El expresidente del Gobierno español Felipe González aseguró hoy que él hubiera suspendido al Gobierno catalán por violentar la Constitución y el Estatuto de Cataluña tras aprobar las leyes de transitoriedad y del referéndum, y que hubiera tratado de evitar la vía judicial como respuesta. González realizó estas declaraciones en un encuentro con periodistas en Berlín, donde participa en el 25 aniversario de la muerte del excanciller socialdemócrata alemán Willy Brandt. El expresidente español criticó al Gobierno de Mariano Rajoy por no actuar.

Los dos grandes grupos audiovisuales españoles de televisión en abierto, Mediaset y Atresmedia, se han resignado a recurrir por la vía judicial la inminente multa que arrojará la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre colusión publicitaria y la realización de una serie de prácticas prohibidas por la Ley de Competencia española y comunitaria

La plataforma Portes Obertes del Catalanisme, partidaria de un catalanismo plural y del diálogo como vía para resolver la actual situación política catalana, urge a "investir un presidente o presidenta que pueda ejercer efectivamente su cargo de acuerdo con el Estatuto y la Constitución".

"Agotado el diálogo institucional, seguiremos agotando todas las vías para defender a Galicia", dijo el presidente de la Xunta El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó la primera sesión de control del año 2020 en el Parlamento para realizar dos anuncios que, pese a que eran un secreto a voces, no tenían el componente de oficialidad que sí les dio este miércoles el líder del PPdeG en O Hórreo. Por un lado, confirmó que el paritorio de Verín abrirá la próxima semana en plenas condiciones tras incorporar el Sergas a los pediatra

El candidato socialista promete un diálogo «honesto» con la Generalitat, «amparado por la seguridad que otorga nuestro marco legal», al tiempo que ERC debate su reacción.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado este viernes abierta a que los responsables del sorteo de los servicios de una prostituta en un chat de militares del cuartel de El Bruc de Barcelona puedan ser expulsados del Ejército. Margarita Robles ha realizado estas manifestaciones a los periodistas tras visitar el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMASA) número 1 y el Laboratorio Central del Ejército en el distrito madrileño de Villaverde.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apoyado hoy la iniciativa del Ministerio de Justicia de que se prohíba a los jueces, magistrados y asociaciones judiciales opinar sobre las causas judiciales de actualidad para preservar "la independencia e imparcialidad de la justicia". De esta forma, el órgano de gobierno de los jueces ha avalado el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón que pretende que los jueces y magistrados no puedan verter opiniones de ningún tipo en los medios de comunicación sobre los procedimientos judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por: Veinte miembros, llamados vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia. Un presidente, que será a su vez Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, designado por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva. Es elegido entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia.

La asociación de jueces Foro Judicial Independiente pide a los candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial que retiren su candidatura como lo ha hecho el juez Manuel Marchena para denunciar la falta de independencia judicial.“La decisión conocida hoy demuestra que los jueces no podemos ser cómplices en este sistema. No podemos avalar,con nuestros actos o con nuestro silencio,esta grave situación”.A su juicio, el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ es “un grave atentado a la independencia judicial, al principio de

Tras la declaración de constitucionalidad de la tasa judicial catalana realizada por el Tribunal Constitucional, el Colegio de Abogados de Barcelona ha hecho público un comunicado por el que rechaza frontalmente que los ciudadanos que viven en Cataluña estén sometidos a una doble imposición, es decir, al pago de la tasa judicial catalana y estatal para poder reclamar justicia ante los tribunales.

Tres asociaciones de jueces y una ONG de defensa de los derechos civiles piden a Naciones Unidas que frene los ataques del Gobierno que están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que conlleva el “debilitamiento tanto del Poder judicial como el estado de derecho.Los jueces denuncian la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político y piden que la ONU que se dirija al Gobierno

Cerca de 10 años después, el Centro Social Okupado y Autogestionado l'Estella de Mataró llevará a juicio al secretario judicial responsable de la inutilización del espacio liberado. El 18 de febrero de 2005, el secretario judicial del Juzgado de Instrucción numero 1, con Carlos Agueda Holgueras al frente, tenía ordenes de identificar y notificar a los ocupantes del CSOA l'Estella de Mataró que se iniciaba un proceso judicial contra ellos. Sólo tenía que identificar y notificar, no tenía, en ningún caso, que efectuar el desalojo. traducción #1

