La política nacional de vivienda colapsó en el año 2008. Desde entonces, España ha llevado a cabo la transición de un modelo de vivienda basado en la propiedad y en el endeudamiento a un modelo de vivienda basado en el alquiler. Los diferentes gobiernos han optado por dejar a buena parte de la población, en particular a los jóvenes, expuesta a un mercado inmobiliario formado por caseros particulares y fondos oportunistas

El Fondo Monetario Internacional reconoce en un documento que alquilar una vivienda es cada vez más difícil en Europa. Y apuesta por una ampliación de la oferta de viviendas públicas en alquiler y mecanismos fiscales como la imposición de tasas a los pisos vacíos como herramientas para reducir las desigualdades en el acceso a la vivienda que detecta que se están incrementando en los últimos años

El consejero delegado de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias, Agustín Fernández Clemente, compatibiliza el puesto con el de administrador solidario de una inmobilaria que promueve la venta de viviendas. Un despacho denunció la doble actividad al estimar que es susceptible de ocasionar perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas y de incumplir el régimen de incompatibilidades. Fernández es pareja de una hija de Casimiro Curbelo, líder de ASG partido que sustenta el Gobierno en Canarias junto a PSOE, Podemos y NC

La empresa depositó las escrituras en una notaría de Huelva el pasado 6 de abril y desde entonces los inquilinos de las viviendas de protección oficial de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, han insistido en que estas sigan en el parque público residencial. Pese a la compra, las viviendas se mantendrán bajo tutela pública hasta 2030, fecha en la que finaliza su régimen de protección oficial. Sin embargo, la empresa puede subir el coste del alquiler dentro de la franja permitida.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que pretende prohibir la inversión extranjera en vivienda durante los próximos dos años. Además, también ha asegurado que quiere aplicar un impuesto a las viviendas pertenecientes a estos inversores internacionales que se encuentren vacías. “Las casas no deberían estar vacías cuando hay tantos canadienses tratando de comprar una”, ha expresado.

Pocas horas han tardado desde los partidos de derecha en revolverse contra la nueva Ley de Vivienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos. Tanto PP como Cs ya han anunciado que boicotearán la reforma en los territorios que gobiernan. Además, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha avanzado en El Programa de AR (Telecinco), que llevará la ley al Tribunal Constitucional, siguiendo una estrategia recurrente en los populares.

“Sus declaraciones no hacen más que demostrar el gran desconocimiento que tiene de la realidad”, asegura la vicepresidenta en referencia a la frase que dijo el líder del PP asegurando que quien tiene trabajo puede acceder a una vivienda. “Parece que vive en un planeta ajeno”. ″¿El señor Casado va a decir que no a un parque de viviendas público? ¿Va a gobernar contra una mayoría social? Si lo hace ostentará el liderazgo de la oposición en el mejor de los casos, pero no gobernará nunca”.

La nueva ley de Vivienda tumbará una de las medidas estrella del urbanismo de Barcelona: la obligación de destinar el 30% de los pisos de las nuevas promociones que se construyan en la trama urbana a vivienda social a costa de los promotores. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez explicaron que el borrador de la nueva ley permitirá a los ayuntamientos que lo deseen exigir esta reserva de suelo a los promotores, pero les obligará a compensarles económicamente por la edificación perdida...

Con el mismo sigilo con el que se mueven los agentes inmobiliarios en busca de una oportunidad de mercado, los técnicos autonómicos visitan cientos de los 1.327 locales comerciales propiedad de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) desde finales de 2020. Para cuando encuentran lo que buscan, empieza a tomar forma una suerte de Idealista autonómico: con la lista de espera de solicitantes de vivienda social a rebosar, pues hay 4.289 peticionarios en la categoría de especial necesidad, el gobierno regional ha empezado a transformar locales...

El partido morado ha registrado una propuesta para cambiar la ley de vivienda balear. Podemos ha registrado en el Parlament la propuesta para que sea considerado gran tenedor quien tenga al menos cinco viviendas en propiedad. El partido morado ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley de Vivienda de Baleares para rebajar de 10 a 5 el número de pisos para ser considerado un gran tenedor, según han explicado este lunes sus dirigentes. La propuesta de Podemos llega después de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, abr

El 8,4% de las familias con niños y niñas tiene problemas para pagar a tiempo su hipoteca o alquiler en España, el doble de la media de la Unión Europea (4,3%). España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa, ya que apenas alcanza el 2,5% del total, lo que supone una cuarta parte de la media europea (9,3% del parque). A esto se añade otro problema y es que el alcance de las ayudas a la vivienda en España es sumamente reducido.

El Partido Popular se opone a la ley de vivienda en el fondo y en la forma. Poco después de que ERC y EH Bildu anunciaran este viernes un acuerdo con el Gobierno para aprobar una ley de vivienda que impone un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024 el PP ha salido en tromba a criticar tanto el contenido de la norma como el acuerdo con los socios habituales de la coalición.

Falta menos de un mes y medio y los diferentes partidos del Régimen aprovechan cada encuentro y comunicación ante los medios para iniciar su particular campaña electoral. Desde el Gobierno, tanto PSOE como Unidas Podemos usan la vivienda y la nueva Ley como primera bandera. Una hipocresía absoluta que no sostiene comparación con la realidad. Ni se pone tope al alquiler, ni se pone freno a la especulación y ni mucho menos se hace frente al negocio de fondos buitres y los bancos. Nada de eso está incluido en esta "progresista" Ley de vivienda.

El Congreso ha sacado adelante la primera ley de vivienda con la que se pretende contener el precio de los alquileres, un debate clave en un momento en el que el derecho a la vivienda se ha convertido en un asunto central de la precampaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La iniciativa ha recibido 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención.

El Pleno del Congreso de esta semana debatirá una proposición no de ley del PP en la que, entre otros puntos, pide la derogación de la recién aprobada Ley de Vivienda y también la puesta en marcha de un plan 'antiocupación' que permita desalojos en un plazo de 24 horas. El PP registró su propuesta incluso antes de que la Ley de Vivienda entrara en vigor el pasado jueves. Defiende su derogación porque considera que incluye medidas "intervencionistas y dirigistas contrarias a la libertad individual" y que va a contraer la oferta del mercado de l

Hay un problema con la vivienda. En eso coinciden todos los partidos políticos, pero ahí se acaban las coincidencias. Una campaña de la derecha y la extrema derecha consigue explotar “anécdotas extremas” y ‘fake news’ para situar la okupación como el principal problema de la vivienda. Según los discursos del PP, Vox y el abanico de canales de TV y medios afines que han difundido e impulsado estos enfoques, la culpa del “problema de la vivienda” la tienen los okupas, los inquiokupas, los migrantes, en resumidas cuentas, los pobres.

Para el obispo José Luis Retana, esta disposición de las instituciones públicas de las viviendas de los pueblos donde ya no hay sacerdote residente, para su posterior alquiler con fines sociales, “es un bien para los pueblos”.Para Suárez-Quiñones se plasma “el compromiso social de la Iglesia y el compromiso social de las políticas de vivienda de la Junta”. Programa Rehabitare, protocolo para que viviendas en desuso propiedad de la Diócesis de Salamanca sean rehabilitadas por la Junta de Castilla y León y sacadas posteriormente a alquiler social