El Consejo del Poder Judicial es, a día de hoy, la mayor vergüenza de nuestro sistema democrático. Resulta impensable que quienes integran el órgano encargado de velar por la independencia del Poder Judicial, según el artículo 122 de la Constitución, decidan participar directamente del debate político censurando a otros poderes del Estado, ya sea a cuenta de la anunciada ley de amnistía o de cualquier otra.

El Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid estudiará dentro de una semana, el lunes 13 de noviembre, la petición de medida cautelar de una ciudadana para paralizar la tramitación parlamentaria de la amnistía antes de que exista siquiera esa ley. El que tendrá que tomar una decisión al respecto es el titular de ese juzgado, José Ramón Manzanares Codesal, que fue precisamente indultado por el Gobierno de José María Aznar en 2004 tras ser apartado de la carrera judicial por prevaricación.

«No estoy de acuerdo con la amnistía. No me he pronunciado para no influir en los militantes por mi posición de secretaria general. Los nacionalismos siempre me han parecido lo más alejado al socialismo. La igualdad tiene que seguir siendo inherente a nuestras siglas», escribió la regidora palentina.

En el texto, los firmantes expresan su apoyo a que "la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una ley de amnistía para contribuir a normalizar la situación política entre Cataluña y el Estado". Así, recuerdan que "los objetivos de las amnistías, según el derecho internacional vigente, son alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país".

Mientras Pedro Sánchez trabaja para conseguir el apoyo de Junts --después de haberse garantizado el voto favorable de ERC--, la derecha política, mediática y judicial ya ha iniciado su ofensiva para intentar boicotear la investidura del socialista. Y ahora también se ha sumado el mundo eclesiástico. Son diversas las personalidades de la Iglesia española que han decidido pronunciarse en las últimas horas para demonizar la amnistía para los líderes del procés, así como el independentismo, en términos más generales.

La cúpula del poder judicial español —dividido y caducado desde hace cinco años— ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía. Hay que tener en cuenta que este pronunciamiento forzado por magistrados colocados por el PP se produce cuando todavía no tienen en sus manos ninguna ley de amnistía, porque esta todavía no ha estado del todo pactada entre el PSOE y Junts per Catalunya; ni siquiera se ha presentado al Congreso de los Diputados ninguna proposición de ley para sacarla adelante.

"Me opongo a la amnistía porque significa borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Ahora veo que hay algo peor, que es el intento de reescribir lo que pasó o lo que ha pasado. Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borrell, cambió el tono este martes para referirse a la amnistía que el PSOE ha acordado con ERC y Junts para allanar la investidura de Pedro Sánchez después de que el lunes se mostrara un tanto sarcástico al respecto. Si el ayer Borrell ventiló la cuestión apuntando que "quienes saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso", hoy ha asegurado que la iniciativa busca "hacer borrón y cuenta nueva".

Por desgracia, la amnistía es simplemente la excusa que han encontrado algunos para no reconocer un resultado electoral que simplemente no les permite gobernar. Poco más que eso.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha presumido ante Pedro Sánchez de su "capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy", en referencia a su pacto sobre la ley de amnistía, "y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana". Así se ha dirigido al presidente del Gobierno en funciones durante el debate de su investidura este miércoles en el Congreso. "La diferencia en que usted escuche a García-Page o a Zapatero depende de la fuerza que tengamos", ha asegurado.

¡No hay derecho! Los socialistas se han quedado cortos con la proposición de ley orgánica de amnistía. Han dejado fuera de esa legislación a muchos políticos que deberían haber sido incluidos. Ha habido una discriminación más que evidente con el resto de personas sujetas a la redención. Esa medida de compasión, con perdón, debería amparar por ejemplo de forma ineludible a la señora Ayuso. Ella merece que le promulguen un reset completo a sus excesos dialécticos, a sus ataques infundados a diestro y siniestro, a sus improperios salvajes y a sus

"Cuando los periodistas denunciamos los abusos del poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial; cuando denunciamos las puertas giratorias de unos y otras entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial … ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos, por ejemplo, a uno de los casos más sangrantes de interferencia partidista en los nombramientos de jueces, juezas, fiscales y un largo etcétera. Nos referimos al caso del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que es la materialización en cuerpo y alma de la ley de amnistía para el PP".

La ley del Poder Judicial castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Pese a estas limitaciones que impone la ley, las cúpulas judiciales conservadoras censuran estos días ―con pronunciamientos, firma de comunicados y protestas en la calle― a las autoridades y poderes públicos que han impulsado la ley de amnistía y acordado la investigación de casos de persecución judicial a políticos.

El Ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha viajado a Bruselas para reunirse con la vicepresidencia de Transparencia, Vera Jourova, y con el comisario de Justicia, Didier Reynders. Bolaños pidió estos encuentros para explicar el bloqueo del PP a la renovación del Consejo del Poder Judicial, que la semana que viene cumple cinco años en funciones y la ley de amnistía, después del fracaso del PP en su intento de europeizar en el Parlamento Europeo el asunto.

El rechazo popular a la futura amnistía no ofrece dudas, según el barómetro de diciembre de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. El perdón a los encausados por el procés independentista catalán solo encuentra comprensión entre los votantes de Sumar y de las formaciones nacionalistas. Y por territorios, solo en Cataluña y el País Vasco. En el conjunto de España, casi el 60% considera que la futura ley es injusta y supone un privilegio. Ninguno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno en su favor obtiene la aprobación ciudadana.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves en una entrevista en Antena 3 la amnistía que se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados tras su investidura. “Estoy persuadido de que el PP, si no hubiera dependido de los votos de Vox para sacar adelante su investidura y solo del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía”, ha afirmado en televisión Sánchez en alusión a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo.

Las Cortes Valencianas celebrarán un pleno extraordinario sobre la amnistía a los líderes del procés. Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Valencia ha recordado las amnistías que el PP ha practicado en el pasado "El mayor amnistiador es Aznar".

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es uno de los rostros destacados que participan en las jornadas para analizar la ley de amnistía y sus consecuencias legales que organiza el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Partido Popular) de la mano del diario jurídico Confilegal. Este foro, en el que también participan otros rostros conocidos, ha alarmado a la izquierda, desde donde se ha exigido conocer el coste que esto supone para las arcas públicas. En la respuesta a la pregunta formulada por escrito en este sentido por el PSOE, se detalla..

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se habría recuperado del desgaste que suponen la negociación y los primeros trámites de la ley de Amnistía

El PP vuelve este domingo a la calle para protestar contra la amnistía. Desde el pistoletazo de salida en el Wizink Center, las concentraciones han sido poco menos que diarias. Conservadores y ultraderechistas mantienen la costumbre de calentar la calle por cuestiones que nunca serán, aunque se empeñen, la primera preocupación de los españoles. La derecha siempre que se ha manifestado ha sido, históricamente, en favor de recortes de derechos que, una vez alcanzado el poder no ha modificado, o no siempre.