Tras licenciarse en Física y estudiar Teología, la pasión de Francisco Ayala por la genética y la evolución le llevó a doctorarse en Biología en Estados Unidos.

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha ratificado este jueves, en su declaración como imputado ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

La juez que instruye el caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, ha solicitado a la Junta de Andalucía que, "a la mayor brevedad posible", remita al juzgado la relación de los "intrusos" incluidos en expedientes de regulación de empleo de 2001 a 2010.

Apenas habían transcurrido un par de horas desde que Mercedes Alaya activara el detonador de los EREs cuando Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, eterna mano derecha de Manuel Chaves y uno de los pocos -al menos de momento- que se ha librado del garrote judicial llegó a un castizo restaurante del centro de Madrid.

Se trata de "pinturas amenazantes", ha señalado el presidente del PP de Ayala, Santiago Abascal, quien ha mostrado su "total rechazo y repulsa a tales actos de vandalismo". Se trata de pintadas que dicen "Esta es vuestra paz. Errepresioa ez da bidea" (la represión no es el camino). El representante popular ha destacado que esta clase de actos vandálicos demuestran que "el entorno de ETA no puede soportar la firmeza y rotundidad del Gobierno del PP en la derrota de ETA".

La jueza de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha dejado en libertad con cargos a los siete detenidos en la segunda fase de la operación Heracles que han comparecido en su despacho durante la tarde del jueves y bien entrada la madrugada del viernes. De este modo, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla,...

La jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de empleo (ERE) fraudulentos pagados con dinero de la Junta, tiene desde hoy escolta policial. La mujeres fueron beneficiarias de 109.203 euros y 109.050 euros, respectivamente, de prejubilación en la antigua Intelhorce.

La Audiencia de Sevilla ha revocado parcialmente la decisión de la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, de imputar en la causa a la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y le ha ordenado que explique mejor los motivos de su acusación.

Todas las miradas han apuntado a la Unión General de Trabajadores (UGT) por el «caso de los ERE». Pero Comisiones Obreras (CC OO), la central sindical que dirige Ignacio Fernández Toxo, también recibió dinero por la tramitación de pólizas de seguros en los expedientes de regulación de empleo fraudulentos que investiga la jueza Mercedes Alaya. El modus operandi siguió el mismo patrón que el de su «hermana» sindical. Se utilizó a empresas participadas parcial o completamente para encubrir los pagos que en realidad irían a parar a CC OO.

El escritor Kike Cherta (Vinarós, 1982) ha sido galardonado con el II Premio de Narrativa Francisco Ayala, el primero en formato digital en España, con su obra inédita La bofetada de Gilda. Este libro de relatos, que estará disponible a partir de enero en los formatos mobipocket (para Kindle) y ePub (para iPad, tabletas y e-readers), cuenta, entre otras historias, la de una mujer loca que vive con quince gatos enamorada de un oso de peluche gigante, o la de un hombre muy bueno que, para dejar de serlo, decide ir a Canadá a matar focas.

La juez Mercedes Alaya ha acatado la orden dictada la semana pasada por la Audiencia Provincial de Sevilla y ha devuelto las distintas denuncias por...

La juez Mercedes Alaya calcula esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003. Alaya la considera a Magdalena Álvarez artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones".

Las incertidumbre de este sumario y su forma de desarrollarlo crece por días. Analizamos las claves para entenderlo.

«Pija, ultra y católica». De esta manera se refiere la agrupación de IU en Estepona sobre la juez del «caso ERE », Mercedes Alaya, en un envío de noticias que realizó la formación el pasado fin de semana con motivo de un acto personal que la magistrada celebraba con su familia.

El catedrático en Derecho Constitucional Francisco Javier Díaz Revorio subraya que "no tiene sentido" que se dirija a instituciones como el Congreso de los Diputados para citar a sus aforados. El también catedrático Antonio Torres del Moral reconoce "la entrega" de la magistrada en el caso, pero advierte que en ocasiones "ha pasado, o al menos pisado, la línea roja de su cometido de instructora".

La Fiscalía pide que la magistrada investigue la ayuda de más de 22 millones de euros que concedió la Junta a la multinacional del tabaco Altadis para financiar las prejubilaciones de sus trabajadores. Pide además que se cite a declarar a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez.

Ese dossier lo habría tenido en su poder Alaya, pero no los imputados, que lo desconocían en el momento de someterse al interrogatorio de la juez, lo que a su vez habría limitado gravemente su derecho de defensa. No sería ésta, en todo caso, la primera vez que la juez habría sucumbido a la tentación de no entregar a su debido tiempo a las partes documentos, investigaciones o declaraciones cruciales para la defensa de los imputados. Las acusaciones a la juez de ocultar información relevante se han repetido en los últimos meses.

El expresidente de la Junta Manuel Chaves ha dicho que tiene “la conciencia tranquila” y declarará de forma voluntaria ante el Supremo sobre los ERE investigados en Andalucía y ha rechazado que se haya producido “ni confabulación ni conspiración para montar una trama para que otros pudieran delinquir”.

La Audiencia ordena a Alaya que deje de ocultar información. . La instructora tardó 10 meses en incorporar testimonios favorables a varios imputados

El exdirectivo de Vitalia, Eduardo Pascual, imputado por la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya y último de los encarcelados en salir en libertad, ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía de financiar al PSOE nacional y al PSOE catalán. Según el acta de la declaración de Pascual "de la Junta de Andalucía salen cien millones de euros para Fortia y de Fortia salen 18 millones al bolsillo de las sociedades de empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional como el señor Cruz Apestegui, Jesús Barderas, Antonio Garrigo y Edua

El ‘supertestigo’ de los cursos se desmorona y pone en cuestión la competencia de Alaya Imputado por presunta falsedad, se retracta de graves acusaciones y revela que el juzgado de Alaya lo envió a denunciar ante la Guardia Civil

La juez Mercedes Alaya ha asegurado este miércoles que "no va a consentir ningún tipo de presión o coacción" hacia Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta que denunció las "graves" irregularidades en la concesión de cursos de formación, y ha asegurado, en relación a las querellas anunciadas por la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) y CCOO contra el testigo, que las mismas podrían constituir delitos contra la Administración de Justicia.

La Junta recurrirá la competencia de Alaya para investigar los cursos de formación El Gobierno ha confirmado que enviará la documentación que le reclama la instructora y además, acto seguido, las publicará en su web porque no hay nada que ocultar

La juez Alaya investiga sobornos a técnicos y altos cargos municipales a cambio de contratas públicas amañadas. La operación se desarrolla en Sevilla y otras provincias

Tras el nuevo auto de la juez Mercedes Alaya, los imputados por los ERE ascienden a 229.