Lo ocurrido en los PAU de Chozas de Canales (Toledo) es un ejemplo de las graves irregularidades llevadas a cabo por los máximos responsables de CCM, en perjuicio de los consumidores. CCM financió, a sabiendas, una construcción ilegal y contribuyó con el constructor, el notario y el registrador a dar apariencia de legalidad a unas viviendas que ni tan siquiera tenían, y siguen sin tener, licencia de primera ocupación, con la finalidad de colocar las viviendas y el préstamo concedido inicialmente al promotor a los compradores.

La Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de la Generalitat, ha abierto la veda a inscribir en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana viviendas turísticas que en la ciudad de Valencia se consideran ilegales.

En Sevilla los dueños de una casa situada en suelo no urbanizable han ingresado en prisión para cumplir una condena de un año. Se trata de un matrimonio de 64 y 59 años, declarados insolventes, y que recurrieron en su día la sentencia que les obligaba a demoler su segunda vivienda en el municipio de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).Desde primeros de abril, José León, de 64 años, parado de larga duración, y su mujer, de 59, ex-interina del SAS están en prisión.

El nuevo Plan de Control Tributario para 2015 fija la economía digital como eje prioritario. Tanto es así que ha publicado en el BOE que actuará sobre los particulares que cedan de “forma opaca total o parcialmente” viviendas por internet u otras vías.

El inmueble todavía se encuentra amparado por el régimen de vivienda social, tal como consta en el Registro Oficial de la Propiedad. En consecuencia, está sujeto a unas estrictas condiciones, para garantizar que este tipo de viviendas se destinan a las familias sin recursos, que no podrían pagar una hipoteca o un alquiler en condiciones del mercado. Pero no ocurre así en el piso de Pablo Iglesias. La titular de la vivienda protegida es su madre, que no vive en ella e incumple el primer requisito: no es residencia “habitual” ni “permanente".

El coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha solicitado al presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, que dé explicaciones "de manera inmediata" sobre por qué el alcalde de Montilla (Córdoba), Federico Cabello, "vive en un chalé ilegal". Ha recordado que el también diputado es miembro de la ejecutiva regional del PP-A, por lo que considera que su líder no puede mirar para otro lado. Sobre todo después de que el PP-A criticara el caso del exdirector general de la Agencia de la Energía de Andalucía, Luciano González,

Cientos de madrileños viven en zonas industriales en Manoteras, San Blas o Alcobendas, en inmuebles como los que diseñaba la líder de Vox Rocío Monasterio, sin permiso de vivienda pero tolerados. En medio de una competición feroz por lucrarse con la vivienda, los lofts proliferaron en zonas industriales de la capital como Manoteras y San Blas (este) y en el área metropolitana. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), advirtió en 2005 de la ilegalidad de promover lofts, pero los promotores continuaron sus proyectos.

Una denuncia cuando empezó a construirla irregularmente hace diez años, ha terminado hoy su recorrido judicial. Tras años de litigios, un juez ordenó el derrumbe, en un plazo de 10 días, de la propiedad que había sido construida en una «zona inundable». Junto al apoyo de amigos y vecinos, la familia se despedía de su hogar y presenciaba el derribo mezclando emociones de impotencia y rabia, «el 80% de Chiclana hace casas ilegales, pedimos justicia».

A una multa de 175.000 euros se enfrentan el comprador y el vendedor de una vivienda prefabricada instalada sin licencia alguna, en una parcela de Sa Rota

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena de cuatro años y tres meses de inhabilitación impuesta al exalcalde de Castilblanco de los Arroyos durante 28 años, el independiente Manuel Ruiz Lucas, por un delito continuado de prevaricación administrativa al “consentir” de manera “tácita” la construcción “indiscriminada” en la zona de Las Minas de 800 casas ilegales.

“Si los ricos tienen cortijos, los pobres también tenemos derecho a uno”. Así comenzó el desmadre urbanístico en Motril, en la costa de Granada, repleta de lo que los vecinos ya conocen como “los cortijillos”. Pero hace mucho que las construcciones dejaron de ser cortijillos para convertirse en chalets y segundas residencias de postín. Son más de 400 viviendas en la zona de Las Zorreras, que llegan a las 2.000 diseminadas en los alrededores de la ciudad de Motril. Tienen todo lo necesario para vivir: luz, agua y carretera asfaltada.

