La Brigada Político Social fue instrumento fundamental de la represión franquista. Lucas Marco, licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas y colaborador en diversos medios de comunicación, acaba de publicar el libro 'Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de València', editado por la Institució Alfons el Magnànim tras obtener la I Beca de Periodismo de Investigación Josep Torrent de la Unió de Periodistes Valencians.

... ni siquiera se puede ojear" El historiador Pablo Alcántara (Avilés, 1992), doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, es el primer investigador académico que defiende una tesis doctoral sobre la Brigada Político Social (BPS) de la policía franquista. El joven historiador, colaborador de elDiario.es y exponente de una nueva hornada de investigadores interesados en los aspectos aún desconocidos de la represión franquista, ha rellenado con su tesis doctoral un llamativo vacío en el estudio de la policía política de la dicta

Entrevista al historiador asturiano, que publica el libro 'La secreta de Franco', un retrato minucioso sobre la policía que mantuvo el régimen. La represión del franquismo permitió mantener al dictador Francisco Franco en el poder durante cuarenta años. Una de las piezas más indispensables en ese engranaje de persecución política fue la Brigada Político-Social , conocida como la policía secreta del régimen. La transición y la ley de amnistía la silenciaron.

Si esta noticia hubiera sido publicada en Tercera Información o en Rebelión en vez de en ABC lo primero habría sido pensar que era una conspiranoia. Según el artículo, la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional tiene un informe sobre colectivos políticos, estudiantiles y sociales perfectamente legales que desarrollan actividades legítimas pero aún así son vigiladas por la policía.

Villarejo y el resto de miembros de la Brigada Político Social están acusados de torturar a Julio Pacheco Yepes en agosto de 1975.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, ha admitido a trámite -en un auto fechado el pasado 28 de diciembre- una querella criminal por un delito de torturas cometido en 1971 por diversos policías adscritos a la Brigada Político Social de la capital valenciana, entre quienes se encuentran, Jacinto López Acosta, Benjamín Solsona Cortés y Manuel Ballesteros

Junto a los servicios de inteligencia militar, la policía fue una herramienta calibrada por la dictadura franquista para combatir la subversión. La unidad especializada en esta tarea ostentó un nombre que adquiriría resonancias siniestras entre la oposición de cualquier tendencia ideológica: la Brigada Político Social (BPS). Sus orígenes se remontaban a la División de Investigación Social creada en 1926, bajo la dictadura de Primo de Rivera, por iniciativa del director general de Seguridad, Severiano Martínez Anido.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, Nicolasa García, eligió la precisa fecha de 18 de julio de 2019 para comunicar al Ayuntamiento zaragozano y a los más de una treintena de familiares de víctimas del franquismo personados, el archivo de la querella interpuesta seis meses antes contra siete policías y dieciocho gobernadores del franquismo por genocidio, crímenes de lesa humanidad, torturas sistemáticas y desapariciones forzadas. La falta de delicadeza de la jueza, a qué dudarlo, constituía un razonamiento de hecho en

Felisa Echegoyen y Ángela Gutiérrez presentan informes periciales para demostrar que fueron víctimas de malos tratos cuando fueron detenidas por la Brigada Político Social. Sus querellas, individuales, se suman a la de Luis González-Carreño.

Tras nueve años de búsqueda infructuosa, la temible Brigada Político-Social se enteró de la identidad real del responsable de reconstruir el PCE gracias a una indiscreción del escritor.

Roberto Conesa, Manuel Gómez Sandoval, Jesús González Reglero y su hermano Miguel Ángel, Andrés Gómez Margarida o Anechina Checa. Son algunos de los nombres vinculados a la Brigada Político Social a los que el Gobierno ha reconocido con medallas y condecoraciones.

Al menos ocho policías de la Brigada Político Social y de la lucha antiterrorista, entre ellos José Manuel Villarejo, han constituido empresas de vigilancia, seguridad y formación de vigilantes, rozando la delgada línea que separa el ámbito público del privado.

Papel destacadísimo en las tareas represoras jurisdiccionales jugó Jaime Mariscal de Gante y Moreno (1920-2005), primero como Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Orden Publico (1966 a 1974) y después desde finales de 1974 como Director General del Régimen Jurídico de la Prensa. Entre las copias de los Boletines Informativos de la Brigada Político Social (BIBPS), (…) En la tercera línea de firmantes por la izquierda aparece claramente la firma y rúbrica de Jaime Mariscal de Gante.

El hermano del militante nacionalista presentó en febrero pasado una querella criminal contra 24 miembros de la Policía Armada y de la Brigada Político Social franquista, al estimar que participaron el 11 de agosto de aquel año "en el operativo policial en el que falleció" el joven, vinculado con la Unión do Pobo Galego.

Uno de los autores del reportaje “Torturadores franquistas vivitos y coleando” es el periodista asturiano Vicente Bernaldo de Quirós. Militante del PCE en el tardofranquismo, cuando era universitario, Vicente cuenta en el artículo que publicamos a continuación, en exclusiva en esta Web, los malos tratos que padeció entonces y los malos ratos que soportó mucho más tarde, en plena democracia, con el trato de favor por parte del PSOE que tuvieron muchos de aquellos turbios servidores del franquismo que nunca fueron purgados

Paco Lobatón habla sobre cómo 'Billy el Niño' le detuvo y le torturó cuando tenía 21 años.

Se cumplen 40 años del asesinato de Francisco Rodríguez Ledesma, albañil de 54 años, del barrio obrero del Cerro del Águila (Sevilla). Fue asesinado en una manifestación por un agente de paisano de la Brigada Político y Social. El agente que disparó nunca fue identificado ni juzgado.

Todas las guerras tienen un “factor humano”, pero las guerras civiles lo multiplican. La carga de odio y de revancha funcionan como psicopatología individual, que no tiene por qué transformarse en social, si bien el impropiamente llamado “civismo” de estas guerras empuja a la analogía. Este factor humano interactúa en dos sujetos personales que evolucionan a sociales en la inducción propuesta, y son a la vez emblemáticos de las dos metodologías de la policía política del franquismo: Melitón Manzanas González y Antonio Juan Creix.

Ahora resulta que casi todos los medios de comunicación se están tragando a pies juntillas la última gran manipulación de la cocina infernal de la brigada política de Interior creada por orden del ministro Jorge Fernández Díaz. Esto es, que todas las maniobras inconfesables y operaciones ilícitas emprendidas contra los rivales políticos del Partido Popular fueron planeadas y cometidas por un solo comisario: el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas.. Así que ahora se ven obligados a colaborar con la misma trama..

Fuentes de Interior revelan a 'Público' que el ministro Zoido planea designar durante las vacaciones de agosto al nuevo responsable de la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia a uno de los más activos mandos de la 'brigada política', hombre de la máxima confianza de Cospedal que participó en montajes policiales y fue investigado por ello.

El Tribunal Superior de Justicia Madrid ha condenado a un año de prisión a Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy y artífice de la brigada política, por el caso del pendrive de los Pujol. Los jueces le consideran culpable de un delito de revelación de secretos y le imponen una multa de 7.200 euros además de la obligación de indemnizar a Jordi Pujol Ferrusola con 2.000 euros.

Los trabajos parapoliciales de los agentes que ocuparon la primera línea de la brigada política tuvieron recompensa económica. En los primeros cuatro años de Mariano Rajoy en el Gobierno, periodo en el que se efectuaron los principales encargos contra los independentistas catalanes y Podemos, seis de los siete imputados en la Audiencia Nacional fueron condecorados con una 'medalla roja', que supone una asignación mensual de por vida del 10% de su salario.