Anticorrupción considera a los dos exdirigentes políticos responsables de los delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En esta línea, solicita que se les imponga una pena de 10 años de prisión. Para Ortiz, por su parte, demanda 8 años de cárcel como autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Añade el delito de negociaciones prohibidas para los abogados de salvetti .

La exculpación se extiende hasta para el único acusado que había mantenido el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, el promotor ilicitano Ramón Salvador, quien asumió que había pagado a los abogados del despacho Salvetti, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, para que se aceptasen sus alegaciones al PGOU respecto a unos terrenos de su propiedad: si no existe delito para el resto de los procesados, no podía estimarse tampoco para él.