Los expertos creen que las desviaciones presupuestarias en las grandes obras públicas son a menudo premeditadas.

El informe de la Plataforma en Defensa del Ebro culpa a los directivos de la empresa concesionaria, Aigües Segarra Garrigues (ASG), y a diversos cargos de la Generalitat de haber permitido el encarecimiento de la obra hasta el punto de hacerla inviable. El sobrecoste del Canal Segarra-Garrigues, que prácticamente ha duplicado el presupuesto inicial. Un presupuesto de 1.069 millones de euros puede acabar acabar costando 1.928 millones, es decir,un incremento del 81%. La PDE también quiere que se analice el impacto ambiental de la obra.

En España hay más de nueve millones de líneas de banda ancha residenciales (sin contar en empresas), de los que un 52% llevan con el mismo proveedor tres o más años, mientras que uno de cada diez no ha querido cambiar de compañía de banda ancha durante más de una década, ha indicado el comparador. Una de las principales razones por las que los consumidores no cambian de proveedor es que consideran que se trata de algo complejo que va a requerir una gran cantidad de tiempo.

El regulador estatal detecta elementos “sospechosos” en las relaciones entre su filial de ingeniería y dos distribuidoras e impone límites a sus contratos. Podría “no haber protegido adecuadamente a los contribuyentes” al incurrir en “cargos excesivos”.

Enresa admite “la posible existencia de ciertas inestabilidades” en los terrenos elegidos para construir el ATC después de que su presidente reconociera el mes pasado que podría no estar listo en 2018. Una UTE participada por la filial de Iberdrola que fichó al marido de Cospedal se ha vuelto a llevar otro contrato de ingeniería vinculado al multimillonario proyecto. Enresa, aseguró hace meses que el terreno elegido para ubicar el silo es “perfectamente viable”.

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia del Sindicato Manos Limpias contra los sucesivos Ministros del Gobierno de España titulares del actual Ministerio de Fomento, en sus distintas denominaciones, desde el año 2003 en que por el Consejo de Ministros se aprobaron las obras de la denominada 'Variante Ferroviaria de Pajares' entre Asturias y León, hasta el momento actual, y en su caso contra los responsables que se pudieran determinar en el transcurso del procedimiento.

Enresa, la empresa pública que construirá el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) ya reconoce que el coste de la infraestructura puede irse hasta los 1.000 millones de euros, lo que supone un sobrecoste de en torno a 100 millones de euros. Paralelamente, el ente público sostiene que “se están cumpliendo los plazos por parte de la empresa –el ATC se terminará a principios de 2018- sin que se haya incurrido en sobrecoste alguno”. Una cosa y la contraria.

Tras analizar proyectos encargados a constructoras como ACS, Acciona o Ploder entre 2006 y 2009, con Caldera y Corbacho como ministros de Trabajo, el organismo concluye que "el 92% de los contratos" sufrieron modificaciones que elevaron al alza los precios. "En algún caso, los costes económicos acumulados totales al finalizar la obra superaron el importe del presupuesto de licitación inicial".

Las fallas identificadas no solo aumentan el agujero económico de la capital sino que retrasan una y otra vez su inauguración, prevista para octubre de 2011 aunque ahora no se espera que entre en funcionamiento antes de 2017. Según el diario Bild, se considera incluso reconstruir completamente el aeropuerto.

La contribución de los EE.UU. para el ITER podría costar 3900 millones de dólres (cuatro veces la estimación original realizada en 2006). El creciente sobrecoste impulsó a un miembro clave del Congreso a plantear preguntas sobre el apoyo de EE.UU. para el proyecto. "Realmente estoy empezando a creer que nuestra participación en el ITER no es práctico", dijo la senadora Dianne Feinstein. Los líderes del ITER están preocupados ya que si Estados Unidos se retira, todo el proyecto podría estar en peligro.

