¿Y qué dijo entonces el camarada Isidoro sobre semejante ataque a la democracia? ¿Acaso montó en cólera por el ametrallamiento impune de civiles que ejercían su derecho a manifestarse? Pues no. Dos días después del Caracazo, solos dos días después, cuando todavía los muertos estaban frescos, llamó a su colega Carlos Andrés Pérez y le ofreció un préstamo inmediato de 600 millones de dólares, según el diario El País de 2 de marzo de 1989, “para ayudarle en estos críticos momentos”. Nada de sanciones.

Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», nos explica, en el capítulo nº 52 de «La lucha por el derecho», a colación de lo sucedido con el ministro del Interior Grande-Marlaska y el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, por qué sin una auténtica policía judicial, sólo dependiente de jueces y magistrados, es absolutamente imposible la independencia judicial.