Estima la demanda de amparo del líder de EH Bildu contra la decisión del Supremo de volver a juzgarlo por el caso Bateragune.

El Tribunal Constitucional (TC) puede, pero no quiere. Esa es la conclusión de una investigación de El Periódico de Catalunya sobre el estado de la cuestión del recurso de amparo presentado en enero de 2022 por el diputado canario de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, contra la privación de su escaño -se cumplieron doce meses el pasado sábado, 22 de octubre- por la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet. Entonces faltaban para terminar la legislatura en curso alrededor de 26 meses; ahora restan 14 meses.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha abogado por desplegar una ley que retire el sueldo y el uso del coche oficial a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato haya expirado. "Si fuera por nosotros no cobrarían el sueldo todos los vocales escogidos por el PP, que se están negando a cumplir la ley. "

"Con la sentencia del Estatut, el Tribunal Constitucional (TC) perdió la autoridad que tenía, y es preocupante porque en el modelo por el que optamos en la Constitución cumplía una función de pacificador y estabilizador. Esto tendría que recuperarse", según el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. A través de su propia experiencia periodística -en Barcelona y en Madrid- y de entrevistas con personalidades como el propio Zapatero, Pere Aragonès, Artur Mas, Esperanza Aguirre, Juan Luis Cebrián, Iñaki Anasagasti, Jaume Giró o...

El PP sostiene que el artículo constitucional que obliga al Senado a tramitar en veinte días las iniciativas urgentes sólo es aplicable a los proyectos de ley y no a las proposiciones, fórmula que se emplearía para la amnistía, pero el TC dejó claro hace más de dos décadas que dicho precepto constitucional se aplica a las dos: "La evidente semejanza de ambas figuras pone de relieve la identidad de razón para su régimen jurídico"

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes por unanimidad inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) sobre el inciso de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que establece que las sanciones por superar en un 10% o más los límites de gastos electorales no podrán ser inferiores a 25.000 euros.

“Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad. En el PP sí sabemos reconocer un error”, ha subrayado Pons en un comunicado. Pons no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera “un cáncer del Estado de Derecho” en las actuales condiciones, según ha dicho en un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona junto a La Vanguardia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que la reforma de la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial con un umbral de mayoría parlamentaria más bajo que el actual, como quiere el Gobierno, será recurrida por su partido ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales europeos.

Las multas pagadas se podrán reclamar y las que aún no hayan llegado quedarán sin efecto. El Alto Tribunal establece que la inconstitucionalidad de la medida no será título para pedir indemnizaciones al Estado por el daño causado.

El diputado de Podemos Rafa Mayoral ha denunciado que estamos en "una situación de inseguridad jurídica inconcebible en un Estado de derecho" por no conocer aún el auto del Tribunal Constitucional con los argumentos sobre su decisión de paralizar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas.

"Para los magistrados, la duración del proceso, desde la comisión del primer hecho declarado probado, a finales de 2006, hasta que se dictó la sentencia, en diciembre de 2016, provoca una dilación indebida muy cualificada, para casos que excedan de ocho años, según indica el Supremo. No solo eso: responsabilizaba a las víctimas de haber dejado pasar dos años para interponer la denuncia. "