La mayoría progresista del Constitucional rechazará cualquier limitación que quiera realizarse al derecho al aborto en la sentencia que la próxima semana debatirá el tribunal. La deliberación sobre el recurso que el PP presentó en 2010 contra la vigente ley de plazos empezará en el pleno que el órgano de garantías tiene previsto celebrar el próximo 7 de febrero. Y ya se han iniciado los contactos preliminares entre los magistrados. A partir de esta semana, los 11 componentes del tribunal comenzarán a estudi...
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La mayoría progresista del Constitucional rechazará cualquier limitación que quiera realizarse al derecho al aborto en la sentencia que la próxima semana debatirá el tribunal. La deliberación sobre el recurso que el PP presentó en 2010 contra la vigente ley de plazos empezará en el pleno que el órgano de garantías tiene previsto celebrar el próximo 7 de febrero. Y ya se han iniciado los contactos preliminares entre los magistrados. A partir de esta semana, los 11 componentes del tribunal comenzarán a estudi...
ar el borrador de sentencia y a preparar sus intervenciones en la inminente sesión plenaria. En medios del Constitucional se concede a esta deliberación la mayor importancia, porque supondrá resolver la impugnación de una ley que generó en su día un intenso debate, pero sobre cuyos puntos esenciales, 12 años después, existe actualmente un gran consenso social.
El ponente del fallo, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, ha preferido apurar los plazos y aún no ha hecho entrega de su proyecto de resolución al resto de miembros del órgano de garantías. Sin embargo, en las conversaciones informales que vienen sosteniéndose entre los componentes del tribunal, ha quedado claro que todo requisito que quisiera establecerse en la sentencia para dificultar la libre decisión de la mujer no contará con el respaldo de los siete magistrados del sector progresista. En todo caso, es obvio que el tribunal llevará a cabo su deliberación en función del proyecto de fallo que el ponente presente al pleno, lo que implica que cualquier propuesta que realice será objeto de discusión a fondo.
Ello no obsta, a su vez, para que en la actual mayoría progresista del tribunal exista una firme determinación a favor de declarar la constitucionalidad de la vigente ley de plazos, sin que haya que aceptar contrapartidas por conseguirlo. Dicho grupo desearía que, tras los 12 años y medio de espera para dictar sentencia, el órgano de garantías fuera capaz de alcanzar un pacto para resolver la impugnación de la ley del aborto con un fallo consensuado. Pero no a cambio de compensaciones forzadas para que la mujer que decida interrumpir su embarazo en los plazos legalmente previstos pueda verse sometida a requisitos o condicionamientos con trámites médicos o psicológicos innecesarios, orientados a culpabilizarla o a poner trabas a su libre voluntad. La ley de plazos establece que la mujer puede abortar en las primeras 14 semanas sin
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