El otro día se publicó que el Tribunal Constitucional había “tumbado” las tasas judiciales que impuso hace ya cuatro años (que se dice pronto) el Partido Popular. Por supuesto, la realidad es un poquito más complicada, así que hoy le vamos a dedicar un poco de espacio al asunto de las tasas judiciales y de su inconstitucionalidad. ¿Qué eran las tasas judiciales? Se trataba de un tributo impuesto por la Ley 10/2012 que había que pagar antes de que te dejaran iniciar un procedimiento judicial. Las había en la jurisdicción […].

Los nombres femeninos no se repiten, pero se dicen pronto: Gloria, Adela, María Emilia, Encarnación y Elisa. Estas cinco mujeres son un retrato a pequeña escala de un problema que se extiende a toda la la cúpula judicial de España. En 2015, en lo más alto los órganos del Poder Judicial había 173 hombres y 27 mujeres.

El Poder Judicial no es enteramente independiente al menos por tres razones: porque el poder ejecutivo y el legislativo tienen una influencia decisiva en la composición de su órgano de gobierno,el Consejo General del Poder Judicial; porque la Fiscalía queda fuera de éste:el gobierno designa al Fiscal general del Estado,el cual nombra a los fiscales jefes de las audiencias,en una organización fuertemente jerárquica; y el Poder Judicial tampoco es enteramente independiente porque carece de una policía judicial propia:la que tiene depende orgánica

En respuesta a la resolución registrada, los colectivos Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente recuerdan que “la función primigenia” del CGPJ “es amparar a los jueces y juezas de cualquier ataque recibido que afecte al ejercicio de su función jurisdiccional”, como entienden que está haciendo el PP,y abogan por la defensa de la independencia judicial como "ejercicio efectivo por parte del Consejo”.Las asociaciones judiciales destacan

El fiasco escandaloso de la liquidación judicial del asunto de la planta desaladora de Escombreras, Cartagena, simplemente porque la magistrada instructora del caso, María del Mar Azuar, ha dejado pasar los plazos legales, no es más que un indicador de cómo está el aparato judicial en Murcia. No hace mucho sucedió lo mismo con el expresidente de la Comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, otro beneficiario de una actuación judicial que podría tomarse por indolente si no repitiese el mismo leit motiv: proteger a los políticos del PP

Tres asociaciones judiciales han criticado la "intromisión" de la ministra de Justicia, Dolores Delgado para interceder en favor de Juana Rivas.Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria es "una muestra más de la falta de respeto que el Poder Judicial le merece al Ejecutivo". La Asociación Profesional de la Magistratura ha reaccionado con incredulidad y el Foro Judicial Independiente expresa su "rechazo" a la actuación de la ministra. Sólo una asociación no ha criticado a la ministra, se trata de Juezas y jueces para la democracia.

El último informe del World Economic Forum (WEF) adjudica al Estado español un 4,2 en su indice de Independencia Judicial, y lo sitúa en un preocupante puesto 58, por detrás de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Kenia, Lituania o Botswana. Otras importantes deficiencias del sistema judicial español son la falta de medios, tanto humanos como materiales, la escasa prevalencia de métodos de mediación y arbitraje, la sesgada composición del Consejo General del Poder Judicial, o la falta de transparencia e información clara y comprensible.

La justicia no es perfecta. El sistema judicial falla.El ordenamiento jurídico español no ha sido ajeno a la existencia del error judicial en el desarrollo común de los procedimientos. Así, la Constitución Española de 1978, en su art. 121, señala que “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.

Revuelta en el Poder Judicial español, en un enfrentamiento descarnado de los representados nombrados por el PP contra los del PSOE y el Gobierno. Ocho vocales del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) han solicitado formalmente este lunes la celebración de un pleno extraordinario que se celebrará el miércoles a partir de las 19.00 horas, para fijar una respuesta de este organismo contra su reforma. Los promotores del pleno consideran que le quieren restar atribuciones, entre ellas la de realizar nombramientos en la cúpula judicial.

En España el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), que es el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encarga de la publicación oficial de la jurisprudencia en España pone límites a la publicidad de las sentencias judiciales