La magistrada llama a declarar como investigado a Eugenio Llorente Gómez y advierte de que el curso de la investigación "irá delimitando el tipo de la intervención" del también ejecutivo del Grupo ACS José Alfonso Nebrera García. La planta fue creada con capital privado, pero con el propósito inicial de transformarla en empresa pública: "Asumiendo así el Erario Público todas las operaciones millonarias". Ante el incumplimiento del contrato, las empresas de ACS interpusieron una demanda por el total de 600 millones de euros que debían cobrar..

Los querellados son el es exconsejero Antonio Cerdá de Murcia, como Presidente del Consejo de Administración del Ente Público del Agua. Junto a él, están varios altos cargos de este ente público entre los que se encuentran el que fue gerente y el actual presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, junto a cinco personas más.

El ministerio público reclama a la juez que cite a declarar como imputados a varios excargos políticos del PP, así como a los empresarios José Alfonso Nebrera, Ramón Jiménez Serrano y Cristóbal González Wiedmaier, directivos del grupo de Florentino Pérez."Desde la recepción provisional y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en abril de 2009, se ha mostrado como una fuente de gastos imponentes para el Gobierno de la Región de Murcia que se mantiene nueve años después;se planifico todo un esquema de contratos y sociedades constituid

La fiscal María Isabel Neira Campos, que investiga el agujero de 600 millones de euros de la planta desalinizadora de ACS en Escombreras (Cartagena), se ha hartado de la gestión que ha hecho de esta empresa de capital mayoritariamente público el Gobierno de Murcia. Y por eso ha reclamado a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Región de Murcia, María del Mar Azuar, que nombre "a un interventor judicial" para que controle los pagos que el Ejecutivo murciano abona a la firma de Florentino Pérez.

La acusación ha reclamado a la juez de Murcia María del Mar Azuar que cite a declarar como testigo al presidente de ACS, Florentino Pérez, a quién consideran el máximo responsable de organizar la "trama" de empresas que realizaron los trabajos sin concurso público; también reclaman a la juez que cite como testigo al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, que ahora es eurodiputado, a quién consideran el principal responsable de la adjudicación "a dedo" de la obra por la que el Grupo ACS pretende ingresar 600 millones..

Unos 600 millones de euros se 'evaporaron' en la construcción de la desalinizadora de Escombreras. La Fiscalía apunta a Florentino Pérez y las filiales de ACS. Ahora, como parte de las investigaciones,ha pedido la citación en calidad de testigos para alcaldes de cinco ayuntamientos Murcia.La Fiscalía ha citado a declarar como testigos a varios exalcaldes del Partido Popular en la Región de Murcia: Barreiro,Miguel Ángel Cámara (Murcia), Daniel García Madrid (Torre Pacheco), María Antonia Conesa (Fuente Álamo) y Francisco Blaya Blaya (Mazarrón)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha instado a no "criminalizar" a todos los agricultores por los pozos y desalobradoras presuntamente ilegales detectados por la Guardia Civil en el Campo de Cartagena y el entorno del Mar Menor en el transcurso de una operación desarrollada por la Fiscalía de Medio Ambiente con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Se trata de la mayor desaladora por ósmosis inversa del mundo. Tendrá capacidad para tratar 909.000 m3/día de agua de mar y garantizará el suministro de agua a la ciudad de Abu Dhabi durante todo el año. Podrá abastecer aproximadamente a cuatro millones y medio de personas.

La Audiencia de Murcia, previo recurso de una de las defensas, ha dado carpetazo a la ampliación de la instrucción de lo que parece un nuevo 'Caso Castor' por causa compleja solicitada por la Fiscalía y aprobada por la juez que investiga el caso. El motivo: que la juez, María del Mar Azuar, acordó la prórroga más allá del techo de seis meses de instrucción que ha fijado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que llevó a cabo el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy en el año 2015.

El fiasco escandaloso de la liquidación judicial del asunto de la planta desaladora de Escombreras, Cartagena, simplemente porque la magistrada instructora del caso, María del Mar Azuar, ha dejado pasar los plazos legales, no es más que un indicador de cómo está el aparato judicial en Murcia. No hace mucho sucedió lo mismo con el expresidente de la Comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, otro beneficiario de una actuación judicial que podría tomarse por indolente si no repitiese el mismo leit motiv: proteger a los políticos del PP

El expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular ofreció cobertura a la adquisición de la desaladora de Escombreras en condiciones de apariencia tremendamente gravosa para las arcas públicas. No en vano, la Administración regional aceptó abonar 600 millones de euros por la producción de agua en el plazo de 25 años, con una cláusula llamada 'take or pay' que garantizaba los pagos incluso en el caso de que no desalara ni una gota.

La Guardia Civil les acusa de arrojar a ramblas o al acuífero casi 4 millones de metros cúbicos de salmuera, que habrían acabado en la laguna

La denuncia recoge correos sobre reuniones en San Esteban y actas en las que el expresidente murciano otorga «su apoyo total al proyecto»

La policía nacional descubre que el Gobierno murciano del PP colaboró para que la constructora consiguiera rendimientos del 60.000% desplazando todos los costes y riesgos a las arcas públicas.

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) se abastecerá en su totalidad, desde 1 de enero, de energías procedentes de fuentes renovables para reducir a cero la huella de carbono. El consejero señaló que el Cabildo "tiene unos objetivos de descarbonización de su consumo eléctrico muy ambiciosos y para lograrlos esta es la primera de las medidas,..."