El Ministerio de Hacienda lleva realizando tareas de inspección de construcciones irregulares desde 2013. El uso de drones por parte del ministerio ha logrado destapar 1,7 millones de inmuebles no registrados en los últimos años. Entre ellos, 7.132 piscinas en Galicia. Sin embargo ha surgido el debate sobre la legalidad de los drones de hacienda, ya que la ley vigente no permite el sobrevuelo de los UAV sobre áreas pobladas.

Analizamos quién está detrás de la construcción del medio millón de viviendas ilegales que existen en España. Viajamos hasta Marbella, donde se han construido más de 18.000 viviendas ilegales. Allí, Fidel San Román, un afamado constructor y promotor condenado en la Operación Malaya, declara haber pagado tres millones de euros a Juan Antonio Roca con el fin de regularizar más de 1.000 viviendas construidas en suelo de uso público. Promotores, constructores y políticos. Recorremos España en busca de los responsables.

Para el autor, "no hay razón para criminalizar" a quienes en la peor situación de su vida han optado por ocupar pisos vacíos, ante la inacción de las administraciones. Tras demasiados años de una crisis que no parece terminar, siguen apareciendo nuevos efectos, que castigan, de manera implacable, a las capas más débiles de una sociedad que se ha demostrado incapaz de protegerlas y, por tanto, de cumplir su función. Nos encontramos con miles de familias excluidas de aquel sistema de protección social que, se supone, servía para hacer...

El Consistorio no ha otorgado ninguna licencia de uso terciario por lo que la totalidad de viviendas son ilegales y admite que los inspectores están "desbordados". El equipo de Almeida confirma que no tomará ninguna decisión hasta que se resuelvan los recursos contra el plan de Carmena en las próximas semanas. La mitad de las órdenes de cese han sido recurridas por los propietarios, que las incumplen en algunos casos y dan por hecho que PP y Cs harán más laxa la norma

El caso chiclanero se estudia en la Universidad de Sevilla como ejemplo de caos urbanístico”, apunta Moreno. El Tribunal Supremo acaba de tumbar el cuarto Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad: hay que echar años, el tercero de los planteamientos se anuló en 2009. Cada uno de estos planes tiene un coste, estiman desde Ecologistas en Acción, de cuatro o cinco millones de euros.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno va a proponer al Parlamento una modificación normativa de la Ley para posibilitar la regularización de viviendas que se encuentran en un "limbo jurídico" porque ha prescrito el plazo para restituir la legalidad tras ser construidas en suelo no urbanizable. Díaz ha asumido este compromiso con el objetivo de "dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la administración no puede dar la espalda".

El tanatorio de Castril está construido de forma ilegal. Esa es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo, que ha confirmado que el edificio no cumple con la ley al ubicado entre varias viviendas, una sentencia que respalda a la ya emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2019 y que ordenaba el cierre del mismo al Ayuntamiento de la localidad. La sentencia pone fin a un conflicto iniciado en 2014, cuando los vecinos afectados interpusieron un contencioso al Ayuntamiento de Castril, en la comarca de Huéscar, en…

La ocupación de viviendas en España se refiere al fenómeno en el cual personas ingresan y habitan en propiedades ajenas sin el consentimiento de los propietarios. Este problema ha ido en aumento en los últimos años, y se ha vuelto especialmente preocupante debido a la proliferación de mafias y organizaciones criminales que se benefician de la ocupación ilegal de inmuebles.

Si lo que ha hecho Izquierda Unida es ilegal, ¿Por qué no han presentado ya una denuncia en fiscalía? Pues porque no lo es, y es ruido mediático. Aquí un ejemplo de lo que suele hacer el PSOE y lo que dice que hace.

La respuesta vecinal violenta ante la ocupación ilegal de inmuebles no es la solución del problema, puesto que vivimos en un estado social y democrático de derecho, sometidos a la ley y al orden jurídico y que el concepto de legítima defensa de un derecho no ampara situaciones como las que se están produciendo de respuestas vecinales que se organizan para causar daños en el inmueble o incluso para agredir a los posibles ocupas.