Según el III Informe sobre Servicios Sociales en España, elaborado por Consejo General del Trabajo Social (CGTS), una de cada tres mujeres atendidas en los servicios sociales en España podría ser víctima de violencia machista. El estudio se basa en el análisis realizado por parte de trabajadoras sociales en activo en los servicios sociales. El Gobierno quiere revisar el Plan Concertado de Servicios Sociales, que establece el convenio a tres bandas, local, autonómica y estatal, para la financiación y organización de los servicios sociales

Unidos Podemos ha iniciado este viernes los trabajos para poner en marcha la primera Ley Marco de Servicios Sociales, que pretenden tener redactada a finales de año, para garantizar los SERVICIOS SOCIALES a la ciudadanía llegando a proponer un cambio en la Constitución. En su día se sustituyó el término beneficencia en la Carta Magna por Servicios Sociales, pero no cambió ni la ideología ni las formas de hacer, por lo que España aún cuenta con un sistema de beneficencia y asistencialismo que no reconoce a las personas como sujetos de derecho.

CGT ha apelado en el TSJA pidiendo la nulidad de la adjudicación del servicio telefónico de información de los Centros Municipales de Servicios Sociales, por entender que es una privatización “encubierta”. Una apelación de CGT ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), contra la inadmisión de un recurso en primera instancia, pide la nulidad de la resolución del Ayuntamiento de Zaragoza que adjudica la prestación del Servicio de Atención Telefónica Especializada en el Área Social y Familia.

Más de tres millones de personas corren el riesgo de dejar de ser atendidas por los servicios sociales de sus ayuntamientos como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma local llevada a cabo por el Gobierno, según cálculos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, la mitad de los 5.618,56 millones de euros (el 9% de su gasto total) que los ayuntamientos dedican a los servicios sociales también podría verse afectada por la nueva ley.

La Comunidad de Madrid ha vuelto a estar en 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus, a la cola en la evaluación de los servicios sociales con una nota de 3,20 puntos, la misma de 2019, y lejos de la media nacional (5,33), según se desprende del índice DEC 2020, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta asociación publica desde 2012 el índice DEC analizando en cada autonomía los derechos reconocidos, el gasto y las coberturas de los servicios sociales.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDiGSS) ha reconocido al Ayuntamiento de Barcelona como la administración local del Estado con los mejores servicios sociales municipales, según ha informado el consistorio de la capital catalana. El reconocimiento se basa en la aplicación del Índice DEC-Local, un conjunto de parámetros pensados para medir el desarrollo global de los servicios sociales en un municipio concreto y que es la primera vez que se estudia en el ámbito municipal. La capital obtiene un notable

El Consejo General del Trabajo Social alerta del "desmantelamiento de los servicios sociales" que prevé la reforma de la Administración local aprobada por el Gobierno en diciembre. Los Ayuntamientos perderán competencias en los servicios sociales básicos, que dependerán de las Comunidades Autónomas "ahogadas por las deudas". Representantes de los trabajadores sociales, nacionales y extranjeros, debaten este fin de semana en Madrid cómo han afectado las políticas de austeridad a la atención social.

Son tiempos complejos para los servicios sociales en España. El nuevo Informe de Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (IDEC) desarrollado por la Asociación Estatal de Diretores y Gerentes en Servicios Sociales sostiene que la situación de este sector no es buena y que casi dos de cada tres personas vive con servicios sociales débiles o irrelevantes.

En los últimos tres años, desde 2011 hasta 2013, en los servicios sociales se han destruido un total de 56.700 empleos, lo que supone casi un 12 % (11,7 %) de los puestos de trabajo del sector, según un informe de CCOO que culpa de estos datos a las los "drásticos" recortes realizados por el Gobierno. El informe "El impacto de la crisis en la destrucción de empleo en el sector de servicios sociales (2011-2013)" que ha presentado hoy la responsable del Sector de Intervención Social del sindicato, Rosana Costa, indica que los recortes y las "ret

En los últimos tres años, desde 2011 hasta 2013, en los servicios sociales se han destruido un total de 56.700 empleos, lo que supone casi un 12 % (11,7 %) de los puestos de trabajo del sector, según un informe de CCOO que culpa de estos datos a las los "drásticos" recortes realizados por el Gobierno. El informe "El impacto de la crisis en la destrucción de empleo en el sector de servicios sociales (2011-2013)" que ha presentado hoy la responsable del Sector de Intervención Social del sindicato, Rosana Costa, indica que los recortes y las "ret

En España no hay un único sistema público de servicios sociales, sino uno por autonomía, con lo que existen grandes desigualdades —también entre los ayuntamientos— y es imposible conocer qué asistencia reciben los usuarios en todo el país. El anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que se aprobará previsiblemente este martes en Consejo de Ministros en primera lectura, mandata a las comunidades a acordar con el Ministerio de Derechos Sociales un mínimo de prestaciones común.

