El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez no presentará una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, después de que esta le retirase el acta de diputado el pasado viernes, confirman a elDiario.es fuentes de la defensa de Rodríguez. La decisión corresponde a una nueva estrategia judicial.

Las votaciones para designar a los nuevos representantes del TC y el Defensor del Pueblo tendrán lugar en dos semanas. Génova descarta un pacto sobre el Poder Judicial para entonces

Lo mismo que hay un Gordo de Navidad, hay un Gordo judicial, si bien con la particularidad de que es un Gordo inverso que consiste en que no te toque nada pese a llevar muchas más papeletas que el batallón de subordinados tuyos a los que, en cambio, sí puede que les toque la pedrea de unos cuantos años de cárcel. Esperanza Aguirre es una mujer con suerte, aunque la suya sea una suerte bajo sospecha de tongo.

La separación de poderes del Estado es uno de los principios fundamentales de cualquier sistema democrático y consiste en que cada uno de ellos, ejecutivo, legislativo y judicial, debe ser ejercido por órganos distintos, los cuales, además, se relacionan entre sí a través de un sistema de controles y equilibrios que garantice que ninguno ostenta un poder absoluto ni arbitrario.

El renombrado sociólogo y autor argentino Atilio Borón se une a The Grayzone para hablar sobre el asalto legal a la expresidenta de su país, Cristina Kirchner, los intentos de sabotear a líderes desde Lula da Silva de Brasil hasta Pedro Castillo de Perú, y las fuerzas de élite detrás de lo que él considera un amplio programa continental, similar al infame y sangriento Plan Cóndor de la época de la Guerra Fría. Denuncia la transición de los gobiernos de latinoamérica hacia dictaduras mediático judiciales.

La reforma judicial del Gobierno, soportado por la ultraderecha, echa a la calle a ciudadanos de todo signo, ante el temor de perder la esencia misma del país.

Más de 1500 días lleva paralizado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una situación que mantiene enfrentados al PP y PSOE, pero que también parece estar a punto de enfrentar de nuevo a los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Y es que, ante las presiones recibidas para intentar «forzar» esta renovación, los vocales más «socialistas» del CGPJ, como Álvaro Cuesta, parecen resistirse a abandonar el cargo (y los 7.500 euros de remuneración)

¿Y qué es lo que pasa con Sandra? Sandra lleva cinco años con un proceso judicial abierto por un delito del que no existen pruebas. Muy resumidamente os contamos lo que pasó.

Presenté un escrito corto en el que se pedía que la Fiscalía de Madrid, de manera institucional, condenase el golpe de Estado y se pusiese decididamente al lado de la democracia de la que estaban disfrutando sin sobresaltos. El debate fue muy revelador, ni recuerdo ni quiero recordar las posturas, escasas, a favor de los golpistas. Lo más desolador fue la postura mayoritaria de los cínicos que manifestaban, de viva voz, su desacuerdo con la entrada violenta en el Congreso de los Diputados, pero enfatizaban su profesionalidad....

Tras más de diez horas de registros, la Guardia Civil se ha incautado este miércoles de los datos originales sobre las emisiones de partículas y otras sustancias contaminantes a la atmósfera de la incineradora pública de Tersa, situada en la confluencia entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La planta es foco de una investigación judicial que trata de esclarecer si se cometieron supuestas irregularidades y si estas emisiones superaron los niveles permitidos por la ley entre 2015 y 2019.

De los 52 cabezas de lista al 23 de julio, un quinteto están o han estado involucrados en asuntos con la justicia. Están involucrados en casos que van desde una presunta corrupción de la diputada Ana Belén Vázquez Blanco o de José Vicente Marí, presidente del Consell de Ibiza, a supuestos delitos de calumnias e injurias de otros. Algunos también se han visto envueltos en casos de manera hipotéticamente sobrevenida y sin intención directa.

No podrán los Jueces o Magistrados dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.

El Congreso de EE.UU., controlado por republicanos, reautorizó ayer un controvertido programa de vigilancia, conservando un elemento clave de la recopilación de inteligencia extranjera. Aprobó la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior. El proyecto de ley FISA pasa al Senado. Creada tras el 11-S, suscita críticas de republicanos y demócratas, argumentan que viola el derecho constitucional de estadounidenses a la privacidad, pues permite obtener datos sin autorización judicial. Se bloqueó 3 veces en 5 meses por republicanos.