Este es el resultado de un informe en el que se han contabilizado un mínimo de 340 disposiciones lingüisticas que obligan a las empresas de Cataluña a usar el castellano en los diversos ámbitos como los procesos de comercialización de bienes y servicios, en los tratos con la administración, en la obligación de usar el idioma con las personas consumidoras, en el etiquetaje e instrucciones de productos, en la obligación de conocerla para ejercer una profesión, en todo tipo de documentación, registros, solicitudes, etc.