Ni José Luis Ulibarri ni Ángel Luis García 'El Patatero' ni ningún otro empresario, aunque no sea leonés, que esté presuntamente implicado en la trama contra la corrupción destapada por la Operación Enredadera y que afectó este verano al Ayuntamiento de León, se sentarán a priori ante los miembros de la Comisión de Investigación que han pactado y en la que sólo participan el Partido Popular y Ciudadanos en el Consistorio leonés.

En una rueda conjunta del equipo de Gobierno de la capital maragata PP-PAL los políticos han anunciado que no dejarán sus cargos, y han aprovechado su comparecencia para presumir de las siete obras importantes que ejecutarán en el tramo final de la legislatura.

Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez Mercedes Alaya detalla cómo la empresa Fitonovo, epicentro de la red de corrupción, invertía un parte importante del dinero de su ;caja ; en fondos del banco en EEUU y Japón para "regularizarlo".

'El Patatero' compró por 8.000 euros dos butacas VIP para "invitar a políticos y gente importante para hacer negocios". La trama Enredadera buscaba ampliar sus tentáculos en la capital de España valiéndose de un palco VIP en el estadio del Atlético de Madrid. Lo revelan las conversaciones interceptadas por la UDEF. En una de ellas, de julio del pasado año, el principal socio de José Luis Ulibarri, también encarcelado por esta operación, dijo haber pagado 8.000 euros por hacerse socio de honor del club colchonero y obtener dos butacas en la zona

Ángel Luis García, alias 'El Patatero', un asiduo del estadio El Molinón, ofreció a un abogado de León que participara junto a otros empresarios en la adquisición del equipo asturiano

Además de enviarlo a prisión como supuesto cerebro de una trama de contratos amañados en distintas administraciones públicas, la investigación del sumario Enredadera ha arruinado la imagen de impecable y triunfador hombre de negocios de José Luis Ulibarri, constructor y propietario de distintos medios de comunicación en Castilla y León. Los pinchazos de la UDEF a Ulibarri y a su socio, Ángel Luis García dejaron al descubierto presuntas prácticas delictivas más allá de la red que lideraba para el amaño de concursos públicos.

La red usaba la imagen de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL) para dar imagen de solvencia e imponerse a sus rivales en las licitaciones. La evidencias cosechadas en los audios han sido determinantes para que el Juzgado de Instrucción número dos de Badalona autorizase a los agentes y a la Fiscalía Anticorrupción a realizar las decenas de registros en numerosos ayuntamientos,domicilios,despachos profesionales y sedes de la Policía Local. Ulibarri investigado por el pago de comisiones y regalos a cambio de contratos públicos..

Por lo menos 11 empresas están siendo investigadas por una posible trama para conseguir fraudulentamente contratos públicos. Ulibarri habría fabricado un entramado de empresas expertas en conseguir contratos públicos: ENANTAR, empresa de construcción especializada en cooperativas de viviendas; Utebo Servicios de Gestión, dedicada a la gestión de cobros y de impuestos municipales y multas; ARCOR, una constructora especializada en obras públicas (desde colegios a puentes) y ANENTO Servicios de Gestión, dedicada a la gestión forestal...

Prevaricación, fraude a las administraciones públicas,tráfico de influencias,delito contra la Hacienda Pública y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil. Esos son los delitos por los que José Luis Ulibarri será juzgado en relación con la trama Gürtel y por los que la Fiscalía pide para él siete años y un mes de cárcel. Juicio que podría quedar opacado tras su detención en el marco de la Operación Enredadera este pasado martes y donde el empresario, constructor y propietario de diferentes medios de comunicación en Castilla y L

Sale a la luz uno de los audios centrales de la presunta trama corrupta, la conversación en la que el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, parece ofrecerle a dedo una obra de 2,1 millones de una carretera en la provincia de León al todopoderoso empresario José Luis Ulibarri.

Núñez Feijóo niega las conversaciones grabadas e informes policiales en los que se le identifica como primo de Gerardo Feijóo Feijóo, implicado en la Operación Enredadera, el cual afirmaba tener acceso al presidente de la Xunta y haber movido a su primo para obtener el millonario contrato de bomberos en la Diputación de Ourense. En el sumario de la Operación Enredadera hay por lo menos dos personas que afirman que Gerardo Feijóo, gerente de Veicar y detenido en su día, es familiar de Alberto Nuñez Feijóo.

El Juzgado de Instrucción número 1 de León se ha visto obligado a reabrir la pieza separada de la Operación Enredadera dos meses después de decretar su archivo. La reapertura se produce por un oficio policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se informa del "hallazgo casual" de documentación de dos adjudicaciones del Ayuntamiento de León a la empresa Agema, propiedad del leonés Angel Luis García Martín, uno de los principales imputados en la decena de causas Enredadera abiertas en toda España.

