La "convalidación de gasto" permitió abonar servicios sin fiscalización previa, beneficiando a la Fundación Jiménez Díaz con 22,69 millones al mes durante un año y medio. Esta fórmula legal para casos urgentes, empleada sin restricciones por el Ejecutivo de Ayuso, ha levantado críticas y sospechas al favorecer al principal beneficiario de la privatización sanitaria en Madrid.
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