El Gobierno ha aprobado devolver a la Unión General de Trabajadores (UGT) 149,4 millones de euros y la titularidad de 26 inmuebles para compensar al sindicato por el patrimonio que le fue incautado en la dictadura. La central que dirige Cándido Méndez tendrá que destinar esta cantidad a saldar la deuda de 151 millones de euros que tiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV.

Los sindicatos con representación en TCSA (Transportes Colectivos, S.A.) han anunciado hoy la convocatoria de paros en diciembre y enero en todas las líneas de Bilbobus y a los servicios que ofrece Bizkaibus en la Margen Izquierda, Margen Derecha y Alto Nervión ante la "falta de acuerdo" en la negociación del convenio.

[c&p] Los sindicatos cifran en más de un 80% el seguimiento del paro en la sanidad pública madrileña. La consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reduce el porcentaje al 5,7%

El Servicio Regional de Empleo ha notificado a UGT que no han justificado o lo han hecho en forma incorrecta los 3.500.000 € que recibieron para la formación de trabajadores, por lo que deben de devolver 621.000 €

Así lo han acordado hoy el gobierno y los agentes sociales. Todos parecen satisfechos con los 570,6 euros fijados como salario mínimo interprofesional para el 2007. Y parece satisfactorio si lo comparamos con la subida del año pasado que fue del 4,5%. Pero cuando lo analizamos con perspectiva la cifra pierde valor: Según datos del INE en el año 1986 el salario mínimo interprofesional era de 241,25 (lo que revalorizado equivaldría hoy a 542,77 euros...

Los 8.448.526 trabajadores protegidos por convenio colectivo en España recuperaron capacidad adquisitiva en 2006. Así se concluye del hecho de que los convenios registrados hasta el 30 de noviembre fijaran una subida salarial media del 3,21%, superior a la subida de los precios, que el año pasado fue del 2,7%.

Los sindicatos con representación en RTVE, integrados en el Comité General Intercentros (CGI), estudian llevar ante la Audiencia Nacional la situación de 167 trabajadores del grupo público que, tras el nacimiento de la nueva Corporación, han quedado adscritos al viejo ente en liquidación. Según explican los sindicatos, estos trabajadores no tienen la edad establecida para la prejubilación ni lo han solicitado, y mayoritariamente pertenecen a centros territoriales que han visto reducido el número de sus trabajadores.

La remodelación asistencial, que responde al cumplimiento de una directiva europea y fue presentada a los sindicatos hace dos días por la Administración autonómica andaluza, prevé que los servicios de consultas externas y pruebas diagnósticas y los quirófanos funcionen hasta las 20.00 horas -en la actualidad lo hacen hasta las 15.00- para aligerar las listas de espera. El citado incremento de personal es el que estiman que es necesario los principales sindicatos de la sanidad pública.

UGT y CC. OO. consideran que la medida es necesaria ante el alza de la inflación.

Rafa Díez Usabiaga, el secretario general del sindicato LAB, una voz de referencia dentro de la izquierda aberzale, pidió ayer a ETA que supere "todos los factores de ambigüedad". El líder sindicalista hizo esta afirmación cuando apenas habían pasado 24 horas desde que Arnaldo Otegi admitiese que la posición de la banda ha generado "confusión" en sectores del entorno nacionalista que nunca han criticado públicamente a ETA.

Predicar con el ejemplo... La Confederación Española de Policía (CEP) ha solicitado que se impida el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía de cualquier joven español del que exista alguna prueba de simpatía, proximidad o pertenencia a opciones religiosas extremistas, especialmente si es residente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según un estudio de los Sindicatos, de los 300.000 trabajadores que no llega a cobrar los 1000 euros brutos, 180.000 son jóvenes. También detallan las profesiones más afectadas por estos sueldos bajos en las que están: Administrativo, peon, ayudante, dependiente, oficial y en el último lugar las telefonistas y las auxiliares administrativas.

El secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Jose Manuel Sánchez Fornet, reiteró hoy su "apoyo incondicional" a los 19 expedientados de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) por manifestarse en uniforme y advirtió que, como muestra de solidaridad, su sindicato también pasaría a la clandestinidad si el Gobierno ilegalizara la asociación.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha tomado nada bien el informe de UGT sobre la gestión del PP en esta legislatura. Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, anunció ayer que la “inhabilitación” del sindicato para “cualquier tipo de negociación” vinculada a la administración autonómica. El informe de UGT indicaba que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha llevado a “un retroceso social y democrático que ha sido el signo distintivo de estos tres años y medio de legislatura”.

En la reja de la ventana de la casa cuartel hay atado un espejo retrovisor de camión. Sirve para que los guardias que trabajan dentro vean quién se acerca. -Así saben si se aproxima un delincuente, ¿no? -Así vemos si se acercan los mandos y tenemos tiempo de colocarnos la gorra y la chaqueta correctamente y evitar sanciones. Aquí tenemos más miedo a los mandos que a los delincuentes.

Empezó a prostituirse a los 16 porque quería comprarse un perro. Cuando se cansó, dejó las calles holandesas para formar una familia y abrir un centro de información sobre el rubro. Ahora está a punto de descubrir la estatua de la discordia

Primero fueron los empleados de Telamdrid que protestaron por las burdas manipulaciones que, según ellos, emite esa televisión. Y ahora los funcioarios públicos que se van a manifestar exigiendo mejores condiciones. Parece que a doña Espe no la quiere nadie. Los del PP, como no, ya han dicho que esto de reclamar derechos de los funcionarios es en realidad un contubernio del PSOE.

Los líderes de CSI Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero presentaron ayer en el Juzgado de instrucción número 1 de Gijón una denuncia contra un agente del Cuerpo Nacional de Policía infiltrado en organizaciones de izquierdas y antiglobalización por la comisión de nueve supuestos delitos: desórdenes públicos, daños, falso testimonio, contra los derechos fundamentales, de funcionario público contra derechos individuales, contra los trabajadores, coacciones, revelación de secretos e inviolabilidad del domicilio.

El pasado miércoles 7 de febrero varios militantes de la CNT se concentraron en las puertas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), para denunciar “la sangría que estamos sufriendo la clase trabajadora día a día”, en este caso la muerte de un técnico de iluminación de 25 años, Francisco Parilla.

Los sindicatos reprenden al director de la oficina económica del presidente por sus declaraciones sobre las pensiones.

De como los sindicatos siguen sin defender a los trabajadores, incluso existiendo juicios laborales de por medio, pero no olvidan reclamar las cuotas. En este caso incluso a un parado ya.

Entrevista a la Presidenta del Comité de Empresa del Servicio Canario de Empleo donde explica por qué mil afiliados a Comisiones Obreras abandonan la organización y se unen al Sindicato de Comisiones de Base

Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero están condenados a cumplir una pena de tres años de cárcel por el destrozo de un dispositivo para el control de tráfico en la plaza del padre Máximo González en marzo del 2005. Este es el fallo firmado por el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, que presidió el juicio celebrado el pasado 30 de enero contra los dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI).

Comunicado del Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS)ante la firma por parte de las burocracias de los sindicatos de CC.OO. y UGT del Acuerdo para la Negociación Colectiva.

Cándido González Carnero y Juan Martínez Moral, dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) en el astillero Naval Gijón, han sido condenados por el Juzgado Penal número 1 de Gijón a tres años de prisión por los daños causados durante una protesta laboral. El juez considera probada su participación en la destrucción de la caja de conexiones del sistema de control de Tráfico por Vídeo.