El pasado martes Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A pesar de que en el año 2019 se llegó a la etapa de juicio oral, no hubo a lo largo de los años una pericia contable para determinar si se pagó de más. Tampoco existió constatación de que las obras no se hubieran hecho; no hubo declaraciones testimoniales que indicaran que se hubieran recibido órdenes para que Austral Construcciones fuera la ganadora de las licitaciones. No hubo registros de mails, llamad

Las tácticas de cambio de régimen en América Latina han cambiado, desde aquellas sangrientas invasiones y golpes de Estado el Norte Global ha migrado a un espectro de métodos de golpes blandos entre los cuales se inscribe el llamado lawfare. Según citan Camila Vollenweider y Silvina Romano, se trata de "un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar". De manera similar es descrito en "Unrestricted Warfare" (Guerra irrestricta), un libro de 1999 sobre estrategia militar.

Según la socióloga Beatriz Stolowicz, las reestructuraciones neoliberales en favor del Capital siempre constan de dos etapas: una demoledora, que habilita la destrucción de los mecanismos del Estado de Bienestar, la violencia institucional, la sobreexplotación, la pauperización, el saqueo de los recursos estratégicos y la transferencia de ingresos desde el Polo del Trabajo a las pocas manos del Gran Capital; y una etapa de estabilización sistémica, donde la “doctrina del shock” se institucionaliza y hasta se “naturaliza”.

"Todas las mujeres, en todos los ámbitos, desde el periodismo hasta la medicina, estamos sujetas a distintas expresiones de violencias machistas. La violencia política busca que las mujeres abandonemos la arena política a través del acoso y la humillación. Busca la proscripción política de las mujeres que estamos en esta lucha. Huir de esa arena política implicaría que las mujeres dejemos de estar en los espacios de decisión, ahí donde se puede transformar la vida de toda la sociedad y de toda nuestra gente. Ese es el impacto que se busca.

Desde la inversión del concepto de duda razonable hasta el patrullaje de las redes sociales de la vicepresidenta, un desglose de las razones para la condena. El análisis de 1616 páginas. El tribunal que condenó a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad desplegó todo su juego en las 1.616 páginas de fundamentos de la sentencia: respaldó acríticamente a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola; cuando la prueba no le alcanzó, la produjeron los propios jueces; descalificaron y denunciaron a los abogados defensores, utilizaron la duda en contra...

"¿Cómo es posible que un proyecto político que removió los cimientos de un país dormido se encuentre pocos años después en el punto de mira incluso de una buena parte de quienes salieron beneficiados con su irrupción en escena? ¿Qué es lo que suscita tanta inquina? Si son tan malos, si son tan nocivos, ¿cómo es que han conseguido tantas cosas? Si en Podemos son ya tan pocos, ¿cómo es que se les sigue haciendo tanto caso?"

El Instituto Internacional para la Acción No Violenta (Novact) ha publicado un informe que deja muy malparados a unos cuantos países de la Europa mediterránea, entre ellos el estado español. Explica que usan acusaciones de terrorismo contra movimientos pacíficos, disidentes, partidos políticos u organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de desmantelarlos o criminalizar sus ideologías.

La vicepresidenta habría utilizado caudales públicos para reunirse con el prófugo Carles Puigdemont.

Tertulia jurídica sobre el lawfare contra Podemos con Juan Carlos Monedero.

El rapero Pablo Hasel recoge en Erosionando muros (Pol·len Edicions) noventa y nueve poemas escritos desde que ingresó en prisión, en febrero de 2021. Este poemario tiene un tono diferente de algunas de sus canciones, más contenido personal, de emotividad y ternura, pero igualmente está muy presente la parte reivindicativa y de denuncia "para ejercer la urgente autodefensa".

¿A quién beneficia? ¿Afecta a delitos de terrorismo? ¿Menciona el polémico 'lawfare'? ¿Cómo se justifica? Uno de los aspectos fundamentales de la ley de amnistía, sobre todo para el PSOE, es que el texto reconociera la Constitución y el sistema jurídico español. Aunque parezca una obviedad, a nivel político es de enorme trascendencia, porque supone alejar a los firmantes independentistas de la vía de la unilateralidad.

"El Gobierno de Mariano Rajoy usó al Ministerio del Interior, a la Policía y a la Guardia Civil para fabricar pruebas falsas contra Podemos. Esas pruebas falsas fueron puestas en manos de periodistas corruptos para producir centenares de noticias falsas con el objetivo de destruir mi reputación y la de otros dirigentes del partido gracias a horas y horas de difamación en los informativos y en las tertulias de las principales cadenas de radio y televisión, y gracias a ríos de tinta en los grandes periódicos del país."

Es curioso que quienes ahora braman contra una ley, cuyo proyecto recién salió ayer, no lo hicieran contra los corruptos de su propio gremio e incluso los voten de forma sistemática; que no condenen la dictadura franquista y comprendan a quienes desarrollan acciones criminales genocidas en el presente. Pero esta es la realidad en nuestro país. Por el momento lo que sí se percibe en algunos componentes del sector judicial es un alineamiento político con la estrategia del PP y VOX para entorpecer la investidura de Sánchez

El PSOE ha asegurado que el acuerdo que ha firmado con Junts para permitir la investidura de Pedro Sánchez no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de "detectar casos de lawfare", sino que se refiere a las comisiones ya acordadas en agosto con los independentistas catalanes en su pacto para la Mesa del Congreso. También ha manifestado que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy reiterar el comunicado aprobado por este mismo órgano el pasado 9 de noviembre, en el que expresaba su frontal rechazo a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a establecer responsabilidades derivadas del denominado ‘lawfare’ y ha advertido de que se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de esas comisiones.