Con este anteproyecto de ley, el gobierno intenta superar una asignatura en la que han embarrancado una sucesión de ejecutivos de todo color: poner en marcha unas políticas activas de empleo eficaces.

La CE exigió que la negociación y acuerdo sobre la reforma laboral contara con la presencia-veto de la CEOE. Ello supuso, de entrada, abandonar la promesa de derogar la reforma laboral de Rajoy. Luego, tras el acuerdo logrado entre Gobierno-CEOE-CCOO/UGT, éste fue convertido en texto sagrado y, tras una tramitación inflexible y una votación de sainete, el Decreto Ley ha sido finalmente aprobado. El gobierno está feliz: lo importante no es si el gato es pardo o gris, sino que cace ratones. Lo demás no importa.

El Gobierno ha contratado a Blackstone y KKR para vender los bienes del banco malo, propiedad del Estado, que se están gestionando con opacidad. Esta contratación demuestra la falta de coherencia en la política de vivienda del Partido Socialista. En el anteproyecto de Ley de Vivienda se expone la necesidad de incrementar el parque público de vivienda y se prohíbe su venta. Sin embargo, al mismo tiempo que el Gobierno declara solemnemente estos objetivos, su Ministerio de Economía está vendiendo las viviendas de Sareb por la puerta de atrás.

Ya no quito mi tuit---------------------------------------

La eurodiputada alemana exige información y critica laxitud. La Comisión Europea confirma que vigilará cumplimientos antes del próximo pago a España

Según la información que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, la plantilla de los ministerios con titulación superior se reducirá un 1% en 2023 (unos 800 empleados menos hasta 96.121) respecto al año anterior. Mientras, en el otro extremo, el personal con menos formación académica o la más básica, es decir, con solo el graduado escolar, aumentará un 6,2% (unos 6.000 más hasta los 103.590)

El Consistorio se suma a la petición realizada por el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la ciudad. Las vecinas de los bloques de las calles Bratislava y Estocolmo, en Alcorcón, llevan un año luchando contra su casero, la inmobiliaria Testa, de Blackstone. En noviembre de 2021 comenzaron a recibir las primeras cartas de la propiedad. En ellas, Testa anunciaba subidas abusivas del alquiler, de más de un 40%. “En la práctica se traducen en expulsiones de sus casas”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas.

El Gobierno de Orbán ha levantado finalmente su veto a la ayuda de 18.000 millones en créditos blandos para Ucrania a lo largo de 2023. De la misma forma, los Veintisiete han aprobado el plan de recuperación de Budapest —aunque el desembolso de los 5.800 millones en ayudas está condicionado a la adopción de reformas para garantizar la independencia judicial y reforzar la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses— y han pactado establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.

La financiación occidental a Ucrania en los últimos años ha estado ligada a un drástico programa de ajuste estructural que ha exigido medidas de austeridad y privatización, incluida la creación de un mercado de tierras para la venta de terrenos agrícolas. El Presidente Zelenskyy promulgó la reforma agraria en 2020 en contra de la voluntad de la gran mayoría de la población, que temía que exacerbara la corrupción y reforzara el control de poderosos intereses en el sector agrícola.

El Ministerio de Agricultura ha iniciado las obras de la tubería de Valdurrios, en Los Monegros, para poner en marcha miles de hectáreas de regadío, sin disponer de dotación de agua, con un gasto previsto que se eleva a 50 millones de euros. Desde SEO/BirdLife recordamos los compromisos ambientales con la Unión Europea para declarar un espacio natural protegido, aprobar los planes de conservación de especies esteparias amenazadas o medidas agroambientales específicas para los agricultores y ganaderos de secano en Monegros.

La Generalitat de Cataluña ha obligado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a firmar sin foto electoral protocolos que suponen amarrar una inversión del Estado de 1.114 millones de euros en esa comunidad autónoma. La Generalitat rechazó una propuesta de la ministra de firmar estos documentos oficiales en la sede del Consejo Comarcal del Vallès este viernes y exigió que fuera telemática,

Lo que se está desmoronando es el modelo agroalimentario de producción de alimentos neoliberal. Se está desmoronando su modelo, no el nuestro.