Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, la filial de ACS que inyectó en el Castor el gas que provocó más de 500 terremotos, declarará este lunes como imputado por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. El juez acusa a todo el consejo de esta sociedad de no suspender las operaciones pese a la cadena de seísmos que se produjeron a partir del 11 de septiembre de 2013.

El presidente del consejo de administración de la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, Recaredo Del Potro, ha negado este lunes la relación entre la actividad de inyección de gas y los movimientos sísmicos que se produjeron en la Comunitat Valenciana, y ha apuntado que la sismicidad fue "natural" y que sólo se trató de una "coincidencia en el tiempo".

En una proposición no de ley registrada en el Congreso el socio catalán de Podemos asegura no entender que se indemnice a la compañía Escal UGS (participada en 66,67 % por ACS), pues esta "incurrió en dolo o negligencia imputable", y por lo tanto consideran que la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones. Según cifras procedentes de las organizaciones de consumidores más representativas que recoge En Comú, el coste final para la ciudadanía podría llegar a superar los 4.700 millones de euros ...

Un sismo de magnitud 5,4 se ha registrado en la provincia de Sichuan, en el centro-sur de China, informa el Centro Sismológico del país. Por otra parte y según los datos del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por las siglas en inglés), los movimientos telúricos han tenido una magnitud de 5,5. Según el centro, el foco del sismo, ocurrido a las 14:14 de la hora local, se situó cerca de la ciudad de Guangyuan, a una profundidad de 13 kilómetros.

La Asociación de Consumidores Reunidos (ACOREO) ha presentado una reclamación judicial para que las comercializadoras de gas natural devuelvan a los consumidores el pago de las cantidades correspondientes a la indemnización a Escal-UGS por la hibernación del almacén submarino de gas Castor, que nunca comenzó a operar.

Esta plataforma busca que sea Escal-UGS la que devuelva a las entidades financieras este dinero, y que Enagás, la empresa encargada de recolocar la deuda, perdone los intereses, daños y perjuicios, a través de un acuerdo entre las partes. Asimismo, busca impulsar una comisión parlamentaria para revisar las partidas presupeustarias y el informe técnico completo del proyecto, así como el desarrollo por parte del Gobierno de una ley para asegurar que el coste del desmantelamiento no recaiga, ni directa ni indirectamente, en el contribuyente.