De los 37 ayuntamientos más “pobres en servicios sociales”, 15 son de Madrid. Así se desprende de la última edición del análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre los presupuestos que los consistorios de más de 20.000 habitantes dedican a esta partida. El gasto social en el ejercicio 2022 de estos 37 consistorios fue inferior a 56,74 euros por habitante, “una inversión inferior al 60% de la mediana.

Así se pone de manifiesto en el informe anual de la Asociación Estatal de Gerentes de Servicios Sociales. En el informe, Castilla-La Mancha ocupa el séptimo lugar en desarrollo de sus servicios sociales y es la única que ha presentado perspectiva negativa. Castilla-La Mancha recortó durante la legislatura de Cospedal 1 de cada 3 euros destinados a servicios sociales.

Según la vicepresidenta, desde 2015 a 2019 la Generalitat Valenciana “ha multiplicado por cinco la financiación a los ayuntamientos para las plantillas de los servicios sociales municipales”. Así, ha indicado que se ha pasado de 300 trabajadores financiados por la Generalitat en 2015 a 1.800 cuando termine 2019, y cuando se implemente la ley de Servicios Sociales serán “cerca de 3.000 los trabajadores en las plantillas municipales financiadas” por el Consell.

El número de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes considerados "pobres" en su inversión en servicios sociales creció en 2019 hasta los 45, siete más que en el ejercicio anterior. Cinco capitales entran en esta categoría: Toledo, Guadalajara, Badajoz, Cáceres y Pontevedra. Todos ellos invierten menos de 45 euros por habitante y año a servicios sociales, menos del 60% de la mediana de gasto del conjunto de las ciudades analizadas (76 euros).

Cada año, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales evalúa mediante el Índice DEC (derechos, economía y cobertura) el estado general del gasto público en servicios sociales así como otros factores, la información disponible para posibles perceptores de ayudas, la duración de las listas de espera, etc. Tras un año de parón por la covid-19, el 24 de mayo se presentó el primer informe marcado por la pandemia.

Dos millones y medio de personas residen en municipios urbanos –ayuntamientos de más de 20.000 habitantes– que tienen unos servicios sociales “pobres”. Son 37 consistorios los que se sitúan a la cola de la atención social. Cada uno de ellos afronta de media un gasto de 44,7 euros por habitante, advierten desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. Esta organización alerta de que frente a esta inversión, otros ayuntamientos –como Alcalá la Real, Barcelona y Esparreguera– superan los 200 euros anuales.

La propuesta de Ley de Conciertos Sociales presentada por el PSOE permite la gestión de los servicios de atención social y sanitaria a empresas privadas. Las entidades del tercer sector social extremeño se han posicionado en contra de esta medida.

El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, aprobado ayer por el Gobierno, incluye entre los beneficiarios a quienes encontrándose en Andalucía sufran alguna situación de extrema urgencia personal o social.

El 'Índice DEC 2014', de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales otorga a la Comunitat Valenciana una calificación "irrelevante", de 0,6 puntos sobre diez, y señala que la región sigue ocupando el último puesto en la clasificación autonómica en el desarrollo de su sistema de servicios sociales y "no alcanza la excelencia en ninguno de los tres aspectos contemplados: derechos y decisión política, esfuerzo económico y cobertura". [Relacionada: menea.me/1cel4 ]

Patricia Hernández, propone blindar Educación, Sanidad y Servicios Sociales en el Estatuto de Autonomía de Canarias. En la propuesta que hace a militantes y simpatizantes para renovar el programa político de los socialistas, Hernández considera imprescindible “blindar en el estatuto de autonomía un mínimo de inversión en políticas sociales, en educación, en servicios públicos y en sanidad”.

Como todos sabéis, la Marea Naranja es, desde hace varios años, una campaña de protesta por los recortes que están efectuando las administraciones en los Servicios Sociales. Sin embargo, anoche el hashtag #MareaNaranja no hacía alusión al Día Mundial del Trabajo Social que hoy celebramos, se refería a una campaña que Ciudadanos, el partido político de Albert Rivera, está llevando a cabo desde hace unos días con el mismo lema: #MareaNaranja.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social le da un suspenso a los Servicios Sociales de nuestro país. Lo hace en base al último estudio de los propios profesionales de la materia. De ese informe, esta ong extrae una primera conclusión. Los recortes han debilitado las ayudas cuando más se necesitan. Han abandonado a ocho millones de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Los dependientes y las víctimas de violencia de género han sido dos de los colectivos más afectados.