Suella Braverman pidió a los funcionarios públicos que la ayudaran a evitar una multa por exceso de velocidad y puntos en su licencia mediante la organización de un curso privado de concienciación de manejo uno a uno. El acuerdo, que buscaba la ministra del Interior después de que la sorprendieran conduciendo a exceso de velocidad el verano pasado, habría significado que no tendría que asistir a un curso en persona con otros automovilistas, o uno en línea donde su nombre y rostro serían visibles en la cámara para otros participantes. .

El Departamento de Justicia cerró su investigación sobre el posible mal manejo de documentos clasificados encontrados en la casa del exvicepresidente Mike Pence y no presentará cargos

Nuevo megaproyecto a la vista en la Comunidad de Madrid, aunque es ampliamente conocido por los madrileños. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recupera la Ciudad de la Justicia que planteó el Partido Popular de Esperanza Aguirre en el año 2005 y rechaza que sea un privado quien explote esta reunificación de las sedes judiciales. Así, serán las arcas públicas las que asuman de manera directa el coste de su levantamiento en el barrio de Valdebebas por un valor de 660 millones de euros. Así lo ha decidido la administración después de que quedara des

El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha lanzado un ordenamiento interno prohibiendo al ministro de justicia, Itamar Ben Gvir, dar instrucciones operacionales a las fuerzas de seguridad sobre cómo deben actuar durante las manifestaciones y el uso de la fuerza durante las protestas. La sala sentenció en marzo que el ministro de extrema derecha no tenía permitido dar tales órdenes y hoy ha encontrado que Ben Gvir violó ese mandato. Resto de la traducción del artículo en #1

El documento, que se reproduce en esta página, es una “propuesta de investigación por informaciones recibidas” que incluye, entre otras personas, al entonces fiscal jefe de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, o a la empresaria Sol Daurella, presidenta y principal accionista de la empresa embotelladora de Coca Cola, miembro de la tercera generación de la saga familiar y tenedora de una de los principales patrimonios económicos españoles.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva ante la Justicia la orden del Ministerio de Sanidad de principios de año que hizo obligatoria la mascarilla en centros sanitarios. La Comunidad de Madrid anuncia que recurre esta decisión ante la Audiencia Nacional al entender que “la instrucción no respeta el acuerdo necesario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”. Y lo hace, el mismo día que la región rebaja a “recomendable” el uso de la misma.

El que fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno del PP Francisco Martínez ha recurrido su imputación en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño. Pide anular la resolución del juez que le citaba como investigado y el archivo de la causa dado que han transcurrido más de 10 años de los hechos investigados.

EL Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la proposición de ley del PP que limita la justicia universal con los únicos votos a favor del PP. Una de las causas que tramita ahora la Audiencia Nacional es la causa del Tíbet que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en la que todos los querellados son ciudadanos chinos, entre ellos dos expresidentes de ese país, mientras que los querellantes son el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y un lama de nacionalidad española.

España se sumará al procedimiento abierto contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia, convirtiéndose en el primer país europeo en hacerlo. "España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Se trata de un paso que llevamos valorando muchas semanas y que ya han dado otros países", ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, durante la convocatoria urgente celebrada en la sede del Ministerio.

La nueva LECrim, que sustituirá la actual de 1882, supondrá una revolución en la investigación de los delitos: los fiscales pasarán a ser los instructores y los magistrados en esta fase pasarán a ser ‘jueces de garantías’.

La futura Ley cambia aspectos sustanciales en la investigación de los delitos, que pasa a depender de los fiscales y no de los jueces, como hasta ahora. El anteproyecto señala que los jueces se limitarán en los procedimientos judiciales a ejercer de árbitros para garantizar que se respetan los derechos de quienes participan en la causa. También prohíbe a los partidos políticos y sindicatos ejercer la acción popular como hacen ahora en los casos de corrupción.

Para una parte de la izquierda, que presta en general poca atención a los movimientos que se dan en el seno del Estado, este tema no resulta demasiado interesante porque hace tiempo que le regalamos todo lo que tenga que ver con el Derecho a la derecha. Casi parece justicia poética que parezcan la misma palabra. Por otra parte, también desde la izquierda se han sucedido algunos artículos críticos con la propuesta de reforma del Gobierno. A priori, esto podría parecer una buena noticia, pero el problema es que la gran mayoría de ellos...

Además, ha subrayado que él no tendría problemas en ir a declarar si el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid le cita en relación a la cuenta desde la que se realizaron pagos a la consultora política Neurona, y ha tildado de "gilipollez" el hecho de que fuera apoderado de la misma, algo habitual cuando se ejercen las funciones de secretario de Organización, responsabilidad que él ostentó en Podemos.

No cabe mayor pérdida de imparcialidad que la del órgano judicial, que sin ser competente, considera que lo es y dicta sentencia. La sentencia del TS puede caerse como un castillo de naipes, porque tiene los pies de barro

El que fuera secretario de Organización del PP de Galicia se compromete a colaborar con la justicia "sin restricciones"

Se cumple un año del histórico comunicado de Don Felipe VI durante el estado de alarma, rompiendo con su padre

El ponente de la resolución ha sido el juez Garrido, que ya frenó otras restricciones del Gobierno vasco en otras fases de la pandemia

Tanto el expresidente de la Generalitat como Toni Comín y Clara Ponsatí habían presentado un recurso ante el Tribunal pidiendo medidas cautelares contra el levantamiento de su inmunidad.

La Ley de Memoria de 2007 ha venido obligando a los ciudadanos a estrellar sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación contra el muro de un ejercicio de la justicia insensible