La Enredadera es un proyecto que nace en los inicios de 2009 en Tetuán, uno de los distritos culturalmente más diversos de la ciudad de Madrid. Las personas que iniciamos aquella andadura provenimos del movimiento de okupación y de otras experiencias vecinales de base. En aquel día, como hoy, consideramos que tomar un espacio abandonado y llenarlo de vida con todo tipo de actividades es algo hermoso y esperanzador; una muestra de que el trabajo y la ilusión colectiva pueden reconstruir un edificio en ruinas para uso y disfrute de los vecin

El propietario del edificio de 'La Enredadera', el centro social okupado por antifascistas y miembros de plataformas sociales en el número 10 de la calle Anastasio Herrero de Madrid, ha pedido formalmente el desalojo del mismo para poder venderlo y ante los "incumplimientos" del acuerdo al que llegaron con los actuales moradores, según señala en la denuncia.

La operación Enredadera dirigida por la jueza Mercedes Alaya ha permitido desmantelar una trama de corrupción que amañaba contratos públicos en toda España.

La juez Mercedes Alaya ha imputado en la operación Enredadera, que investiga comisiones ilegales para adjudicar servicios públicos, al exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, al exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo y al exgerente de Urbanismo Manuel Marchena.

La juez Mercedes Alaya está dispuesta a tirar de todos y cada uno de los hilos surgidos de la 'Operación Enredadera' contra el amaño de contratos públicos. Entre ellos, del primer indicio dentro de la causa que apunta a una supuesta financiación irregular de una formación política. En este caso, Izquierda Unida (IU). Y todo ello gracias a la documentación intervenida recientemente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sevilla.

El sumario del “Caso Enredadera”, que instruye el juzgado de instrucción número 2 de Badalona y que afecta a empresarios y a decenas de ayuntamientos en distintos punto de España, constata cómo algunos de los imputados habrían utilizado a sus medios de comunicación para presionar a las administraciones con el objetivo de que que contratasen los servicios de las principales empresas imputadas.

Las escuchas telefónicas fueron claves para establecer las conexiones de la trama.

En una rueda de prensa con tan sólo cinco preguntas, el alcalde de León, Antonio Silván, ha intentado desmarcarse de la Operación Enredadera, en cuyo sumario aparece a raíz de una conversación con el principal imputado, el constructor y magnate de los medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri. En ella, Silván transmitía en directo cómo se abrían los sobres para la adjudicación de la gestión de basuras en la Mancomunidad del Órbigo.

Los 'ciudadanos' en la Diputación de León, el diputado Juan Carlos Fernández, y su asesor Sadat Maraña, pidieron a los cabecillas de la trama Enredadera 20.000 euros por sus gestiones en la adjudicación semafórica de San Andrés del Rabanedo (León) un municipio de 35.000 habitantes gobernado por el PSOE. Este es el Ayuntamiento, de los 43 afectados por la investigación, con más imputados: seis. Entre ellos se encuentra su alcaldesa, María Eugenia Gancedo.

La Tesorería General de la Seguridad Social en Zaragoza (TGSS) ha suscrito un contrato anual por valor de 287.964 euros con Aralia Servicios S.A., empresa propiedad de José Luis Ulibarri, detenido recientemente por este caso de corrupción, que también salpica a Sacyr y otras empresas de su grupo. Ha pasado un mes desde que se hiciera pública, con numerosas detenciones en todo el Estado dentro de la llamada operación Enredadera, la trama corrupta de Gespol, filial de Sacyr por la que se amañaban datos de tráfico y accidentes

El pleno extraordinario para analizar la vinculación del Ayuntamiento de Villaquilambre con la trama corrupta 'Enredadera' ya tiene fecha. El equipo de Gobierno (formado por PP, UPL y UPyD) que encabeza el 'popular' Manuel García ha decidido que sea el jueves 16 de agosto, después de una jornada festiva, y a las 8.15 horas de la mañana.

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha afirmado este martes que algunos grupos políticos han tratado de sacar rédito político con la trama 'La Enredadera'. El socialista ha lamentado que un grupo del equipo de gobierno, Somos, haya tratado "de sacar rédito político del asunto".

Pese a que las primeras informaciones apuntaban a una trama dedicada a la gestión de multas y semáforos, por estar la empresa GESPOL en medio de las sospechas, lo cierto es que Enredadera abarcaba mucho más. Valga como ejemplo el mayor de los contratos, el que otorgaba el servicio de atención a domicilio para personas mayores y dependientes, valorado en 8,7 millones de euros, que se llevó Aralia Servicios Sociosanitarios. Esta empresa es propiedad de José Luis Ulibarri, considerado el líder de la trama y que en la actualidad continúa en prisión