El historiador José María García Márquez posee documentación histórica que demuestra que en el cortijo de Gambogaz se usaron presos como esclavos. El Ayuntamiento de Camas, a la luz de esta investigación, quiere solicitar la declaración del lugar como Lugar de Memoria. La iniciativa se suma a la aprobación de pleno para buscar documentación y "esclarecer" si fue fraudulenta la compra en 1937 de una de las fincas más ricas de la provincia por parte del golpista.

En los archivos del Banco de España el expediente todavía hoy permanece abierto y el crédito hipotecario no esta pagado. En la contabilidad del banco no aparece el pago de esa hipoteca. Firmaron como testigos de la escritura dos acreditados verdugos: Francisco Bohórquez, el auditor de guerra nombrado por Queipo y Joaquín Benjumea, el presidente de la Diputación de Sevilla nombrado por Queipo. Queipo, como comprador, también estaba en la notaría.