Las asociaciones europeas de abogados AED y ELDH han remitido un comunicado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el que denuncian la violación de derechos de los abogados detenidos el pasado lunes, 12 de enero, en el transcurso de la operación Mate.

El grupo de juristas que integra el Proyecto I+D+i IUSMIGRANTE ha elaborado un informe que analiza la reforma de la Ley de Extranjería que bajo la figura del rechazo en frontera. Los inmigrantes "no son reducibles a objetos que se pueden devolver al remitente negándoles la palabra.La entrega sumaria por la vía de hecho a las autoridades marroquíes de ciudadanos extranjeros interceptados en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla sigue siendo radicalmente ilegal también con la nueva ley"

Juristas y magistrados criticaron este martes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el establecimiento de plazos para las instrucciones,que fija la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim),y advirtieron de que pueden servir de abono para que crezca la impunidad. El proyecto de ley mantiene los límites que ya figuraban en el anteproyecto aprobado el pasado mes de diciembre. Así se prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prórroga de 36 meses

"No es razonable" que la legislación española conceda solo un mes de plazo a los consumidores cuando consideran que existen cláusulas abusivas. Pide a la máxima instancia judicial europea que declare que la normativa española en cuestión es contraria a la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas.

La Asociación Española de Abogados Cristianos amenaza con llevarla a los tribunales si elimina cinco calles de las que le informan en una carta. Desaparecerán si aplica la Ley de Memoria Histórica. En concreto, se trata de la Plaza de los Mártires, Calle de las Mártires Concepcionistas, Calle de los Mártires de la Ventilla, Calle de los Mártires de Paracuellos y la Avenida de los Mártires Maristas. “Estas calles constituyen un recuerdo de las miles de personas asesinadas en los años 30 por razones políticas y, mayoritariamente, religiosas”.

“¡No hay derecho a que maten así a un animal!”. Esta semana hemos oído muchas frases similares por el polémico Toro de la Vega. Pero, en términos estrictamente jurídicos, ¿hay o no hay derecho? ¿Qué dice la ley? ¿Por qué permite espectáculos como las corridas o cruentos sacrificios de corderos por motivos religiosos? ¿Dónde está el límite? Teresa Giménez-Candela, catedrática, experta jurista y coordinadora del único máster en Derecho Animal y Sociedad que existe en Europa, explica cuáles han sido los avances y qué está fallando en España.

La modificación del Régimen Electoral General bajó la participación de las últimas elecciones de un 35% a un 5% por los obstáculos para votar.

Íñigo Corral pide opinión a varios juristas sobre si cabe aplicar la doctrina Botín al caso de la Infanta Cristina. Hay notables diferencias de opinión.. La imposibilidad legal de que sólo la acción popular pueda llevar a alguien al banquillo de los acusados sin que le imputen ningún delito ni la Fiscalía ni la acusación particular no es una cosa que se les ocurriera de la noche a la mañana a los jueces de la Audiencia Nacional o a los del Tribunal Supremo para crear lo que se ha venido a conocer como la ‘doctrina Botín‘..

Los médicos prescriben la duración de su vida. Los sanitarios son los profesionales más proclives a cometer suicidio, según la información revelada en el estudio Depresión y suicidio’, liderado por Louise B. Andrew, jefa de edición del Medline. En total, estima que unos 400 médicos se quitan la vida cada año en Estados Unidos, lo que equivale a “toda una facultad de Medicina”. La tasa de suicidio supera a otra profesiones altamente reguladas como es el caso de las fuerzas policiales, militares y abogados o profesionales judiciales.

Barcelona, 22 ene (EFE).- Un grupo de prestigiosos juristas catalanes impulsa un manifiesto en defensa del Estado de derecho y la democracia, que presentará el 2 de febrero, en un gesto contrario al proceso independentista, que se va a centrar en los próximos meses en el marco jurídico y las leyes de

La Asociación de Mujeres Juezas de España y la Associació de Dones Juristes ha denunciado los mensajes que discriminan a las mujeres en las redes sociales.

y profesores han firmado un documento conjunto en el que califican de «disparate» el hecho de que la trifulca de Altsasu haya sido considerada como «terrorismo», al tiempo que ven «inapropiada y desmesurada» la actuación de la Fiscalía y del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. La recogida de firmas continuará en los próximos días, y se pedirá a las instituciones que se posicionen sobre este caso.

