Un colegio concertado recibe una cantidad de dinero del Estado para que pueda desarrollar su función. Pero, según el Sterm, en la Región existen algunos centros que, gracias a las cuotas que se les cobra a los padres, "se están lucrando y se supone que son empresas sin ánimo de lucro". "Por lo tanto, estamos ante un problema fiscal, ya que nadie controla ese sobresueldo que entra al colegio", según José Luis López Lillo, responsable de Política Educativa del Sterm.