La Audiencia Nacional pidió a la Intervención General de la Administración del Estado un informe sobre las expedientes de contratación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón relacionados con la llamada trama Gürtel. El informe de los peritos del Ministerio de Hacienda, tras examinar 44 contrataciones realizadas por el Consistorio gobernado entre 2003 y 2009 por Jesús Sepúlveda, del PP y exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, destapa numerosas irregularidades y sobreprecios en las obras. Algunas de ellas por encima del 30%.

El procedimiento de contratación pública de emergencia permite a los gobiernos adjudicar rápidamente y a dedo obras tras catástrofes naturales, casos que ponen en peligro la defensa nacional o situaciones de grave riesgo para la ciudadanía. Pese a que ninguna de estas condiciones se ha cumplido en la última década en la Comunitat Valenciana la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales ha adjudicado hasta 102 millones en obras en depuradoras a través de esta forma, que evita el concurso público.

La empresa pública española Navantia está construyendo un submarino que pesa demasiado y es incapaz de volver a la superficie. La primera unidad, la S-81 'Isaac Peral', se debía entregar al ejército a principios de 2015. Però a causa del sobrepeso de entre 70 y 100 toneladas, se ha decidido dejar su construcción en stand-by, según dice un informe de la consultora Electric Boat que ha costado 14 millones de euros. Se habría optado por acelerar la construcción de la siguiente unidad del submaríno, la S-82 'Narciso de Monturiol' y acabarla el 2017

El Ayuntamiento asume "la necesidad" de ampliar el aforo por requerimientos del COI y las federaciones internacionales. Las obras están paradas por motivos presupuestarios desde julio 2010 y sus encargados, la UTE Dragados-Ortiz, "no quiere continuar con la posesión de la obra ejecutada dado que con el paso del tiempo puede sufrir un deterioro importante y no puede determinar los daños, implicaciones y costes derivados de la suspensión". La indemnización ascendería a 4.244.687 de euros. El presupuesto inicial ha aumentado en casi 50 millones.

El ministro ha detallado que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente.

Se han pagado sueldos "extraordinarios" de manera "inexplicable". Sobre este aspecto, ha indicado que el periodista Jesús Mariñas "percibía 1.000 euros cada vez que se sentaba a hablar de la vida de alguien" en ' Matí, matí'. El mismo periodista del corazón llegó a cobrar 3.000 euros por cada aparición en el programa semanal 'Tómbola'. Del mismo modo, ha comentado que María Abradelo cobraba anualmente 270.000 euros más IVA por presentar ' Babalà. Por contra, el salario de algunos profesionales de plantilla de RTVV "no llega a 2.000 euros al mes

El encontronazo entre el Gobierno de Panamá y el consorcio para la ampliación del canal, liderado por la española Sacyr, ha reabierto el debate acerca de los sobrecostes de las grandes infraestructuras. Un fenómeno éste muy extendido en el mundo -como han puesto de manifiesto algunos reconocidos especialistas en la materia- y que, por su propia naturaleza, se presta a todo tipo de abusos.

El Gobierno cambia las normas de contratación para obligar a las constructoras a ajustarse al presupuesto inicial. El 98% de las obras licitadas desde 1996 se han encarecido por los ‘modificados’

Los modificados de los contratos son un invento puramente español. Han permitido el engorde premeditado de todas las grandes constructoras del país, no sin la colaboración imprescindible

En ‘contratos del siglo’ como el Canal de Panamá o el AVE a la Meca se rechazan estos enjuagues

Los sobrecostos han sido una de las herramientas más apreciadas por los especuladores y políticos corruptos españoles durante los años previos a la crisis económica y social en la que está sumergido ese país. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia terminó costando cuatro veces más de lo presupuestado; la Ciudad de la Cultura de Galicia quintuplicó su presupuesto; cientos de millones de euros han sido enterrados en los aeropuertos “fantasma” sin aviones y sin pasajeros de Castellón, Murcia, Huesca o Salamanca...

El problema de estos analistas es que, aun siendo cierto que las constructoras de infraestructuras se han forrado a base de extraer “sobre costos” de los bolsillos de los contribuyentes, es injusto decir que esa sea una práctica específicamente española típica de la era de la burbuja cuando, en realidad, es una práctica universal que se ha practicado siempre. Un interesante estudio de la Universidad de Oxford (Flyvbjerg (2009)) analiza los sobrecostes de proyectos de construcción en 20 países, de 5 continentes durante los últimos 70 años

La M-30, la vía de 32 kilómetros que rodea Madrid, costará al Ayuntamiento casi 7.000 millones de euros, que serán pagados en cuotas hasta el 2040 y con altos intereses de financiación. Es el doble de lo que Panamá pagará a Sacyr por la ampliación del canal. La obra de la M-30 fue adjudicada a ACS y Ferrovial en la primavera de 2005. La oferta presentada por ambas empresas fue la segunda más cara. A pesar de ello se impuso a los otros tres grupos aspirantes: Sacyr-Itinere, FCC-Iberpistas y Acciona.

