amorós que informe “sobre la censura y crítica al presidente del Gobierno por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por abusar del secreto oficial para ocultar sus viajes”. Esta petición se produce después de que Servimedia informase en primicia de que el Gobierno solo reconocía un gasto de 282,92 euros en el viaje en avión de las Fuerzas Armadas que Sánchez realizó el pasado mes de julio a Castellón.

El PP y Ciudadanos están dispuestos a seguir facilitando la entrada de Vox en los distintos órganos parlamentarios y también en el único autorizado para acceder a secretos oficiales, pero, dada la actual composición del Congreso, los votos del PSOE serán imprescindibles para garantizar la entrada de los de Santiago Abascal en este selecto club, según informa Europa Press.

La política presenta estas situaciones con frecuencia. ERC y Bildu, que tanto han criticado y critican a la extrema derecha, necesitarán los votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que suman 150 diputados, para formar parte de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso. Se da la circunstancia de que esta comisión es la que permite tener acceso a secretos oficiales y participar en el control parlamentario de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Gobierno, durante la última legislatura y con Pedro Sánchez en La Moncloa, utilizó de manera ilegal el secreto oficial para ocultar información a la ciudadanía. Si el Ejecutivo quiere velar un dato, debe servirse de la Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968, y que detalla los requisitos para llevar adelante el procedimiento. El factor clave del trámite es que el Consejo de Ministros rubrique un acuerdo por cada expediente que Presidencia quiera ocultar. Entre enero de 2018 y noviembre de 2019, el gabinete de Sánchez nunca cumplió..

La ausencia de control parlamentario a las exportaciones de armamento español, que pueden ser autorizadas por el Gobierno sin que se conozca más detalle, se salta la legalidad nacional e internacional. La Ley de Secretos Oficiales, aprobada en pleno franquismo y hoy vigente, permite la opacidad total en el comercio bélico.

Los primeros borradores de la futura ley de secretos oficiales, que pretende sustituir a la norma franquista de 1968 todavía en vigor, ya están en manos de la vicepresidencia primera. El Ministerio de Defensa, que en un principio iba a pilotar en solitario el proyecto, ya ha realizado sus aportaciones remitiéndolas a la comisión interministerial que coordina la vicepresidencia primera y en la que también participan Interior, Justicia y Exteriores.

Dos muertes en Erandio (Bizkaia) a manos de la policía armada en 1969 y otras cuatro en el atentado parapolicial en la localidad vizcaína de Alonsotegi en 1980 siguen envueltas en la impunidad, vetados sus expedientes en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, pese al clamor de los familiares. Son algunos de los crímenes

Moncloa se ampara en la ley franquista de Secretos Oficiales para no desvelar cuánto CO2 emite el Falcon.

El Congreso de los Diputados desbloqueará este martes la constitución de la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, conocida comúnmente como la comisión de secretos oficiales, que lleva sin reunirse tres años por los vetos cruzados entre los grupos a la hora de votar su composición. Hasta ahora era necesario que la entrada de los distintos grupos fuese aprobada por tres quintos –210 diputados– de la Cámara Baja.

En España los secretos oficiales no prescriben mientras que en el resto de países suele haber un periodo de varias décadas tras el que se desclasifican.

PP, Vox y Ciudadanos bloquean la presencia de los portavoces de ERC y Bildu: "Los que quieren acabar con el Estado... ¿conociendo los secretos del Estado que quieren destruir?" Hasta hace relativamente poco el consenso imperaba y todos los portavoces votaban al resto, por lo que se alcanzaba fácilmente la cifra de 210 votos. Sin embargo, en la actualidad la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y Ciudadanos, se niega a que el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, y la de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa

El diputado y coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna ha lanzado un aviso a sus socios de Gobierno sobre la Ley de Información Clasificada subrayando que, si no se rebaja ese plazo de 50 años para mantener bajo secreto determinados documentos, "no va a haber ley" por falta de apoyos. El anteproyecto de ley, presentado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, fue aprobado por el Gobierno a principios de agosto y recibió críticas de Unidas Podemos y de buena parte de los aliados parlamentarios por mantener la posibilidad de mantener inf

La ocultación de información o documentación mediante su clasificación como secreta debe ser una excepción en cualquier democracia; y, como tal, tanto la normativa reguladora como su aplicación deben ser muy restrictivas. El grave problema que se genera es que la ocultación de dicha información durante años afecta a derechos fundamentales de las personas; en concreto, al derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, reconocidos en la Constitución española.

Ciudadanos, único grupo que se opone a que ERC y PDECat tengan un puesto en el órgano parlamentario que supervisa los gastos reservados y accede a documentación clasificada. El Congreso aprueba la constitución de la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro, que arrancará antes de 60 días.

El Gobierno más de un año después de que se desvelara que la Fundación posee estos documentos,se limita a señalar en su misiva a Garzón que está realizando "las gestiones necesarias" para la recuperación y reintegración de la documentación clasificada.Sin embargo la misiva que el Ejecutivo de Rajoy envió a la Fundación Francisco Franco se limita a solicitar que dichos documentos fueran retirados de la consulta pública.Es decir,el Gobierno no requirió su incautación,tal y como afirma,y la Fundación Franco no la ha entregado a las autoridades