El discurso de Oskar Matute sobre una propuesta de Vox en materia de vivienda: "Los derechos que se compran con dinero no son derechos, sino privilegios"

La política nacional de vivienda colapsó en el año 2008. Desde entonces, España ha llevado a cabo la transición de un modelo de vivienda basado en la propiedad y en el endeudamiento a un modelo de vivienda basado en el alquiler. Los diferentes gobiernos han optado por dejar a buena parte de la población, en particular a los jóvenes, expuesta a un mercado inmobiliario formado por caseros particulares y fondos oportunistas

El Fondo Monetario Internacional reconoce en un documento que alquilar una vivienda es cada vez más difícil en Europa. Y apuesta por una ampliación de la oferta de viviendas públicas en alquiler y mecanismos fiscales como la imposición de tasas a los pisos vacíos como herramientas para reducir las desigualdades en el acceso a la vivienda que detecta que se están incrementando en los últimos años

El vehículo inmobiliario del grupo Azora, Encasa Cibeles, ha instado ante notario al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a que recupere las 1.721 viviendas protegidas que aún gestiona, del total de 2.935 que le fueron adjudicadas en subasta pública en 2013. El resto de las viviendas, según el fondo, han sido vendidas a "terceros". Esta adjudicación a este fondo buitre fue declarada nula por la justicia ya que se estimó que la venta fue "irregular" y quebró "la protección social" de las personas que vivían en ellas.

La FRAVM denuncia que el fondo de inversión sigue con los desahucios pese a que ya no es el propietario de las viviendas, y advierte que con la devolución pretenderá recuperar el dinero invertido en la compra pese a que habría vendido un sesenta por ciento de los inmuebles.

Los embargos de vivienda habitual se situaron en el primer trimestre del año en su nivel más alto en cuatro años, tras crecer un 84,1 % y alcanzar 3.207 procedimientos, la cifra más alta desde 2017

"Yacimientos milenarios enterrados bajo toneladas de hormigón. Cada año, aparecen restos arqueológicos en obras que, en muchas ocasiones, son destruidos en pos de la urbanización (...) Las constructoras están obligadas por ley a reportar cualquier yacimiento que surja en unas obras, pero nadie las controla, solo se les exige una declaración responsable".

“Lo ideal sería vivir en la diversidad, sino se hacen guetos: aquí los activistas, allí los migrantes. De lo que se trata es de convertirnos en un pequeño tapón de la barbarie neoliberal”

Desde que en el 12 de junio del 1913 cuando el Rey Alfonso XIII, familia de los actuales monarcas, decretó la Ley de las Casas Baratas y el paréntesis de la guerra civil, pero sobre todo desde el 1959 con la famosa frase del ministro franquista José Luís Arrese de “no queremos una España de proletarios sino de propietarios” se generaron – en medio siglo- más de 15 Planes Nacionales de Vivienda hasta nuestros días con José Luís Ábalos, Ministro de Fomento del PSOE, copia política de la derecha social-liberal y moderada europea.

Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Interior se habían negado a facilitar los datos relativos al tamaño de las viviendas oficiales de sus titulares, Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska. Así se habían pronunciado en sendas respuestas a dos solicitudes de información recibidas a través del Portal de Transparencia. Finalmente, seis meses después de que se requirieran estos datos, se han visto obligados a revelarlos tras un ‘ultimátum’ lanzado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El Gobierno de coalición atraviesa por un momento de evidente tensión. Se están acumulando diferentes problemas. Lo que antes era comunicación fluida, en los maitines de los lunes se demostraba, está teniendo algunas disfunciones y eso se está notando en el día a día. No es que los canales estén rotos, sigue habiendo los mismos, pero sí está faltando información compartida en decisiones de calado.

El Gobierno se encuentra perfilando los últimos detalles del decreto que prorrogará de forma indefinida la limitación de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional a partir del 9 de agosto, cuando vence la protección vigente. Esta es una de las piezas del escudo social en materia de vivienda que desplegó el Ejecutivo a comienzos de la crisis sanitaria y económica y que se ha ido extendiendo con el paso de los meses sin haber conseguido, sin embargo, frenar todos los lanzamientos.

El consejero delegado de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias, Agustín Fernández Clemente, compatibiliza el puesto con el de administrador solidario de una inmobilaria que promueve la venta de viviendas. Un despacho denunció la doble actividad al estimar que es susceptible de ocasionar perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas y de incumplir el régimen de incompatibilidades. Fernández es pareja de una hija de Casimiro Curbelo, líder de ASG partido que sustenta el Gobierno en Canarias junto a PSOE, Podemos y NC

El Consistorio advirtió ayer en un comunicado que el alquiler de habitaciones a turistas por días seguirá prohibido en Barcelona. Hace un año la Generalitat aprobó un decreto que permitía esta actividad, pero dio a los ayuntamientos un año para restringirla si lo consideraban conveniente.

La empresa depositó las escrituras en una notaría de Huelva el pasado 6 de abril y desde entonces los inquilinos de las viviendas de protección oficial de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, han insistido en que estas sigan en el parque público residencial. Pese a la compra, las viviendas se mantendrán bajo tutela pública hasta 2030, fecha en la que finaliza su régimen de protección oficial. Sin embargo, la empresa puede subir el coste del alquiler dentro de la franja permitida.

En una manifestación que tendrá lugar en la capital alemana el 11 de septiembre de 2021, numerosas organizaciones saldrán a la calle para reivindicar la congelación de los alquileres a nivel nacional durante los próximos seis años así como la construcción de más viviendas asequibles y el traspaso de la propiedad de los propietarios privados a manos del Estado.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que pretende prohibir la inversión extranjera en vivienda durante los próximos dos años. Además, también ha asegurado que quiere aplicar un impuesto a las viviendas pertenecientes a estos inversores internacionales que se encuentren vacías. “Las casas no deberían estar vacías cuando hay tantos canadienses tratando de comprar una”, ha expresado.

Unidas Podemos desafía a su socio de Gobierno. La formación morada y otros ocho partidos, entre ellos ERC, Bildu y Más País, han registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda al margen del PSOE. La propuesta está impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas o el Movimiento Nadie sin hogar y cuenta con el respaldo de los sindicatos CCOO, UGT, y CGT.