El Tribunal de Cuentas considera de "dudoso encaje legal" los sistemas establecidos en varias universidades españolas, entre ellas Vigo y A Coruña, para incentivar las prejubilaciones de profesores y que, solo durante el periodo 2007-09, costaron a las arcas públicas 43,6 millones de euros. En virtud de estos planes, las universidades abonan a los docentes, desde que se retiran hasta los 70 años, la diferencia entre la pensión que les corresponde, que en muchos casos es la máxima, y el salario que percibían en el momento de abandonar su plaza.