La Sala Social entiende en esta nueva sentencia que existían suficientes mecanismos de control de los riders por lo que la libertad de la plantilla era solo aparente. La ministra de Trabajo, además, confirma la regularización de más de 10.000 trabajadores y trabajadoras e Inspección de Trabajo ha impuesto una multa “histórica” a la empresa de casi 80 millones de euros por vulnerar los derechos laborales.
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A ver si se les cae el pelo en Aragón también.