Hay un problema con la vivienda. En eso coinciden todos los partidos políticos, pero ahí se acaban las coincidencias. Una campaña de la derecha y la extrema derecha consigue explotar “anécdotas extremas” y ‘fake news’ para situar la okupación como el principal problema de la vivienda. Según los discursos del PP, Vox y el abanico de canales de TV y medios afines que han difundido e impulsado estos enfoques, la culpa del “problema de la vivienda” la tienen los okupas, los inquiokupas, los migrantes, en resumidas cuentas, los pobres.

La vivienda de protección oficial (VPO) de alquiler en España se halla en una década perdida: las estadísticas apenas recuerdan menos construcción de pisos sociales. Pero esos bajos niveles no han impedido grandes diferencias por territorios, como que en la Comunidad de Madrid se hayan construido casi tres veces más vivienda con esa calificación que en Cataluña desde 2014, pese a que ambas autonomías cuentan con un peso de población similar.

Para el obispo José Luis Retana, esta disposición de las instituciones públicas de las viviendas de los pueblos donde ya no hay sacerdote residente, para su posterior alquiler con fines sociales, “es un bien para los pueblos”.Para Suárez-Quiñones se plasma “el compromiso social de la Iglesia y el compromiso social de las políticas de vivienda de la Junta”. Programa Rehabitare, protocolo para que viviendas en desuso propiedad de la Diócesis de Salamanca sean rehabilitadas por la Junta de Castilla y León y sacadas posteriormente a alquiler social

La Comunidad de Madrid ha publicado este jueves la orden que regula los nuevos precios del módulo de vivienda protegida en la región, precios que no se actualizaban desde 2008. Así, los nuevos módulos se sitúan “por metro cuadrado de superficie útil, tanto para venta como para alquiler”, en valores que varían entre los 1.900 euros y los 2.820 euros, en función del municipio donde se quiera levantar el inmueble y el tipo de protección que tenga: básica o limitada. Esto supone que la vivienda protegida costará ahora, de media, un 56% más.

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Portero ha cifrado este jueves en 450.000 las viviendas que se podrían haber construido "con el oro robado por Negrín" para el dirigente comunista Iosif Stalin. En su intervención sobre vivienda ha criticado las políticas del PSOE a lo largo del tiempo en esta materia para rematar que esta relación "viene de más lejos, viene del oro de Negrín, de Largo Caballero, del Partido Socialista", acusando al presidente de la II República Juan Negrín de "robar y expoliar" 510 toneladas de oro.

PP entrega a Vox 3 viviendas para “erasmus” en Majadahonda. Se han presentado más de 1700 personas, 234 de ellas son casos de extrema necesidad.

Tertulia sobre la situación político-social de la vivienda pública en España, con Pablo García Astrain (Director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno Vasco), Daniel Morcillo (Urbanista y profesor en la UPM) y Fernando Landecho (arquitecto)

El juez investiga una vivienda adquirida por Carlos Fabra en una urbanización de lujo de Pozuelo de Alarcón con una empresa sin casi ingresos. El expresidente de la Diputación de Castelló vendió a su hija su participación mayoritaria en la empresa Carmacas S.L. con un sobrecoste del 4.723%. El juez que investiga al expresidente de la Diputación de Castellón y a su entorno familiar por el presunto "enmascaramiento" de su patrimonio, ha localizado bienes a nombre de los hijos del exdirigente del Partido Popular. | Más en #1

Las negociaciones por la nueva Ley de Vivienda se encuentran en punto muerto por las fuertes discrepancias que existen en la coalición. La normativa debe estar aprobada antes del 28 de febrero.

Fuego cruzado en la coalición acerca de uno de los proyectos más importantes de la legislatura. Las recetas para bajar el precio de los alquileres enfrentan a Moncloa, Transportes y Economía con Unidas Podemos. Relacionada: www.meneame.net/story/hasta-donde-pueden-bajar-alquileres-viviendas-si

El Sindicat de Llogateres moderó ayer un debate electoral en el que la vivienda ha sido la única materia sobre la que han debatido las ocho principales formaciones.

Unidas podemos, En Comú Podem, ERC, Bildu, JxCat, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias y la CUP se han reunido este jueves con asociaciones y colectivos para reclamar una ley que garantice el derecho a la vivienda. "Ahora el conflicto no lo tiene el PSOE con Podemos, sino con millones de familias que viven de alquiler", advierten desde los colectivos

"Desencuentro importante" entre Podemos y PSOE en asuntos de vivienda de alquiler aunque los socialistas parece que se aproximan en cuanto a la penalización por la vivienda vacía.

España vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda. El artículo 27.3 de los derechos recogidos en la Convención de Derechos del Niño, y el artículo 3.1 al no haber presencia de la Fiscalía del Menor en los desahucios con niños. Los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tanto al ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativa de alojamiento, como al no prever sus consecuencias. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el artículo 47 de la Constitución.

El discurso de Oskar Matute sobre una propuesta de Vox en materia de vivienda: "Los derechos que se compran con dinero no son derechos, sino privilegios"

El vehículo inmobiliario del grupo Azora, Encasa Cibeles, ha instado ante notario al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a que recupere las 1.721 viviendas protegidas que aún gestiona, del total de 2.935 que le fueron adjudicadas en subasta pública en 2013. El resto de las viviendas, según el fondo, han sido vendidas a "terceros". Esta adjudicación a este fondo buitre fue declarada nula por la justicia ya que se estimó que la venta fue "irregular" y quebró "la protección social" de las personas que vivían en ellas.

La FRAVM denuncia que el fondo de inversión sigue con los desahucios pese a que ya no es el propietario de las viviendas, y advierte que con la devolución pretenderá recuperar el dinero invertido en la compra pese a que habría vendido un sesenta por ciento de los inmuebles.

Los embargos de vivienda habitual se situaron en el primer trimestre del año en su nivel más alto en cuatro años, tras crecer un 84,1 % y alcanzar 3.207 procedimientos, la cifra más alta desde 2017

“Lo ideal sería vivir en la diversidad, sino se hacen guetos: aquí los activistas, allí los migrantes. De lo que se trata es de convertirnos en un pequeño tapón de la barbarie neoliberal”

Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Interior se habían negado a facilitar los datos relativos al tamaño de las viviendas oficiales de sus titulares, Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska. Así se habían pronunciado en sendas respuestas a dos solicitudes de información recibidas a través del Portal de Transparencia. Finalmente, seis meses después de que se requirieran estos datos, se han visto obligados a revelarlos tras un ‘ultimátum’ lanzado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.