La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha atendido 123 casos de víctimas de violencia sexual en los dos primeros meses de implantación del protocolo unificado de atención implantado en 25 hospitales públicos de la región, con 48 sospechas en investigación judicial por posible sumisión química.

El Gobierno de Gustavo Petro, de visita en Davos, confirma las denuncias sobre la precaria situación de las comunidades Nükak y Jiw. Esos 69 casos afectan a niñas de las comunidades Jiw y Nukak, pueblos indígenas que están declarados como sujetos de especial protección y en vía de extinción. Las medidas, que incluyen revisar las investigaciones del Ministerio de Defensa, se conocen tras las denuncias de presuntos abusos sexuales de militares contra menores de edad en ese selvático departamento.

Llevo en esto tanto tiempo que a veces parece que estoy curado de espanto... pero resulta que no. Hoy la ideología de género me ha vuelto a sorprender. Hoy he visto al pleno de Madrid negarse a que los niños violados reciban amparo, y hacerlo además con un gesto de orgullo.

Sin campañas de información que aclaren qué hacer cuando has sido violada o has sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual, sin cifras que nos sitúen ante una dimensión real de la violencia sexual, sin políticas públicas que protejan adecuadamente los derechos de las mujeres y de las niñas, sin recursos especializados para atenderlas: esta es la realidad que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual en España. Son algunas de las conclusiones de la investigación, Ya es hora de que me creas, que Amnistía Internacional presenta hoy.

“La violencia sexual en España fuera de la pareja o expareja es masiva e impacta en la vida de millones de mujeres en España, pero es oficialmente invisible”, ha explicado Sebastián Beltrán director de Amnistía Internacional en España. Pese a que existen datos dispersos, no hay herramientas estadísticas que puedan servir para conocer la dimensión de la violencia sexual en el estado, una violencia cuyas víctimas se encuentran con que no tienen ni tan siquiera un teléfono al que llamar".

Cuando se detectan episodios de violencia sexual, contra hombres, mujeres o menores de edad, en las misiones de paz de la ONU, esta no demora en identificar a los responsables y expulsarlos a sus países de origen. Pero prácticamente no puede hacer nada para procesarlos, hacer justicia o asegurar una adecuada indemnización a las víctimas.

La violencia sexual se ha convertido en algo endémico desde que estalló el conflicto en Sudán del Sur en 2013 y ha sido usada como arma de guerra por los distintos grupos armados. A pesar del acuerdo de paz firmado en septiembre de 2018, el problema persiste y sus víctimas, con graves secuelas físicas y mentales, se encuentran sin un lugar adecuado al que acudir para buscar ayuda y con mucha frecuencia estigmatizadas por lo vivido. Así lo pone de manifiesto el último informe publicado por la Misión de la ONU en Sudán del Sur.

España ha avanzado este 2021 para ampliar en la práctica ese concepto, el de violencia machista, y para reconocer como víctimas a las que reparar, atender y proteger a las mujeres que sufren todo tipo de violencias, más allá de la pareja o la expareja, como hasta ahora. Cumple así con el mandato del Convenio de Estambul, la norma internacional de referencia en la materia y que España ratificó en 2014. Su contendido es, por tanto, vinculante para nuestro país. El Convenio insta a los Estados a proteger a las mujeres "contra todas las formas de..

Entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de este año,se han abierto 114 expedientes a otras tantas mujeres que han necesitado terapia y asesoramiento legal por sufrir una agresión. Una cifra que va a más. Respecto a la última memoria cerrada, la de 2018, supone un incremento del 20% de los casos. De las 114 víctimas que pasaron por Cavasym este año, solo 21 llegaron a juicio. «Muchas de las mujeres que pasan por aquí siguen teniendo miedo a denunciar. Sobre todo porque se sigue cuestionando su testimonio».

El tribunal más alto de Italia ha sido acusado de culpar a las víctimas después de una decisión en un caso de agresión sexual. El tribunal de casación de Roma determinó que los sospechosos no pueden ser procesados usando circunstancias agravadas si la víctima bebió alcohol voluntariamente antes del ataque. La decisión se produce en un país que ya es hostil a los supervivientes de violencia sexual y que continúa escorándose hacia la derecha. Un informe médico indicaba que había evidencia de que la mujer se había intentado resistir al ataque.

Cuatro hombres han sido detenidos acusados de agredirla sexualmente. Tres de ellos la secuestraron para violarla en grupo. Después, un cuarto hombre, que supuestamente, no habría participado en esas violaciones dentro de la vivienda, escuchó las súplicas de la mujer y la llevó hasta una gasolinera. Sin embargo, este cuarto agresor, en lugar de liberarla, decidió llevarla hasta un descampado cercano y también la violó. Los agresores tienen entre 18 y 30 años y antecedentes por otros delitos, uno de ellos por violencia machista.

