El abogado defensor de Jordi Cruixat ha solicitado al tratar las cuestiones previas al juicio en sí mismo que el procedimiento «no debe empezar». En sus argumentos ha destacado que en la acusación se criminaliza el derecho a la reunión, que la Fiscalía «omite una parte de la verdad» y que el proceso mismo supone «una derrota colectiva de la sociedad española».

Canción de Puigdemont "It's not a crime"

El magistrado que investiga las cargas en Barcelona rechaza la petición de un sindicato policial para imputar a una treintena de lesionadosEl juez sitúa a los votantes del 1-O como "víctimas de los poderes públicos" y destaca que su actitud fue "meramente pasiva"El instructor censura a las autoridades catalanas y estatales por "trasladar a la calle" los conflictos "que debían resolverse en las instituciones"

El fiscal le saca un documento diciendo que se gastó 3,43 millones en la campaña Civisme para el 1-O, en los medios y con el logotipo de la Generalitat. Turull intenta explicar, sin concretar, que el dinero era para otra cosa y que lo metieron allí por prisas administrativas.

Resulta interesante ver como de un mismo tema, en este caso la violencia en el 20 de setiembre i el 1 de Octubre en Cataluña, se obtienen dos versiones completamente distintas. El framing, marco o encuadre es el proceso por el cual se influye en la percepción de los individuos acerca de los significados atribuidos a ideas o conceptos. El estudio de los framings parte de la idea que la forma como se explican los conflictos y los temas en los medios de comunicación y en los discursos públicos determinan la percepción de la opinión pública

Vayamos por partes, el proceso político que vive Catalunya no es un problema o un desafío, es sin lugar a dudas un conflicto político y por lo tanto su análisis es mucho más complejo, al igual que su resolución.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe remitido al titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona

En las imágenes de este y otros vídeos se muestra claramente que no era así.

Los Mossos d'Esquadra informaron al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdedmont de que podía haber una “escalada de violencia” el 1-O. Vaticinaron incidentes con la Policía, episodios de resistencia activa e indicaron que no se podía llevar a cabo la consulta después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a actuar a las fuerzas de seguridad. El fugado Puigdemont les contestó que tenía “un mandato del pueblo” para llevar a cabo el referéndum...

Entrevista a la abogada y analista política Gemma Calvet. La profesional especializada en derechos humanos, derecho penal y políticas sociales es entrevistada sobre su percepción sobre cómo está avanzando el juicio por el 1 de octubre.

El juzgado de instrucción 7 de Martorell ha citado como imputados a dos profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por humillar supuestamente a hijos de guardias civiles tras el 1-O. La comparecencia será el próximo 21 de junio en una causa que se abrió por delito de odio y contra la integridad moral, han indicado fuentes cercanas al caso, aunque desde la conselleria de Educación de la Generalitat, que ejerce la defensa de los docentes, han rechazado confirmar la fecha.

En una de las páginas, un grupo de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional agarran por la fuerza y le acarician sus partes a una mujer. En otra, dos guardias civiles aturdidos bailan sobre unos sacos en los que se puede leer la palabra fariña (en referencia a la cocaína). Y un agente que se arrastra sobre una raya blanca en el suelo. Son algunas de las ilustraciones que componen el libro On és l'Estel·la?, promocionado por el Govern de Baleares

"Pasadnos vídeos de 10 a 15 segundos de violencia". La Fiscalía de Sabadell considera acreditado el espionaje llevado a cabo por los Mossos d'Esquadra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Se trató de un servicio expresamente creado para favorecer el movimiento separatista a través del control de Guardia Civil y Policía Nacional», señala en un escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell.

Análisis del nuevo slogan del independentismo.

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, el encargado de investigar las cargas policiales del 1-O en la ciudad, ha citado para declarar en calidad de investigados a ocho inspectores jefe de la Policía Nacional, responsables en la capital catalana del operativo policial en 27 centros de votación en los que se produjeron cargas.

El Consejo por la República considera las nuevas detenciones de miembros de los CDR como un intento de "fabricar un relato de violencia inexistente" y, como respuesta, propone "desbordar democráticamente al Estado represor" a través de "hacer efectivo el mandato del primero de octubre y construir la República Catalana"

El Ministerio del Interior ha decidido enviar varios grupos de antidisturbios de la Policía Nacional a Cataluña y evaluará con la Generalitat y los Mossos d'Esquadra, que es el cuerpo encargado en primera instancia de garantizar la seguridad en la región, si incrementa la dotación de refuerzo en los próximos días, coincidiendo con el aniversario del 1-O y la sentencia del procés.

El ex secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha declarado que actualmente no se dan las condiciones legales para poder aplicar otro 155.

Unas 18.000 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado este martes por la tarde por el centro de Barcelona en el segundo aniversario del 1-O, con el grito de “ni olvido, ni perdón” como una de las principales consignas.

El TSJC le restituye en su puesto de trabajo tras ser purgado por denunciar el uso de colegios para la consulta del 9-N en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha excluido a los dirigentes de Ciudadanos y el PSC Inés Arrimadas y Miquel Iceta como testigos del juicio por desobediencia contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, debido a un error de la acusación popular ejercida por Vox, que los propuso como testigos.

“@isaelbal Han borrado el tuit....”

Esos contratos con Unipost suman 35.000 euros, pero hay que añadir otros 40.000 adjudicados 48 horas antes de su entrada en liquidación.

La Audiencia Nacional, desde las diez de la mañana, acoge el juicio contra el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; la intendenta Teresa Laplana, y los que fueran cargos de la conselleria de Interior, Pere Soler y César Puig. No son pocas las fuentes policiales consultadas que anoche reconocían que ante el juicio más importante de la historia de los Mossos d’Esquadra, la organización había vuelto a fallar por exceso de prudencia. Y reivindicaban una imagen mucho más potente con la presencia en las puertas de la Audiencia Nacional