La operación de la Guardia Civil ayer en Barcelona y Madrid por malversación de fondos afecta, por un lado, a Adif, administradora de la contratación de las obras, y por otro a la empresa Isolux Corsán-Corviam, que trabaja en cuatro tramos de la «Y vasca». Uno de ellos se encareció un 32,2% en dos años después de que la licitación tuviera que repetirse tras la quiebra de otra empresa.

Dos altos cargos del ministerio con Arias Salgado tuvieron que dimitir tras descubrirse que procedían de Corsán y que sus informes pudieron influir en que su exempresa desembarcara en la construcción de la vía Madrid-Barcelona

El candidato del PP a las elecciones europeas rehusó contestar las preguntas de El Intermedio sobre la adjudicación de contratos con sobrecostes por parte de su ministerio al grupo Tragsa "Yo no tengo nada que explicar. Yo nunca tengo nada que explicar, absolutamente nada", dijo Cañete de forma airada

Uno de los mayores estudios que analizan los sobrecostes en las infraestructuras públicas asegura que el 90% de los proyectos no consigue adecuarse al presupuesto. El trabajo, disponible en la web, lo llevó a cabo en 2009 el profesor de la Universidad de Oxford Bent Flyvbjerg después de estudiar los costes de las obras en veinte países del mundo. La modificación, eso sí, siempre es al alza.

El sobreprecio abonado equivale al recorte en sanidad y educación de Rajoy en abril de 2012. Proyectos deficientes, prisas políticas, improvisación, corrupción y bajas temerarias alientan un modelo en entredicho.

El diario El País cuenta que las investigaciones sobre las obras del AVE entre Madrid y Barcelona han destapado el verdadero volumen de los sobrecostes que la Administración paga en España por la obra pública. Según relata esta cabecera, el Ministerio de Fomento podría haber pagado hasta 10.000 millones de euros en seis años por los incrementos en los costes.

Han transcurrido casi 22 años desde el primer viaje de un AVE en España, el que inauguró la línea Madrid-Sevilla. Más de dos décadas que han dado para mucho, para convertirse en el segundo país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad

El Tribunal de Cuentas de la UE ha publicado recientemente un informe denominado ‘Eficacia de los proyectos de transporte urbano público financiados por la UE’ donde el principal objetivo de esta auditoría de gestión era evaluar la ejecución y la eficacia de los proyectos de transporte urbano público cofinanciados por los fondos estructurales de la UE. En la tabla hemos recogido los proyectos auditados en el caso de España, cuatro ampliaciones de metros en Barcelona y la ampliación de la línea 11 de Madrid a la Fortuna.

La diferencia entre lo presupuestado y lo invertido en la alta velocidad ha dado pie a varios procesos judiciales.

Trabajadores de la obra más cara de Asturias, la Variante de los túneles de Pajares, cuentan algunas de las claves que han provocado un desfase presupuestario de cien millones al año y un retraso que va ya por los cuatro años.

El Gobierno admite que el coste del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) puede seguir creciendo con respecto a los 900 millones de euros presupuestados actualmente. Según el Ejecutivo, hay "motivos que pueden originar un aumento"

Los sobrecostes de la línea llegaron a 1.732 millones de euros, en un gasto que supuso un 31,4% más de lo presupuestado inicialmente. El coste final del proyecto fue de 8.977 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas denuncia las irregularidades a la hora de hacer contrataciones en las que incurrieron siete fundaciones dependientes del Estado en el año 2012. El reciente informe de la institución fiscalizadora pone de manifiesto un amplio espectro de deficiencias, que van desde la falta de transparencia hasta la pérdida del control de los proyectos pagados, pasando por la actuación "en contra del principio de economía en la gestión de fondos públicos"

En el año 2013 han facturado por el consumo eléctrico un precio de 2.870 euros(sin IVA y sin impuesto eléctrico) y deberían haber facturado 1.525. Por lo que existe un error a favor de Gas Natural Fenosa de 1.346 euros. El Ayuntamiento de Arrancacepas, un municipio conquense de 38 habitantes, ha solicitado una solución a Unión Fenosa hasta en 5 ocasiones, todas ellas en balde. Este error se lleva cometiendo desde hace aproximadamente 30 años.