La concesión de medidas cautelares en los desahucios de #Argumosa11 trataban de evitar un daño grave e irreparable mientras persistía el peligro de vulneración del derecho humano a la vivienda. Ante la falta de cumplimiento de las medidas preventivas por parte de los tribunales nacionales, nos encontramos con un desacato por parte del Estado español de las obligaciones adquiridas mediante la firma de tratados internacionales

"En un país con más de tres millones de viviendas vacías no se puede dejar a nadie en la calle", entienden que la medida permitiría a España cumplir con su obligación internacional en materia de derecho a la vivienda, contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Insisten además en que estas medidas son "indispensables" para garantizar la protección social y evitar que se produzcan situaciones de desprotección de las familias más vulnerables.

Pese a que en algunos niveles la judicatura está conteniendo los peores abusos de la banca, las cúpulas judiciales están frenando las interpretaciones garantistas sobre el derecho a la vivienda.

El 1 de enero, España empezaba su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, consejo del que ya formó parte entre 2011 y 2013. Sin embargo, varias organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatori DESC, federaciones de asociaciones de vecinos de Madrid y Barcelona o el Consejo General de la Abogacía, denuncian que, a pesar de ello, España sigue sin cumplir con las recomendaciones de la ONU.

La cooperativa de vivienda ecosocial Entrepatios anuncia el inicio de las obras de su primera promoción de vivienda en régimen de derecho de uso, en el barrio madrileño de Usera. En Barcelona, la cooperativa La Borda ya ha terminado su primer edificio en un terreno cedido por el Ayuntamiento.

El derecho al uso de una vivienda es una modalidad a caballo entre la propiedad privada y el alquiler. Los objetivos que persigue pasan por evitar la especulación con la venta de vivienda y velar por los intereses de la comunidad que la habita. De algún modo, defiende la vuelta a la cooperativa y que ésta no sea sólo un instrumento para la construcción del edificio, sino también para su uso. En el derecho al uso, la comunidad es la propietaria del edificio. Esta práctica es habitual en el norte de Europa o en Uruguay.

La Organización de Naciones Unidas Hábitat, reconoció a Venezuela como país líder en el derecho a la vivienda, así lo informó este martes el titular de esta cartera Ildemaro Villarroel. Desde Kenia, en la ONU Hábitat, el ministro detalló que sostuvo una reunión bilateral con la República de Serbia.

Es la quinta que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dictamina contra el Estado español. En este caso, por el desahucio en 2018 de una familia con dos pequeños con discapacidad a la que se echó de su casa pese al riesgo de exclusión social que existía.

El PSOE, un partido para el que hace ocho meses la condición de la vivienda como bien de mercado estaba por encima del derecho de los españoles, no ha cambiado su posición: se ha adaptado.

El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha pedido este martes a un juez que permita la suspensión de la obligación de la ciudad al derecho a la vivienda, justificando que su administración "no puede" albergar a todas las personas sin hogar.

La Ley por el derecho a la vivienda ya ha completado todo su periplo legislativo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el texto de la nueva norma, que en su disposición final novena establece la entrada en vigor para “el día siguiente” al de su publicación. Es decir, que la ley estará activa a partir de este viernes (26 de mayo).

El estado de bienestar en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ha dejado a un lado el acceso a una vivienda digna, a pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978. La media de participación de la vivienda social en alquiler en el conjunto del parque de viviendas en los principales países europeos es del 18%, mientras que en España apenas supera el 1%. España no ha cumplido con los preceptos constitucionales ni de Derechos Humanos en materia de vivienda.

el viceportavoz del Grupo Común da Esquerda y portavoz nacional de Anova Antón Sánchez denunció que la actual Administración de la Xunta se está caracterizando por favorecer la especulación en el terreno de la vivienda, el negocio de fondos buitre y el comercio de un bien que debería de estar protegido y al margen de su tratamiento como mercancía, para favorecer una vida digna a la población y que esta pueda emprender sus proyectos de futuro.

