El pasado 9 de febrero, las entidades que agrupan a las familias monoparentales y defienden sus derechos tenían una cita importante. Estaban convocadas en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para informarse sobre los avances de una ley que les resulta de vital importancia, la Ley de Familias. En esta iniciativa legislativa, de la que el gobierno lleva hablando desde principios de legislatura y que ha acabado llegando a un proceso de urgencia ante la inminencia del ciclo electoral.

A diferencia del partido de Abascal, Feijóo sí promulgó una ley desde Galicia para regular derechos de este colectivo. Sucedió en abril de 2014. En aquel momento, el Parlamento de Galicia aprobó, al borde del consenso, la primera ley para frenar la discriminación a las personas LGTBI. El texto, todavía vigente, incluía el derecho de las personas trans a someterse a intervenciones de reasignación sexual en la sanidad pública gallega, una cartera sobre la que Feijóo, que empezó su carrera política como presidente del Insalud, a finales de los nov

Unidas Podemos votará en contra de la propuesta del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí, del Ministerio de Igualdad. “Si finalmente llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de La Manada, nosotros votaremos en contra, pero no queremos que eso ocurra”, ha confirmado este viernes el portavoz parlamentario del grupo, Pablo Echenique, en declaraciones en el Congreso. Está previsto que el Pleno de la Cámara baja debata el próximo martes la proposición de ley registrada en solitario por el grupo socialista.

Donde dije digo, digo Diego. La semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunicó su intención de derogar la ley trans madrileña. Esta iniciativa la planteó anteriormente Vox. No obstante, puede salirle mal la jugada tránsfoba a la líder popular, ya que la ley que prevalece es la norma estatal.

El presidente andaluz ha defendido este jueves en la sesión de control del Parlamento autónomo la ‘ley trans’ que su grupo apoyó junto con el PSOE e Izquierda Unida hace nueve años. Y no sólo la defendió, sino que además esgrimió su autonomía política para no hacer seguidismo de las propuestas de su partido. Feijóo ha prometido derogar la ley trans propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada el pasado mes de febrero tras una feroz disputa entre los socios de la coalición progresista. También Díaz Ayuso ha asumido la propuesta de Vox.

El Partido Popular se opone a la ley de vivienda en el fondo y en la forma. Poco después de que ERC y EH Bildu anunciaran este viernes un acuerdo con el Gobierno para aprobar una ley de vivienda que impone un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024 el PP ha salido en tromba a criticar tanto el contenido de la norma como el acuerdo con los socios habituales de la coalición.

En el acto de presentación de las líneas principales del del programa que presenta la formación regionalista, Catalán declaró que “somos partidarios de derogar la Ley de Memoria Democrática aprobada con el pacto entre Bildu y el Partido Socialista”. Y en materia de vivienda, defendió la derogación de la Ley de Vivienda, fundamentalmente porque “no dota ninguna medida para la ocupación ilegal de la vivienda, no hace un reconocimiento claro de la propiedad privada”, y porque “invade competencias de Navarra”.

La proposición de ley hace un recorrido breve de los hechos vinculados al procés independentista y de las conductas que provocaron los procedimientos penales. Usa eufemismos como “movilizaciones intensas y sostenidas en el tiempo” y “desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana”. Su tesis es que la “intervención de la Justicia” fue provocada por la “tensión institucional”. No menciona las sucesivas leyes de desconexión, la desobediencia a las sentencias del Constitucional y los graves incidentes producidos esos días y en 2019.

"No podíamos dar nuestro apoyo a un proyecto de ley que tiene importantes carencias que no se han querido corregir; de contar con nuestro voto favorable habría invalidado el compromiso con una amnistía integral, completa, sin exclusiones. Un compromiso que acordamos para la investidura del presidente Pedro Sánchez", ha apuntado en un largo mensaje difundido en redes. "De entrada quiero que quede claro que valoramos los esfuerzos realizados por el PSOE y Sumar en defender una ley de amnistía en un contexto hostil, de violencia verbal (...)".

Según la delegada de Turismo, el tope a los precios de la vivienda tradicional establecido por la ley es responsable de que muchos propietarios estén destinando sus viviendas al uso turístico. "Ese boom que se está produciendo en toda España, no solo en Madrid,[...], se está produciendo por esa ley de vivienda, que es la que más ha favorecido a las viviendas de uso turístico y eso está provocado por el Gobierno socialista". Ni en la capital ni en toda la región madrileña se aplica esta legislación aprobada por el Ejecutivo central.

Los socios de gobierno en Valencia presentan una contrarreforma que afecta a las leyes de educación, la televisión pública, transparencia e incompatibilidades y proyectan una ley que investigue los actos violentos "desde 1931 hasta la actualidad"