Eric C.T.G, un vecino de 40 años del barrio barcelonés de Horta-Guinardó, con antecedentes, y que está siendo investigado por el juzgado número 6 de Barcelona, "menoscabó gravemente la intimidad personal e integridad moral" de la joven, que pudo ser "identificada y localizada" por "más de cien mil usuarios suscritos a la página web", según el escrito presentado por la abogada de la víctima, Teresa Hermida, al que ha accedido EL PERIÓDICO.

El joven, de 25 años, agarró por el cuello a la víctima y la amenazó: «sexo o dinero» | El paso de un conductor con su vehículo propició la huida del hombre implicado

El Ayuntamiento de Madrid ampliará en su protocolo de actuación la condición de víctima de violencia de género a las víctimas indirectas, como familiares y amigos y amigas asesinados (como en el caso de Sergio Morate en Cuenca, que asesinó a su expareja y a una amiga pero esta última no es reconocida como víctima de violencia de género), menores, víctimas de la violencia sexual (como Diana Quer, tampoco considerada víctima de violencia de género) y prostitutas o víctimas de trata asesinadas en el ejercicio de la prostitución.

La violencia sexual, incluida la violación, es una grave violación de derechos humanos y una de las manifestaciones más extendidas de la violencia contra las mujeres y niñas, basada en la discriminación por motivos de género tanto en España como en otros países del mundo. En España, las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual se enfrentan, además de a la propia agresión, a un duro y largo camino marcado por la violencia institucional. Un terrible recorrido plagado de piedras que les suponen dificultades casi insalvables.

El 57% de las mujeres en España afirma haber experimentado "situaciones de violencias sexuales normalizadas" en espacios de ocio a lo largo de su vida, algo que solo manifiesta el 4% de los hombres. Una de las conclusiones que se desprende de la encuesta que acompaña el informe es que los hombres "tienen más dificultades que las chicas para percibir e identificar las violencias sexuales que ocurren en su entorno", debido a la normalización de ciertas conductas. "Pocos chicos se identifican como agresores".

1 de cada 3 mujeres sufre abusos físicos o sexuales en su vida, y esta forma de violencia se agrava en gran medida durante las crisis humanitarias causadas por conflictos. Las consecuencias devastadoras de la violencia sexual y de género incluyen lesiones, embarazos no deseados, fístulas, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, traumas y muertes. Los sobrevivientes a menudo enfrentan el rechazo y la exclusión social que aumenta su vulnerabilidad a más abusos y explotación. Muchos por lo tanto nunca reportar la violencia.

El principal objetivo de esta medida es que el consentimiento de la víctima esté en el centro de la tipificación de los delitos sexuales y que "solo sí sea sí".Irene Montero priorizará la ley de violencias sexuales para suprimir el abuso sexual y que "sólo sí sea sí'.Respecto a la prostitución, Montero se ha declarado "abolicionista", pero ha dicho que como ministra de Igualdad debe tener "prudencia y mesura" en esta materia que tanto debate suscita en el propio movimiento feminista. La ministra ha admitido que no hay hombres en su departamento

Un 70 % de las usuarias de aplicaciones de citas se ha sentido presionada para mantener relaciones y hasta un 21,7 % asegura que ha sufrido una agresión sexual con violencia. Es la realidad que sale a la luz tras una investigación sobre estas apps, que se usan también como lugar de captación de mujeres para la prostitución. Se trata del estudio "Apps Sin Violencia Sexual", financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y elaborado por la Federación Mujeres Jóvenes (FMJ).

La Organización Mundial de la Salud denunció hoy que 1 de cada 3 mujeres experimentan en su vida abuso físico o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte otra persona. Para la ONU es el 35%, algunos estudios nacionales cifran en un 70% el maltrato. En la UE, su Agencia para los Derechos Fundamentales determinó en 2014 que 62 millones de mujeres europeas experimentaron en alguna ocasión violencia física y sexual, 1/3 de la población femenina, y 1 de cada 5 (22 %) es víctima de este tipo de delitos por parte de su pareja.

Más de 200 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital; 12 millones de menores son casadas; 150 millones sufren violencia sexual y 34,2 millones de mujeres y niñas son refugiadas y desplazadas. La campaña se apoya en el informe 'Niñas libres de violencia: derecho a la educación como garantía de igualdad', que analiza el concepto de violencia, sus causas y los tipos de violencia a los que se enfrentan, como son la mutilación genital, el matrimonio forzoso o los embarazos precoces que provocan en ellas graves secuelas.

Entre mayo de 2017 y septiembre de 2018, nuestros compañeros atendieron a 2.600 víctimas de violencia sexual en Kananga. El 80% de las víctimas declararon haber sido violadas por hombres armados. La gran mayoría de nuestros pacientes no buscaron atención médica hasta un mes (o más) después del ataque, generalmente debido a la falta de conocimiento sobre la existencia de servicios dedicados a la atención de casos de violencia sexual, pero también por la distancia que se debe recorrer para llegar al lugar donde ofrecemos atención médica.