Las asociaciones judiciales se reúnen mañana con responsables del Ministerio de Justicia para abordar, entre otras cuestiones, la necesidad de reformar la actual Ley de Retribuciones que actualice el modelo retributivo de los jueces y adecuar sus sueldos a las funciones que realizan.

Los jueces decanos de España, que han celebrado en Vigo su XXV reunión anual, han elaborado un documento de conclusiones, tras tres días de debate, en el que reclaman un pacto de estado por la justicia, separar el poder judicial de la política, y dotar al sistema de más medios materiales y humanos para ayudar en su modernización. Los magistrados reunidos en Vigo han lamentado que el "recorrido" de las propuestas planteadas al Gobierno tras la reunión de decanos en Valencia el pasado año ha sido "mínimo".

Elimina el requisito de "compromiso con el Gobierno" como exigencia para nombrar al fiscal general o el fiscal Anticorrupción. Suprime la mención de que el vicepresidente coordine a los jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción. Jueces y fiscales criticabann con dureza la reforma de la Justicia que proponía Podemos en la primera versión de su propuesta.

Los jueces eligen a la mitad de los miembros de estas salas cada cinco años, mientras que el CGPJ elige a la otra mitad. La APM ha salido mayoritaria en el Supremo, la Audiencia Nacional y en los los tribunales superiores de Justicia de Madrid, Catalunya y Andalucía y País Vasco, mientras que ha logrado todas las plazas de elección en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia. La segunda asociación más votada es Francisco de Vitoria.

La Asociación Europea de Jueces, mayoritaria en el continente europeo, ha emitido este martes un comunicado donde expresa "su gran preocupación" porque España esté dando "un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial". El Gobierno de Pedro Sánchez "en lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial reforzando las garantías de independencia de los jueces y magistrados aumentará el riesgo de influencia política

La respuesta del Gobierno le llegó a finales de septiembre, y en ella se explica que no les compete a ellos, sino al poder judicial la extinción de una fundación cuando concurran las causas pertinentes. El Gobierno manifiesta que mientras una fundación sea legal, esas 847 personas están en su derecho de acogerse a las ventajas y beneficios que el ordenamiento les otorga.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido hoy que la obligación del Ejecutivo y "de todos" es dejar a los jueces trabajar "sin ningún tipo de presiones" y colaborar para que se esclarezca el "caso Gürtel" y sepamos hasta dónde llega la trama de corrupción. De la Vega se refería así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la decisión del Supremo de admitir la personación del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, como acusación particular en la causa contra Garzón.

Dos vehículos de alta gama, BMW 350i, están al servicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del fiscal superior de las Islas. La Consejería de Justicia defiende que el Gobierno central le transfirió las competencias sobre gestión de los medios materiales para la Administración de Justicia a finales del siglo XX. El Ejecutivo regional paga más líneas de teléfono móvil a fiscales (36) que a jueces y magistrados (24), a pesar de que son muchos menos en número (119 frente a 297).

Las reivindicaciones históricas de la judicatura se reavivan tras reuniones poco satisfactorias con el Ministerio de Justicia.La amenaza de una huelga de jueces vuelve a planear sobre el Gobierno.El malestar trasciende a las asociaciones profesionales,que en la última semana han emitido varios comunicados conjuntos,al que también se han sumado las asociaciones de fiscales,para dar un ultimátum al ministro de Justicia,Rafael Catalá. Los motivos del malestar son variados pero relacionados todos con reivindicaciones históricas de la judicatura...

El PP ha presentado en el Congreso una enmienda para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de suprimir la figura del 'magistrado autonómico', un jurista seleccionado por el respectivo Parlamento regional que accede directamente a la carrera judicial -sin realizar oposición ni prueba alguna- y se integra en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Esa Sala es la que investiga y juzga a los miembros del Gobierno autonómico y también a los parlamentarios que predeterminan el nombramiento del magistrado.

El PSOE y Unidas Podemos, los dos socios de Gobierno, mueven ficha respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de Gobierno de los jueces lleva con su mandato caducado dos años y su renovación está estancada por la falta de entendimiento entre los socialistas y el PP.

Desde que el ‘software espía’ comenzó a operar a mediados del año 2004, no se ha puesto en marcha ningún plan de formación. Jueces y magistrados explican a LA GACETA que no han recibido información ni formación sobre el programa informático.Durante los cinco años que lleva activo el Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel),no ha habido ningún plan para informar a los jueces sobre su funcionamiento."No sabía de la existencia de Sitel",declara José Luis Requero,que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial

Si el mundo de la justicia se lo propusiera, la situación política podría cambiar sensiblemente; el llamado tercer poder pondría en grave aprieto a este Gobierno arrogante y faltón que con tanta saña nos agrede cada día. Ahora es el momento de perfilar y acentuar esa “respuesta de soberanía”, cuando el ministro Ruiz-Gallardón ha decidido acentuar la dependencia de este tercer poder respecto de los otros dos, como recoge la redacción de su anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (y al que se oponen todas las asociaciones de jueces).

Vicente Valles ha escrito un interesante artículo sobre la critarquia, el gobierno de los jueces o la desfachatez de los políticos españoles.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictado este miércoles que el Gobierno ultraconservador de Polonia debe suspender de inmediato el régimen disciplinario que impone a sus jueces, una medida cautelar mientras la Justicia europea dicta sentencia definitiva respecto a si Varsovia ha puesto en riesgo la independencia del sistema judicial. La Comisión Europea llevó el caso a la Justicia europea el pasado enero preocupada por las nuevas disposiciones...

La Asociación Europea de Jueces criticó este martes que PSOE y Podemos hayan presentado una proposición de ley en el Congreso para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda ser renovado por mayoría absoluta de Congreso y Senado en caso de que no se puedan reunir los tres quintos de estas Cámaras.Esta entidad europea de letrados expresó su “gran preocupación” por esta reforma, ya que puede suponer que “España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial”.

Cinco puntos que resumen claramente que sucede entre el enfrentamiento de los jueces y el gobierno español

La portavoz del PP en el Congreso insiste en la acusación de su partido y asegura que un juez admitió la denuncia por presuntas escuchas ilegales

La magistratura denuncia “el intento de fraude” del Ejecutivo para trocear el Poder Judicial. Afirman que no se fían del ministro Caamaño, que quiere enmendar al TC.

La CEOE asegura que el 50% de las sentencias dictadas tras la reforma laboral en materia de despidos colectivos declaran la nulidad de los mismos por defectos de forma. Por ello, la patronal de los empresarios pide al Gobierno que limite la nulidad a los casos en los que la empresa no haya convocado a los sindicatos para la negociación.

Jueces para la Democracia (JpD) se ha hecho eco de las críticas de Naciones Unidas a España por no resarcir a las víctimas del franquismo y ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de hacer gala de una “actitud obstruccionista” en labor de exhumación de las más de 114.000 personas que continúan aún en fosas comunes en nuestro país.

Piden amparo al CGPJ al creer que Santamaría y Fernández Díaz sugirieron que eran "jueces injustos y prevaricadores".

Denuncian irregularidades en el nombramiento del presidente de la Sala III del Supremo y las reformas legales del PP.