El juez Eloy Velasco ha solicitado remitir documentación de la Fundación pública Madrid+D a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), para que investigue sus vínculos con la trama Púnica.. el juez reclamaba a Madrid+D información sobre sus contratos con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) en la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid y Lucía Figar como consejera de Educación.Madrid+D es una entidad de titularidad pública dedicada a la investigación científica, que depende de..

La acusación popular ADADE presenta en la AN un escrito para que el juez Eloy Velasco presente su exposición razonada contra el presidente de Murcia,Pedro Antonio Sánchez,y la senadora Pilar Barreiro ADADE también sostiene que la actitud de la Fiscalía al exonerar al presidente murciano "causa estupor" ante la gran cantidad de argumentos en su contra.. "concibieron un concierto criminal" con la trama corrupta para delinquir,mediante el que acordaron lavar su imagen personal en redes sociales,con fondos de la Consejería de Educación

Lo que podría llamarse ya ‘doctrina PAS (Pedro Antonio Sánchez)’ está calando, al menos entre varios de los imputados de la rama murciana de la trama ‘Púnica’ de corrupción. El exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz, su exjefe de gabinete y la exdirectora del Instituto de Fomento piden en sus recursos que los exonere igual que a Pedro Antonio Sánchez.

El Gobierno ha ofrecido un suculento caramelo al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para que sea el representante español en un nuevo programa financiado por la Comisión Europea. El caramelo se traduce en un sueldo bruto anual de 104.000 euros, que con otros suplementos adicionales se eleva a los 127.723 euros. El problema es que los socios europeos del proyecto tienen dudas sobre el nombramiento de Velasco y han criticado las exigencias salariales presentadas por el Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá.

Pedro Antonio Sánchez defiende ante el juez que “todo el dinero de la subvención está invertido en la obra” y recuerda que “los técnicos avalaron las decisiones”. El presideete de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha declarado en su interrogatorio como investigado (antes imputado) en el 'caso Auditorio', que él no conocía al arquitecto director del proyecto, Martín Lejárraga, y que no llevaba la parte técnica de la obra, sino que era el “impulsor político”

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012), el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, en una pieza separada del caso Púnica. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en la mañana de este martes en la sede de la Consejería de Sanidad para requerir documentación por orden del instructor.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha encontrado en el marco de la Operación Púnica pruebas que acreditarían, presuntamente, la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2004 y que salpica a parte de la anterior cúpula del partido. Según El País, se trata de documentación confidencial requisada en la casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que desvela la existencia de una 'caja b' con la que los populares de la región han sufragado sus campañas electorales y actos del partido.

Ciudadanos ha dado hoy 19 días de plazo al presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, hasta el 27 de marzo, para que dimita o convoque elecciones antes de apoyar una moción de censura que no supondría la constitución de un gobierno de coalición sino la celebración de unos nuevos comicios. El líder regional de la formación naranja, Miguel Sánchez, ha anunciado tras la reunión mantenida con su homólogo del PSOE, Rafael González Tovar, que el PP "tiene hasta el 27 de marzo para cambiar de candidato"

La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2004 y que salpica a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes jurídicas. Se trata de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que destapa la caja B con la que los populares madrileños han sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido.

De Fundescam a los hospitales privatizados, pasando por las donaciones ilegales de López Madrid o los contratos de la Asamblea con Arturo Fernández. Los populares madrileños habrían cebado su supuesta caja B a través de varias fuentes, que abarcan hasta los parquímetros del feudo de Granados. El juez de Púnica ha reactivado la investigación de esta pieza secreta tras el análisis de la documentación encontrada en los registros.

Operación Púnica: El juez vincula los pagos de Arturo Fernández al PP con las adjudicaciones que se llevó. Los investigadores relacionan una donación de 60.000 euros realizada en 2007 por el empresario con tres concesiones del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid.

La falta de un cabeza de lista en el PP de Madrid para las últimas elecciones alteró el sueño y los planes de varios políticos investigados en la operación Púnica, preocupados por repetir plaza en sus ayuntamientos, o en la Asamblea de Madrid. "A ver a quién se la chupamos ahora", explicaba el exdiputado José Miguel Moreno Torres en uno de los pinchazos telefónicos a los que ha accedido EL ESPAÑOL.

El escrito de la defensa de Granados apunta sin ambages a Aguirre como la única persona capaz de ejercer la influencia e impartir algunas de las directrices que la investigación atribuye hasta ahora al que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

Desliza que sólo Aguirre pudo influir en otros miembros del Gobierno regional investigados y añade que la presidenta le impuso a sus colaboradores. También solicita en un escrito que el juez cite a González Taboada, miembro del Gobierno de Cifuentes al que Marjaliza acusó de cobrar comisiones.

La Guardia Civil ha acreditado que el PP de Madrid utilizó la fundación Fundescam para captar subvenciones públicas que luego desvió al partido con facturas falsas para pagas gastos electorales. La acusación figura en nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, centrada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Arturo Fernández admite ante el juez la Púnica haber donado 60.000 euros en 2007 a Fundescam, fundación vinculada al PP de Madrid de Esperanza Aguirre. “Dábamos dinero para quedar bien con el establishment”, afirma el empresario. Eloy Velasco acredita que al menos cuatro empresas resultaron beneficiadas por adjudicaciones por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras realizar aportaciones a Fundescam. Una fundación vinculada al PP..

Alfonso Pérez Medina señala a los responsables de la que califica como banda del 3% y repasa algunas de sus más importantes actuaciones.

El juez Eloy Velasco ha desclasificado las conversaciones telefónicas que mantuvieron los investigados en la trama de corrupción de la región.

La guerra de poder en Murcia que desembocó todo queda retratada en una conversación del sumario.. Todo el meollo de la trama Púnica que amenaza al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, empezó por la guerra de poder en el Partido Popular de Murcia. Sánchez aspiraba a conseguir la Presidencia de la formación cuando Ramón Luis Valcárcel dejase el cargo, asediado como estaba por múltiples casos de presunta corrupción. Frente a él había otro aspirante, el entonces consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, quien ya estaba trabajado..

Los audios acreditan que el ahora presidente de Murcia cerró un trato con la trama para lavar su imagen en las redes sociales, de cara a postularse a la presidencia regional. El contrato se cerró por un total de 3.000 euros al mes cuando tuvieran lugar los comicios, a pagar con dinero público procedente de la Consejería de Educación, que entonces dirigía. Las grabaciones también acreditan trabajos de la trama concertados con altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Ignacio Gónzalez o Lucía Figar