La práctica de hacer ofertas de construcción de infraestructuras públicas a un precio demasiado bajo y aumentar el precio final con sobreprecios es una práctica habitual en España. Pero no solo. También lo es en todos los países del mundo, dice Sala. De hecho, las grandes constructoras tienden a separar el departamento que consigue las obras del departamento que las ejecuta. Y para justificar la desviación, tienen un tercer gran departamento, el jurídico, donde un ejército de abogados tortura las leyes para apuntarse al máximo las desviaciones.

Una auditoría con expertos internacionales dice que la reclamación es "real y razonable". Sacyr asegura que el consorcio ha adelantado 280 millones y el Canal no tiene interés en pagar. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) auditó en marzo de 2013 junto con expertos internacionales los sobrecostes presentados por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio liderado por Sacyr en las obras de ampliación y comprobó que eran "reales, razonables y acordes con el mercado"

Las instalaciones olímpicas para los Juegos de Londres costaron cuatro veces más de lo previstoEl túnel del Canal de la Mancha fue otro ejemplo de libro de sobrecoste de obra públicaEn España, los túneles de la M-30 o el AVE Madrid-Barcelona son ejemplos de este aumento que es habitual en las infraestructuras, según los expertos

Sacyr considera que el pliego de la licitación contenía errores muy graves y costosos. Entre otros, la información del concurso decía que había material válido para cimentar la ataguía a 6 metros bajo el nivel medio del Pacífico. Pero al iniciar los trabajos de cimentación, se vio que el terreno válido para la cimentación había sido dragado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y sustituido con el tiempo por los lodos. El consorcio tuvo que dragar los lodos, cimentar a 13 metros bajo el nivel del mar y construir una ataguía más ancha.

El polémico sobrecoste en las obras del Canal de Panamá que ejecuta un consorcio de empresas del que participa la española Sacyr ha sorprendido en el país norteamericano y ha tenido una importante repercusión mundial. Sin embargo, en España en general y en Sevilla la noticia, aunque avergüence al poner en entredicho la imagen de nuestro país y nuestras empresas, sorprende bastante menos. En el caso de Sevilla, un ligero análisis sobre las obras ejecutadas en los últimos años dan cuenta de que pocas, muy pocas, han finalizado conforme al coste.

Los palmeros del Norte podrían dar un curso acelerado a los panameños sobre modificados de proyectos, complementarios y ampliación de plazos. Una simple llamada a cualquier vecino de Barlovento, también de la Villa de Garafía o incluso de San Andrés y Sauces, hubiera sido suficiente para que el país que preside Ricardo Martinelli supiera fehacientemente lo que se esconde detrás de los "cuentitos" de las obras públicas. No se manejan las mismas cantidades, pero los porcentajes de incremento son incluso superiores en la reforma de la carretera.

Los sobrecostes en las obras del Canal ponen sobre aviso a otros países en los que opera la constructora. El de Sacyr en el Canal de Panamá es un ejemplo emblemático de los manejos “marca España” en Latinoamérica. El plante del consorcio liderado por la constructora española a cambio de más dinero –un sobrecoste de 1.200 millones de euros, el 50% del presupuesto inicial– ha encendido las alarmas de otros países latinoamericanos donde opera Sacyr, como Chile, Brasil, Bolivia, Perú o Colombia.

La Filarmónica de Hamburgo tenía un presupuesto de 77 millones y costará 790 millones. Éste y otros proyectos emblemáticos que han disparado su precio, levantan protestas en la población.

El consorcio liderado por Sacyr encargado de la ampliación del Canal de Panamá propone cofinanciar junto con la autoridad gestora de la vía los 100 millones de euros (unos 73 millones de euros) mensuales que supone ejecutar las obras, mientras ambas partes obtienen respuesta del arbitraje internacional sobre los sobrecostes de 1.200 millones de euros que, según las constructoras, acumula el proyecto.

Las cuentas depositadas en el registro mercantil por la empresa concesionaria del Hospital Universitario de Burgos reconocían ya en 2010 un desfase de unos 200 milones de euros, lo que casi duplica el precio de adjudicación de la obra. Este será uno de los aspectos a analizar por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, que estudia la denuncia de un particular sobre una presunta vulneraciónd de la Ley de Competencia y de varias directivas europeas en el proceso de ejecución de las obras y equipamiento.

El PP ha rechazado hoy con su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid crear una comisión de investigación acerca del sobrecoste de las grandes obras realizadas en los últimos años, especialmente la M-30, propuesta por UPyD y a favor de la que han votado también el PSOE e IU. El concejal de UPyD Jaime de Berenguer, autor de la propuesta, ha cifrado "entre 15.000 y 20.000 millones de euros, siendo conservador", el coste de todas las obras llevadas a cabo en Madrid desde 2003 y en 1.800 millones el sobrecoste total.