Securitas se ha hecho con el contrato por valor de 80 millones que sacó a licitación Sareb con el objetivo de proteger sus inmuebles de "okupaciones" y otro tipo de actos delictivos. Según los detalles de la adjudicación que figuran en la Plataforma de Contratación del Estado, la gestora aprobó la adjudicación a Securitas de los dos lotes que conformaban el contrato el pasado 27 de julio.

Tras ser paralizado esta semana, el desahucio de Cruz está programado para diciembre, pero en su caso está por medio la Sareb y una empresa que adquirió 400 viviendas.

Dos empresarios del ocio en Mallorca y el exalcalde de Palma Mateu Isern hacen fortuna con los activos inmobiliarios del rescate a la banca aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Los primeros son los hermanos Rafael y Antonio Peña Martínez, dueños de la discoteca Decàpolis, en Palma.

La asociación Os Ninguéns ha promovido una concentración en la calle Privada Moderna de Vigo para reclamar que 42 viviendas de la Sareb se conviertan en pisos de alquiler social. Esta agrupación aboga por dar una "vivienda confortable y permanente" a una parte de la población que no puede acceder a ella por los requisitos que se les pone y ha señalado que la mayor parte de la gente que se acerca a ellos con este tipo de problemas son mujeres con hijos a su cargo.

La Sareb, conocido como el banco malo y participado mayoritariamente por el Estado, cuanta aún con miles de viviendas en propiedad procedentes del rescate bancario. El objetivo de la entidad es dar salida a estos activos antes de 2027, pero en su interior aún residen familias que aseguran que se encuentran en peligro ante el deplorable estado de algunos de los pisos. Hacinamiento, condiciones de insalubridad, cortes de suministros e incertidumbre. El contacto es casi imposible y cuando se consigue está plagado de hostigamientos y amenazas.

El más reciente anuncio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es que no podrá podrá devolver parte de la deuda que tiene con aval del Estado, que ascendía a 50.781 millones de euros en su origen en 2012 y era de 29.413 millones de euros a cierre de 2023 [1]. En concreto, en su reciente presentación de resultados, el banco malo ha reconocido que le será imposible reembolsar 14.600 millones de euros, que pasarán a engrosar aún más la deuda pública cuando en 2027 expire el mandato de la sociedad.