Las asociaciones de jueces reconocen que cada caso que investiga un supuesto delito de exaltación del terrorismo y menoscabo a las víctimas es un mundo y tiene sus peculiaridades, lo que provoca que las sentencias sean diferentes. Sin embargo, los representantes de los jueces coinciden en que tanto quien hace las leyes (el legislador) como quien las aplica en última instancia (el Tribunal Supremo) deberían unificar criterios y ser más precisos a la hora de señalar qué es delito y qué no lo es. “la función unificadora le corresponde al..

Prego sostiene la opinión de que el fiscal Moix es un buen jurista con amplia experiencia, yo no es que esté de acuerdo con esa afirmación pues no tengo mejor criterio para juzgar su labor como jurista y la experiencia, llegado a ese ese cargo, se le supone, lo que ocurre es que de todo el artículo es lo único con lo que no estoy en un perplejo desacuerdo.

Me dirijo a usted en relación a su artículo en el título definido en el Mariñán del mes de mayo, revista editada por la Asociación de Empresarios de Sada. Le comento que, mientras escribía unas líneas de mi tesis doctoral sobre la discriminación y los derechos del colectivo al que pertenezco y usted vilipendia, me encontré con la existencia de su artículo, por lo que desvié la atención de mis quehaceres antinaturales, para atenderle como se merece un jurista.

Juristas y expertos en derecho que previamente han manifestado su desacuerdo con el proceso independentista en Cataluña han manifestado sus dudas sobre la paralización judicial del acto.Recogiendo solo algunos ejemplos encontramos el caso del catedrático en Derecho Constitucional Eduardo Vírgala que,basándose en “buenos administrativistas” y tras leer el auto,cree que no se dan las medidas cautelares que el juez Yusty defiende. “El acto no ha sido declarado ilegal por el TC,es una restricción del derecho de reunión,cabe reunirse para debatir..

Este jueves comienzan los trámites parlamentarios que deben concluir con la desaparición de la 'ley mordaza'. Los expertos consultados por este medio apuestan por dar "un paso más allá" y apostar por una ley "más garantista con los derechos de los ciudadanos" acorde a los estándares de los países de nuestro entorno.

Más sanciones y más duras. La élite del Derecho Laboral español ha llegado a la conclusión clara y distinta de que ni el contrato único ni un eventual encarecimiento de la contratación temporal, vía indemnización por despido, van a conseguir desterrar la cultura de la temporalidad que se ha instalado en España, y de que sólo un régimen sancionador severo, muy severo, podrá devolver el mercado laboral del país a la senda de la normalidad.

El jurista Daniel Amelang responde a cuestiones básicas como cuáles son los fines por los que se creó la figura de la incitación al odio o las consecuencias de una mala interpretación. ¿Qué es un delito de odio?¿Para qué se sirve y a quiénes pretende proteger?¿Busca condenar el mismo sentimiento de odiar?¿Qué riesgos tiene una aplicación 'amplia' de este delito?¿Los insultos a un Policía pueden ser un delito de odio? ¿Hay delitos con agravante de odio?¿Y los de los catalanes contra españoles o viceversa?

No es algo que se diga con frecuencia, pero legislar mucho, técnicamente mal y/o cambiar continuamente la ley aplicable no solo es incómodo para los juristas sino que en mi opinión es algo con consecuencias bastante más serias, contrario al Estado de Derecho y notablemente antidemocrático.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Progresistas han abogado este miércoles por que las condenas firmes por violencia machista, incluido el nombre del maltratador, se hagan públicas, una medida que tendría que articularse mediante una iniciativa legislativa.

Entre sus muchas luchas intelectuales estuvo la reivindicación de un sistema de asistencia social a la gente pobre, de escuelas públicas y gratuitas, y de la promoción de viviendas sociales. Todo ello como medio de erradicar la necesidad que tenía la gente más necesitada de valerse de la delincuencia para sobrevivir. Para ellos, además, defendió un sistema penitenciario encaminado a la rehabilitación del delincuente, reintegrándolo a la sociedad, en vez del mero castigo, como imperaba en la sociedad española de 1867.