Los ayuntamientos de Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva acusarán de tortura los responsables policiales y políticos que autorizaron las cargas del 1 de octubre en los colegios electorales. También se les denunciará por lesiones y delitos contra los derechos individuales, por haber impedido expresarse libremente en las urnas. Lo explica el abogado Albert Carreras: TRADUCCIÓN:
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