Documental que reflexiona sobre el derecho a la vivienda con el testimonio de familias vulnerables, expertos, responsables del sector financiero y políticos. El reportaje también expone el ejemplo de Viena, la ciudad con el mayor parque de vivienda pública de Europa.

Los que pretenden incrustar la idea del derecho en el campo animal son en general partidarios del homicidio en el seno materno, mal llamado aborto, con lo que se desconoce que desde el momento de la fecundación del óvulo hay un ser humano en acto. Vivimos la era de los pseudo derechos: “derecho a una vivienda adecuada”, “derecho a un salario suficiente”, “derecho a una motocicleta”, “derecho a tantos hidratos de carbono o vitaminas”, derechos que no solo se dan de bruces con la noción más elemental del derecho sino que perjudican a todos

A la hora de alquilar una vivienda, son muchos los que tienen dudas. ¿Es obligatoria la fianza? ¿Se puede negociar la actualización de la renta mensual? ¿Quién paga las reparaciones? Con la entrada, en 2013, de la última LAU, muchas reglas cambiariaron. Los inquilinos saben ya cuáles son sus derechos y obligaciones, pero ¿y los propietarios?

A menudo se encuentra uno con gente que alega que la Constitución es papel mojado porque hay un montón de artículos que no se cumplen. Se suelen citar artículos como el 39, que dice que el estado ha de asegurar la protección de la familia y los hijos o el 47, el que dice que los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y no es así.

Ayer fue juzgada y condenada en Madrid, nuestra comPAHñera Isa de Tetuán, acusada de atentado y lesiones contra la autoridad. La fiscalía pedía 2,5 años de prisión y 4.000€ de indemnizaciones, por unos hechos sucedidos en 2014, cuando en compañía de otras personas, intentaba impedir pacíficamente, como siempre, el desahucio de Humberto, a su vez, víctima del mayor usurero/prestamista de España, con innumerables procesos judiciales abiertos por estafa.

El vídeo de arranque es un tráiler del documental Push de F.Gertten,de visión obligada. Su hilo argumental es la lucha de Leilani Farha,relatora especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda. Está repleto de claves de lo que está pasando en las ciudades y de la inacción de los poderes públicos para intentar frenar el ataque del capitalismo más salvaje.Detrás de la gentrificación se mueve una fuerza más poderosa e invisible que controla al poder político. El mercado ha transformado un derecho humano en un activo financiero con el que especul

"Somos islas, por lo que nuestro recurso escaso es el suelo. Nuestro territorio es pequeño y limitado y Baleares está experimentado desde medianos de los años setenta, con el auge de la industria turística, un crecimiento demográfico que no se detiene y que desde el año 2000 se ha incrementado en casi un 50%",

en el primer escrache del movimiento por el derecho a la vivienda durante la campaña electoral.

"Nada no digo nada mi niño tiene 11 años avisto esto y me adicho papa todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda y k le digo... escrivo mal perdoname". Este es el comentario dejado por Juan Carlos Vélez Cano en la cuenta de Facebook de la PAH con la etiqueta #RebecaSeQueda, mientras esperaba la llegada de la Policía que iba a desahuciarles.

Hoy se ha presentado en ocho comunidades autónomas la campaña para exigir un compromiso con las Exigencias PAH por parte de los Parlamentos regionales.

Para el autor, "no hay razón para criminalizar" a quienes en la peor situación de su vida han optado por ocupar pisos vacíos, ante la inacción de las administraciones. Tras demasiados años de una crisis que no parece terminar, siguen apareciendo nuevos efectos, que castigan, de manera implacable, a las capas más débiles de una sociedad que se ha demostrado incapaz de protegerlas y, por tanto, de cumplir su función. Nos encontramos con miles de familias excluidas de aquel sistema de protección social que, se supone, servía para hacer...