El Gobierno puede tomar varias medidas previstas en la ley cuando se decreta el estado de alarma como limitar la circulación o permanencia de personas en determinados lugares, requisar temporalmente todo tipo de bienes, intervenir en fábricas, locales, industrias y talleres, limitar o racionar el uso de servicios o consumos de primera necesidad y controlar el abastecimiento de los mercados y los centros de producción. Los funcionarios públicos quedan bajo las órdenes de la autoridad competente pudiendo imponerles servicios extraordinarios.