El archivo después de tres años de imputación del caso Neurona contra Podemos y el de la querella del fondo buitre Vauras contra Ada Colau y dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, que la Audiencia Provincial ordenó investigar en abril de 2022, podría ser una ocasión propicia para que la cúpula judicial se pronunciara sobre el uso ilegítimo de la Justicia para desgastar a los oponentes políticos.

Si hace veinte años se te ocurrió pagar en negro cualquier chapuza en tu casa (un fontanero, un enchufe, una mano de pintura en el salón…), si incurriste en algún desliz de este tipo y por un momento se te ha pasado por la cabeza dedicarte ahora a la política, ándate con cuidado y piénsatelo bien.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha advertido a los jueces de que se podrían enfrentar a “consecuencias penales” si no comparecen ante las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, ya que su asistencia es “de obligado cumplimiento”. En pleno debate sobre el 'lawfare', Junts ha insistido en el Código Penal para proseguir su enfrentamiento institucional con los jueces. Rius ha recordado el artículo que castiga como desobediencia a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejen de comparecer ante

La Sala de lo Penal encarga al juez Pedraz, y no a García-Castellón, estudiar la querella contra la cúpula política y policial del ministerio. El juez Santiago Pedraz, al que correspondió por reparto la querella, la envió al juzgado número 6 que dirige Manuel-García Castellón, al entender que los hechos relatados correspondían en parte al caso Kitchen, que ya instruía su compañero. Podemos recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal alegando que García-Castellón había manifestado animadversión contra su ex líder, Pablo Iglesias, al que inte

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su "solidaridad y empatía" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar esta tarde que reflexionará hasta el lunes sobre si continúa o renuncia al cargo, al remarcar que su partido "sabe bien qué significa el 'lawfare'". Eso sí, ha lanzado que debían haberle parado los pies la práctica de la guerra judicial y "persecución mediática" cuando "acosaron" al exvicepresidente Pablo Iglesias y a una exministra del Gobierno, en referencia a Irene Montero "en su propia casa".

Antes de Sánchez, diferentes voces clamaron contra el lawfare, los bulos y los movimientos de las cloacas cuando los que lo sufrían eran otros: partidos independentistas, Podemos, y políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Mónica Oltra, Ada Colau, Alberto Rodríguez; Pisarello, Asens y los comuns; Victoria Rosell… etc. El ejemplo del partido morado fue especialmente sangrante, con casos que aparecían en época electoral, duraban meses o años y acababan en nada. Que abrían portadas y telediarios y luego se ninguneaban cuando se archivaban

La sentencia determina que el juez empleó unas diligencias penales de investigación para introducir datos con la finalidad de perjudicar el prestigio de la anterior juez de instrucción Victoria Rosell. La causa abierta contra la entonces diputada de Podemos se inició a raíz de una querella del ex ministro Soria. Una causa en la que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Salvador Alba se reunió con un empresario para preparar la declaración en la incriminara a la juez de Podemos.

“No es solo una campaña contra Podemos, es también contra la democracia”, afirma la portavoz del partido Isa Serra. El juez Escalonilla investiga desde 2020 una denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, en la que apuntaba a media docena de irregularidades contables en el seno del partido político. La mayor parte de esas piezas de investigación, entre ellas la que indagó en si la ministra Irene Monteró usó a trabajadoras del partido como niñeras de forma ilegal, han quedado archivadas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, ha suscrito por unanimidad un acuerdo en el que advierte de que no autorizará las comparecencias de jueces en las comisiones de investigación parlamentarias en las que ERC y Junts pretenden esclarecer supuestos casos ‘lawfare’ o persecución judicial contra líderes independentistas.

Diciembre de 2019. Un abogado, José Manuel Calvente, acude a un cuartel de la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables del partido político que acababa de despedirle. Podemos, que en ese momento negociaba su entrada en el Gobierno con el PSOE, vio cómo un juzgado de Madrid abría una matrioshka judicial llamada caso Neurona que no dejaba de crecer hasta que, tres años después, ha quedado archivada. El magistrado Juan José Escalonilla, señalado por Podemos como un artífice del 'lawfare', ha dictado el sobreseimiento.

El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella de Podemos contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el juez refuerzo, el magistrado Joaquín Gadea, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas en un supuesto caso de lawfare al haber reabierto la investigación contra el partido por presunta financiación ilegal.