Son casi 1,5 millones de autónomos los que durante la pandemia se beneficiaron en 2020 de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Una medida que el Tribunal de Cuentas considera eficaz porque permitió el mantenimiento en el empleo de los autónomos, que era el gran objetivo buscado. Sin embargo, la crítica llega al examinar la gestión de las prestaciones, que se considera tan ineficiente como para reclamar que miles de estos trabajadores devuelvan 550 millones de euros recibidos.
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Y ahora se pide devolver el equivalente a menos de la mitad del impuesto ESTATAL de Patrimonio que en la Comunidad de Madrid está bonificando Ayuso a los ~20.000 multimillonarios.
Por si alguien pensaba que no había dinero o por qué se necesita ahora el dinero. Que se rasquen el bolsillo los autónomos para que los multimillonarios puedan seguir sin pagar impuestos, no sea que se vayan a otro sitio a no pagar impuestos.
El tribunal pide que se revisen las ayudas concedidas, una vez aportada la documentación justificativa, que es lo que se establecía cuando se concedieron.
Las mutuas las están revisando y están emitiendo las resoluciones definitivas. Dudo que vayan a reclamar la devolución de muchas de ellas porque no se está pidiendo documentación adicional. Por tanto, si fueron concedidas en su día, serán raras las que no sean favorables ahora.
El informe de fiscalización publicado hoy por el Tribunal de Cuentas señala tres grandes grupos. Por un lado, los 125.000 beneficiarios que recibieron un total de 119,5 millones de euros, a pesar de no cumplir requisitos exigidos, como no estar dado de alta a la Seguridad Social o no estar al corriente del pago de las cuotas. También se incluyen los perceptores con incidencias en el procedimiento, gestión o control de la prestación, como duplicidades e incompatibilidades.
Un segundo grupo lo forman 156.000 autónomos que recibieron 386 millones de euros cuya actividad tenía asociado un código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que no estaba en el listado orientativo de actividades suspendidas.
Finalmente, hay 69.269 beneficiarios con una exoneración de cuotas de 41,6 millones de euros que incurren en incumplimientos e incidencias relacionadas con el procedimiento de gestión y control de estas exoneraciones.