Pese a haber perdido las elecciones, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus familiares no han dejado de pedir dinero a sus seguidores, ya no para la campaña, sino para sufragar sus esfuerzos por revertir el resultado electoral.

Este tratado creado hace 20 años jamás se ha mencionado en televisión. Las empresas pueden demandar, y han demandado, a países a pagar miles de millones de euros. Por ejemplo, Italia, cuando su parlamento prohibió la prospección de petróleo a la empresa Rockhopper en mayo 2017, ésta demandó al Estado teniendo que pagar 1.400 millones. El país más afectado es España,con 40 demandas y 9.400 millones reclamados. Un escándalo sin precedentes y censurado. corporateeurope.org/sites/default/files/2019-04/ECT_Report-ES.pdf

En 1994 el Gobierno de España de la mano de Felipe González firmó y ratificó sin ningún tipo de estudio de impacto ni debate público un tratado internacional.

La demanda, interpuesta por Louie Gohmert y otros once republicanos, exige a un juez federal de Texas, Jeremy Kernodle, designado por el presidente saliente, Donald Trump, que declare que Pence tiene "la autoridad y discreción exclusivas" de decidir qué votos electorales de determinados estados deberían ser contados para proclamar la victoria de un candidato.

El eurodiputado búlgaro agregó que durante la elaboración de su informe se topó con “una campaña extremadamente inmunda y deshonesta de la fuerza política de Puigdemont: insultos personales, descalificaciones y sugerencias manipulativas”.

La negativa del PSOE a regular el precio de los alquileres y de la CEOE a seguir negociando el desmontaje de la reforma laboral hasta que no se clarifique la situación llega a pocos días del efecto dominó iniciado en Murcia. ¿Casualidad? No lo parece. La patronal y el PSOE mueven sus fichas. Pero no son los únicos.

Diez miembros más del Congreso que estaban en la galería de la Cámara de Representantes cuando los disturbios violaron el Capitolio el 6 de enero están añadiendo sus nombres a una demanda, primero presentada en febrero, que acusa a Trump y Giuliani de conspirar con grupos extremistas para incitar a los disturbios.

Los documentos también sugieren que la campaña se basó en sus hallazgos sobre Dominion, incluso cuando Sidney Powell y otros abogados atacaron a la compañía en los medios conservadores y finalmente presentaron cuatro demandas federales acusándola de una vasta conspiración para manipular las elecciones contra el Sr. Trump...Como escribieron los abogados del Sr. Coomer en su moción en la demanda por difamación, "El memorando producido por la campaña de Trump muestra que, al menos internamente, la campaña de Trump encontró que no había evidencia”

Le reclaman que abone una indemnización de 10.000 euros que será donada a la asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil. Vox solicita cuatro años y ocho meses de cárcel para el concejal de Zaragoza en Común (Zec), Alberto Cubero, por, supuestamente, cometer en las redes sociales un delito de odio contra la formación liderada por Santiago Abascal. No solo le acusa de ello, sino que considera que el edil y secretario general del Partido Comunista en Aragón incurrió en un delito de incitación a la comisión de delitos, otro de alteración pública

Las demandas interpuestas por varios de diversos afectados y por el administrador judicial de Madoff vinculan a los Botín con el fraude. El Santander-se-nego-a-devolver-el-dinero-invertido-en-la-estafa-de-madoff-a-una-familia-con-un-hijo-en-estado-vegetativo.

El titular del Juzgado de Primera Instancia Número 82 de Madrid, Manuel García Sanz, ha rechazado la medida cautelar solicitada por el abogado Pedro Francisco Muñoz de suspender de forma cautelar la candidatura de Macarena Olona para las elecciones andaluzas. En el auto fechado este miércoles, echa por tierra la petición y destaca que el abogado se ha afiliado tanto a Vox como a Izquierda Unida para poder demandar a ambos partidos, una circunstancia que considera "ciertamente sorprendente".

El testimonio explosivo de un asistente de la Casa Blanca el martes sobre las acciones y declaraciones del entonces presidente Donald Trump el 6 de enero de 2021 podría dar un gran impulso a una serie de demandas civiles contra Trump por su responsabilidad por la violencia que estalló ese día.

La nueva ley permite a los californianos demandar a los fabricantes y ciudadanos que distribuyan armas de asalto prohibidas o "pistolas fantasma". Newsom ha modelado explícitamente el concepto en una ley antiaborto de Texas y apoyada por el Tribunal Supremo estadounidense, que permite a las personas presentar demandas legales contra los proveedores de servicios de aborto, ha informado 'Politico'.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una denuncia exigiendo a una corte nombrar a una parte independiente para examinar los archivos que el FBI incautó de su mansión en Florida. Argumentando ser blanco de una investigación por razones políticas, Trump ha exigido que un "experto" sea designado para revisar las más de dos docenas de cajas de archivos en el allanamiento sin precedentes realizado el 8 de agosto.

En los documentos judiciales, el senador estatal le pidió a un juez que declare que el comité no puede ordenarle que se siente para la deposición y le pide que pague sus honorarios legales. A Mastriano lo citó el comité para brindar documentos y testimonios en febrero y presentó pruebas en mayo. También le dijo al comité que se presentaría de forma voluntaria a la entrevista. Pero cuando el comité insistió en que la declaración se grabara en vídeo, Mastriano pidió que se le permitiera hacer su propia grabación, fue rechazado

El producto específico de respuesta activa de la demanda se define como la variación de potencia activa a subir que puede realizar una unidad de programación en un tiempo inferior o igual a 15 minutos desde que es requerida su activación y que puede ser mantenida, como máximo, durante 3 horas consecutivas al día.

Los ministros de Energía de la Unión Europea han cerrado este viernes un acuerdo político sobre las medidas de emergencia para intervenir el mercado eléctrico comunitario y han pactado reducir la demanda eléctrica en la UE un 5% en horas pico, una tasa a las empresas de combustibles fósiles y establecer un límite de 180 euros/MWh al precio al que las productoras de electricidad inframarginales pueden comercializar la energía.