Esta lamentable situación también se explica en parte por una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos. Solo se producirán a través de la presión ciudadana. Algo difícil.

Representantes de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han pedido este miércoles en una reunión al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que dimita para forzar a los partidos a pactar la renovación de este órgano, pendiente desde hace más de dos años y medio.

En los últimos días, y con el aparataje propio de las grandes ocasiones, que se sirve de editoriales de diarios de gran tirada, se ha retomado la campaña de presión para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial y su presidente dimitamos. Y digo bien cuando aludo a que la operación se ha retomado, porque no es nueva. Con los pactos de renovación me pasa como con las oleadas de Covid, que no sé en cuál estamos: ya no recuerdo si fue el tercer o cuarto intento de acuerdo de renovación, así que lo dejo en el último...

Las votaciones para designar a los nuevos representantes del TC y el Defensor del Pueblo tendrán lugar en dos semanas. Génova descarta un pacto sobre el Poder Judicial para entonces

La separación de poderes del Estado es uno de los principios fundamentales de cualquier sistema democrático y consiste en que cada uno de ellos, ejecutivo, legislativo y judicial, debe ser ejercido por órganos distintos, los cuales, además, se relacionan entre sí a través de un sistema de controles y equilibrios que garantice que ninguno ostenta un poder absoluto ni arbitrario.

Más de 1500 días lleva paralizado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una situación que mantiene enfrentados al PP y PSOE, pero que también parece estar a punto de enfrentar de nuevo a los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Y es que, ante las presiones recibidas para intentar «forzar» esta renovación, los vocales más «socialistas» del CGPJ, como Álvaro Cuesta, parecen resistirse a abandonar el cargo (y los 7.500 euros de remuneración)

Presenté un escrito corto en el que se pedía que la Fiscalía de Madrid, de manera institucional, condenase el golpe de Estado y se pusiese decididamente al lado de la democracia de la que estaban disfrutando sin sobresaltos. El debate fue muy revelador, ni recuerdo ni quiero recordar las posturas, escasas, a favor de los golpistas. Lo más desolador fue la postura mayoritaria de los cínicos que manifestaban, de viva voz, su desacuerdo con la entrada violenta en el Congreso de los Diputados, pero enfatizaban su profesionalidad....

No podrán los Jueces o Magistrados dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.

Gloria Elizo y Meri Pita, así como el exparlamentario Eduardo Santos, destacan que el precio a pagar por ello es "inasumible". Dos diputadas de Unidas Podemos, Gloria Elizo y María del Carmen Pita, y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno navarro, Eduardo Santos, exparlamentario nacional de la formación, han remitido a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA un artículo en el que expresan su disconformidad con la inclusión de Enrique Arnaldo en el cupo de renovación del Tribunal Constitucional y su desacuerdo con el apoyo a la candidatura

La Sala Tercera es la que tiene que decidir sobre los recursos contra los indultos del 'procés y el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, entre otras cuestiones candentes. El bloqueo de la renovación del CGPJ por parte del PP impide nombrar nuevos jueces.

El Gobierno ha buscado un atajo rápido para esquinar posibles obstáculos a su deseo de cambiar las normas para elegir a los magistrados que conforman el órgano de gobierno de los jueces y restringir sus competencias cuando se encuentra en funciones. El Ejecutivo pretende lavarse las manos y por ello ha dispuesto que sean los dos grupos parlamentarios que le sostienen en la Cámara los que, utilizando el instrumento de la proposición de ley apadrinen la iniciativa de reforma del CGPJ con la que Pedro Sánchez quiere neutralIzar el bloqueo del PP.

PP y Vox controlan la judicatura, el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado. En 40 años de democracia, la derecha española ha aprendido la lección. Ya no sueñan con el pronunciamiento o asonada en plan burro y sangriento porque no lo necesitan. Tienen todas las armas que hacen falta en los arsenales de las Audiencias Provinciales. Tienen a los militares y a las fuerzas de seguridad, que están con ellos. Tienen de su parte a muchos jueces y a la patronal y a la Iglesia (salvo contadas excepciones). Controlan el Tribunal de Cuentas...

Socialistas y populares pactado finalmente este jueves la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, caducada desde 2019, y el recambio de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de situar a Ángel Gabilondo como defensor del pueblo, teniendo como adjunta primera a la diputada del PP y víctima de ETA María Teresa Jiménez Becerril. En el caso del Constitucional, los dos partidos acordaron los nombres de Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes; Concha Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia

Gobernando el PP en 2001 a estos jueces conservadores les parecía intolerable que el CGPJ llevase 2 MESES sin renovar.