Un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016. El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fue entregado la semana pasada al Juzgado y acusa de participar en este fraude a 18 personas, entre ellas el propietario del Grupo, Bartolomé Cursach; el ex director general, Bartolomé Sbert; y el actual director general, Miguel Pérez Marsá.

El empresario y su número dos, recién absueltos, acusan al exjuez, el exfiscal y los policías de Blanqueo de 23 delitos por su actuación durante la instrucción del caso

El histórico de la noche palmesana, que comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y llegó a convertirse en el propietario de las mayores discotecas de Balears, gimnasios y hoteles e incluso de una desaparecida aerolínea de vuelos chárter bautizada con sus siglas, supo tejer sus relaciones. Durante décadas, el magnate se relacionó con sutileza con el PP y con Unió Mallorquina (UM), eterno partido bisagra.

El agente, que investigaba una de las tramas corruptas más importantes de las islas, ya ha sido puesto en libertad.El juez que ordenó requisar móviles a dos periodistas investiga un posible delito de revelación de secretos a raíz de una publicación de Europa Press.En esta noticia se informaba de que, en un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales, se acusaba al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones..

Bartolomé Cursach es el ‘rey de la noche mallorquina’. Con locales de ocio nocturno como Megapark en Palma y BCM en Magaluf, Cursach lleva desde los años 80 constituyéndose como el dueño de la noche mallorquina. Según testigos, Cursach es una persona que “se cree con derecho a todo. Tenía mucha gente comprada y utilizaba sus contactos para hacer daño a el que quería”. Uno de estos testigos denunció en 2007 a Cursach aunque perdió el juicio. Ahora, 11 años más tarde, se ha abierto una causa contra Tolo Cursach y le dan la razón al testigo que le

Una testigo que colabora en la investigación de la trama corrupta en la Policía Local ha asegurado que el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el diputado autonómico Álvaro Gijón, asistían a fiestas con droga y sexo en una finca propiedad de Cursach o en prostíbulos. Según este testimonio cada lunes se organizaban partidas de póker en la finca Puntiró, propiedad del empresario Bartolomé Cursach, , y que cuando concluía la partida "había auténticas bacanales".

Constantes seguimientos, pintadas amenazantes o insultantes en la puerta de su domicilio, un vehículo quemado, maniobras que buscan desacreditarle... Son algunos de los hostigamientos que el juez Manuel Penalva, que instruye el caso Cursach, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante estos hechos, el órgano judicial ha admitido a trámite este jueves la petición de amparo del magistrado, que actualmente es titular del juzgado nº 12 de Palma. En el escrito que Penalva presentó ante el CGPJ, el juez denunció

Detenido el exjefe del Grupo de Blanqueo de la Policía por las filtraciones del caso Cursach. Agentes de Asuntos Internos llevan días en Palma investigando quién y cómo filtró documentos sensibles de una causa bajo secreto de sumario. El exjefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional ha sido detenido este martes por sus compañeros en la Jefatura Superior. La detención se enmarca dentro de la investigación por las filtraciones del sumario del caso Cursach y otros delitos relacionados con esta causa.

Ninguno de los que osaron abrir una investigación contra el todopoderoso Bartolomé Cursach por controlar y favorecer con un sistema de corte mafioso sus locales de ocio continúa en su puesto.El caso ha dado un giro de 180 grados y los perseguidores son ahora los perseguidos, mientras Cursach acaricia la nulidad y contempla el espectáculo en libertad y con las investigaciones de sus causas paralizadas.

De un lado, el caso Cursach, en el que el magnate mallorquín Bartolomé Cursach -quien comenzó su trayectoria como recogepelotas de tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Baleares, gimnasios, hoteles e incluso una desaparecida aerolínea bautizada con sus siglas-, su mano derecha y otros 22 acusados -en su mayoría policías locales de Palma- se encuentran pendientes del señalamiento del juicio que deberán afrontar, bajo peticiones de condena que suman más de cien años de cárcel, por urdir un presunto entramado mafioso

El Ministerio Público elimina el presunto delito de cohecho para la mayoría de los procesados por lo que se reducen considerable las peticiones de cárcel: siete años menos para el magnate de la noche y una rebaja de otros cinco para su número dos, acusado de controlar a la Policía Local de Palma. Cuando quedan diez días para que arranque el juicio por el 'caso Cursach', el más importante sobre mafia policial y corrupción en Baleares en las últimas décadas, la Fiscalía rebaja sustancialmente las acusaciones y las penas de prisión para los cabeci

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) celebrará a partir del lunes el juicio contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro funcionarios de la Policía Nacional de Palma que investigaron el denominado caso Cursach . La Fiscalía Anticorrupción considera que Penalva y Subirán, como principales responsables de la instrucción del caso Cursach, son responsables de los delitos de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.

El hasta ahora abogado del diputado del PP Álvaro Gijón en el caso Cursach, José Ramón Orta, ha decidido apartarse de la defensa de su cliente después de que una testigo le implicara en sus declaraciones.

La Fiscalía pide que la testigo clave del ‘caso Cursach’, que imputa a los políticos José María Rodríguez y Álvaro Gijón en orgías pagadas por el empresario, vaya a juicio por una estafa y una denuncia falsa, según publica el diario 'Ultima Hora' en su edición de este sábado. La exgerente de un conocido club de Palma denunció en 2016 a la testigo por quedarse con el dinero de una póliza de seguros del establecimiento y por mentir sobre unas amenazas a ella y su hijo.

Un ex empleado del Grupo Cursach ha identificado a varios policías que según su versión acudían con cierta frecuencia a la zona VIP de discotecas del grupo acompañados de bailarinas. El testigo manifestó a los investigadores que sospechaba que los policías podrían estar recibiendo sobornos o prebendas por parte de la empresa.

Así se ha expresado el acusado en el juicio por una paliza al testigo protegido número 29 de la causa que investiga la presunta trama de corrupción en la Policía Local y su relación con los negocios del empresario Bartolomé Cursach.

Recusación del juez en el caso Cursach,trama de la noche en Baleares en la que están implicados PP,mafiosos, policía... www.google.es/amp/m.eldiario.es/politica/Bartolome-Cursach-Palma-corro

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha presentado una denuncia contra el empresario Bartolomé Cursach por llamarle "subnormal" cuando se ha presentado en las dependencias judiciales para entregar su pasaporte.

El Ayuntamiento de Palma ha decretado la paralización parcial de la actividad en el complejo deportivo MegaSport, decisión que ha motivado el cierre del establecimiento, según fuentes cercanas al Grupo Cursach. Estas mismas fuentes han explicado que el cierre se debe "única y exclusivamente" a la interposición de las medidas cautelares por parte del Área de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna. Según fuentes consultadas por 20minutos, el gimansio cuenta en la actualidad con 8.500 abonados y 200 empleados directos que podrían perder su l

La testigo protegida número 31 del 'caso Cursach' ha sido juzgada este jueves en un Juzgado de Palma por presuntos delitos de apropiación indebida y denuncia falsa, un procedimiento ajeno a la instrucción de la macrocausa. Durante el juicio, la mujer ha negado los hechos y la Fiscalía ha mantenido la pena solicitada, de dos años de cárcel y multa de unos 700 euros. Además, reclama que indemnice a la víctima con 3.000 euros en concepto de daño moral.