La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, destinará casi un millón de euros al «desarrollo y la mejora de montes». Presupuesto que caerá en manos de empresas «de titularidad privada» que se encargarán, entre otros menesteres, de ‘plantar pinos’ en los montes madrileños.

El último informe de CEOE, sobre el seguimiento de los fondos Next Generation en España, revela que el Gobierno de Pedro Sánchez ha subcontratado, hasta la fecha, a empresas privadas a través de licitaciones para llevar a cabo el análisis, desarrollo, gestión y control de programas de estas ayudas europeas, entre otros servicios. Una contratación que ya asciende a 43,7 millones de euros.

Así pues, una empresa privada se encargará de la gestión durante al menos los próximos 35 años, prorrogables hasta 50 años, de los amarres y del uso comercial de 235.000 metros cuadrados del suelo de La Marina. Han asegurado que este era un trámite urgente, que había que cerrar antes del 31 de diciembre para poder continuar con la liquidación definitiva del Consorcio Valencia 2007. Así pues, será una empresa privada la que se ocupará de ese asunto a través de una concesión administrativa.

Javier Fernández-Lasquetty prepara un lento abandono de su carrera política, tras casi 20 años enlazando diferentes cargos públicos. Su nombre no aparece en el nuevo esquema de consejerías que prepara la presidenta de la Comunidad de Madrid. El propio Lasquetty ha confirmado que no contará con ninguna competencia en el próximo reparto de carteras, en su lugar se mantendrá como diputado en la Asamblea de Madrid, como tránsito al sector privado.

Alejandra Jacinto: "Entre Madrid y Quirón, elige Quirón. Entre Madrid y Florentino, elige Florentino. Entre Madrid y UBER, elige UBER."

La apuesta de la administración de Isabel Díaz Ayuso por la escuela concertada suma enteros. Si, según las cifras del Ministerio de Educación, Madrid destina 1.040 millones al año a este tipo de centros, y ya es la segunda Comunidad en porcentaje de gasto— un 20%— solo superada por Euskadi, un nuevo movimiento, fondos Next Generation mediante, viene a aportar más pruebas de esta apuesta.

«Inés Arrimadas volverá a su puesto en D’Aleph«. Es el runrún que recorre distintas sedes parlamentarias en Barcelona, según ha constatado MONCLOA.com. Con esta frase de 2021 ya se puso en marcha la comidilla que ahora recorre todo Ciudadanos y parte de Madrid. Inés Arrimadas se preocupó entonces de tener un hueco en esta empresa y ahora parece que se han intensificado las conversaciones para ver dónde está la salida laboral más lucrativa. Inés Arrimadas se ve fuera de la política y no parece que se haya convertido en un activo interesante para

La apuesta por los centros educativos privados aumenta cada año con las políticas de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inyección de 30,5 millones de euros en becas para la Formación Profesional (FP) privada para el próximo curso escolar 2023-24, mientras la mitad del alumnado (30.000) que ha solicitado estos estudios en la educación pública se queda sin plaza.

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato ha denunciado que, únicamente en el año 2022, la Comunidad de Madrid ha tenido que desembolsar más de 300 M de € en concepto de intereses debido a su elección de financiarse en el mercado privado en lugar de recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esta decisión representa una carga financiera significativa para los madrileños, acumulando un total de más de 900 M de € desde 2021, debido a la obstinación del PP de depender exclusivamente del mercado privado para su financiación.

En la primera ola, los hospitales privados estuvieron abiertos por decreto, pero vacíos de pacientes, lo que ha producido un agujero de 60 millones de euros en sus cuentas... 'Fondo COVID-19', con el quese dotó a las CCAA de una cantidad para combatir la pandemia. En el caso de Galicia, la comunidad que preside Alberto Núñez Feijóo recibió 268 millones de euros.

a universidades privadas La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga ha registrado una moción ante la Comisión Plenaria de Urbanismo para rechazar la cesión de suelo público a empresas universitarias privadas y para que, en su lugar, estos terrenos se dediquen a la construcción de infraestructuras y equipamientos públicos que den servicio a toda la ciudadanía, más cuando se ubican en zonas con grandes previsiones de crecimiento poblacional.

A nadie se le escapa la estrecha vinculación de los ataques a los sistemas de pensiones públicos con la defensa de los intereses de los fondos privados de pensiones, del capital financiero. Hemos escogido tres ejemplos por su actualidad.

La Audiencia Nacional ha desestimado por segunda vez el recurso de la Abogacía del Estado contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obligó al Ejecutivo a informar sobre los viajes privados realizados en medios oficiales por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Primero lo hizo el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 2 de la Audiencia y ahora lo ha hecho la sección séptima de la sala de lo contencioso administrativo en una sentencia en la que, además, impone las costas procesales a la Abogacía

Tenemos un modelo educativo en el que la norma cada vez más es la financiación pública de los centros privados y la privatización de cualquier servicio en los centros públicos. Se confunde intencionadamente la titularidad con la gestión de los centros públicos, para no dejar en evidencia que, menos el personal docente y algunos servicios auxiliares mínimos, toda la red pública está privatizada, además de cobrar por multitud de conceptos pequeñas cantidades que de facto hacen imposible denominar a la red pública como gratuita.

El nuevo decreto-ley de la Junta para la simplificación administrativa y la mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía introduce modificaciones legales para reducir los trámites y requisitos exigidos para autorizar conciertos sanitarios con centros privados al unificar las fases de homologación, acreditación y autorización en un único procedimiento.

La pandemia las golpeó primero y los relatos de situaciones dramáticas vividas dentro de las residencias de mayores se multiplicaron. "Lo dimos todo", defiende Beatriz Fernández, trabajadora en una residencia privada de Ferrol perteneciente a DomusVi. Ahora, tras dos años con el convenio colectivo caducado, sin actualización salarial desde 2018 y con una carga de trabajo y una presión "brutal" en los centros, las trabajadoras "se sienten estafadas", dice. Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han convocado una huelga indefinida en centros residencia