La Comunidad de Madrid se ha convertido en el centro de operaciones de los grandes fondos de inversión en el mercado del alquiler con un resultado poco balanceado: son los que acumulan más beneficios, denuncias de aumento de precio, más casos de mobbing inmobiliario y desahucios, y son, de lejos, los caseros que menos dinero dejan en las arcas del Estado. La ingeniería fiscal para no pagar impuestos o para reducirlos al mínimo ha alcanzado en el sector del alquiler una de sus cimas más altas.

Un grupo selecto de 303 empresas privadas acumula 49.954 pisos alquilados en Cataluña. Son los grandísimos tenedores, aquellas sociedades con más de 50 viviendas cada una. Dentro de estas empresas, la distribución también es desigual: sólo 30 controlan más de la mitad, 25.601 viviendas. Los grupos empresariales con más pisos son CaixaBank, Cerberus, Blackstone y Cevasa. Todo ello son datos obtenidos gracias a una petición de derecho de acceso a la información pública que ha hecho Civio en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

La sentencia sigue alegando cosas como que facilitarnos el acceso supondría un daño a la propiedad intelectual (pese a que la aplicación se desarrolló por la propia administración), la protección de los datos personales que usa, la seguridad de prácticamente todos los sistemas informáticos de la administración y prácticamente todos los límites a la transparencia de la ley, sin especificar demasiado. Relacionada: www.meneame.net/story/justicia-impide-apertura-codigo-fuente-aplicacio