España no es, ni de lejos, uno de los países de la Unión Europea que acumula más condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero las decisiones de los jueces españoles sí han desembocado en algunas de las derrotas más sonadas de los últimos años en torno a la protesta política, la libertad de expresión y los símbolos nacionales como las banderas o la monarquía. Condenas penales que pasaron por manos del T. Constitucional donde los argumentos de los magistrados discrepantes fueron desoídos por las mayorías conservadoras...

Tanto el expresidente de la Generalitat como Toni Comín y Clara Ponsatí habían presentado un recurso ante el Tribunal pidiendo medidas cautelares contra el levantamiento de su inmunidad.

La sentencia del Tribunal Constitucional polaco desafía la arquitectura comunitaria y lleva al conflicto entre Bruselas y Varsovia a un callejón con pocas salidas.

Si Ley y Justicia (PiS) vuelve a ganar, Polonia terminará convertida en la segunda autocracia electoral en el corazón de la Unión Europea. Ya lo sabemos, las extremas derechas son hoy en día la mayor amenaza para los sistemas democráticos. Cada vez más partidos ultraderechistas llegan al poder en diferentes países e intentan transformarlos en “democracias iliberales” o, para ser más claros, en “autocracias electorales”.

No es la primera vez que España se enfrenta a un ultimátum de la Comisión Europea por no garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas en algunas de sus ciudades. En julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE condenó al Estado español a abonar una multa por este motivo.

Gerardo Pisarello: "Hoy vino Vox a hablar de corrupción y justicia. La hipocresía de la ultraderecha no podía quedar sin respuesta"

No hace falta ser de izquierdas, basta con ser adversario de la derecha o que ellos te consideren así. El sesgo de clase, patriarcal y filofranquista que tiene la judicatura española hace imposible confiar en la justicia si tienes posiciones ideológicas diferentes a las que conforma la carcunda patria. No hay manera de creer en una justicia ecuánime con lo vivido en democracia en los últimos cuarenta años mirando a la justicia y esto se ha acelerado de manera dramática en cuanto el Estado ha visto poner en cuestión los aspectos fundamentales de

Es el PP el que ha llevado a la Justicia de este país en el punto en el que se encuentra hoy, al borde del precipicio, más allá de que Lesmes toma ahora una decisión que hace mucho tiempo que debería haber tomado. Cuatro años diciendo que la dimisión no era la solución para acabar dimitiendo después de que la erosión en la Justicia parece ya insalvable y dejando en Europa una pésima imagen de esa justicia.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

La Comunidad de Madrid es una de las 12 Autonomías que tiene las competencias de Justicia transferidas. Lo que se denomina en argot técnico –acuñado por el mismo Tribunal Constitucional– «la Administración de la Administración de Justicia», entendiendo esta todo lo referente a edificios, medios técnicos y funcionarios.

La implicación de la justicia ordinaria en la represión franquista explica la ausencia de una auténtica política de Justicia Transicional. ¡Qué cantidad de desconocimiento tenemos todavía los españoles sobre ese periodo tenebroso de nuestra historia reciente, la dictadura de Franco! E igualmente no sé si somos conscientes de algunas de sus secuelas que perviven en nuestra democracia. Sobre lo primero, de ese desconocimiento, y de sus secuelas versarán las líneas siguientes.

El ex Ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar sabía que políticos, jueces y empresarios violaban, torturaban y asesinaban a menores en Castellón y no hizo nada. Documentos presentados por la extinta Asociación de Víctimas de Corrupción Sexual Infantil AVICSIN (asociación que la justicia reventó desde dentro), se demuestra que el señor López Aguilar, fue sabedor de todo esto cuando fue ministro de Justicia allá por 2005.

La secretaria de organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ella "no entiende y no comprende" qué es la justicia social porque "no la practica"."Justicia social no es nada más y nada menos que igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar su vida de la manera más justa posible"

El pasado sábado, en un acto preelectoral en Collado Villalba, la dirigente madrileña ya sostuvo que la llamada "justicia social" de la que habla la izquierda sólo promueve “la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables”. [...] Unas palabras que se contradicen con las que ella pronunció en 2019 al hablar de la Justicia Social como una parte de la Constitución. En su programa electoral de 2021, este concepto también aparecía. Al darse cuenta de la 'pillada', Ayuso ha contestado nerviosa: "A ver, yo... da igual".

El Ejecutivo regional prevé avanzar en el proceso esta semana de cara a la selección de la mejor oferta entre julio y agosto ACS, FCC y Ferrovial estudian pujar por los casi 700 M de la nueva Ciudad de la Justicia de Ayuso. Ayuso aprieta para levantar la nueva Ciudad de la Justicia con una inversión cercana a los 700 millones

El poder judicial, en los países que dicen ser o quieren ser democráticos, se utiliza para asegurar que el incumplimiento de las leyes que emanan del resto de poderes del Estado se cumplan con igualdad y equidad entre toda la ciudadanía, independientemente de la situación personal o particular. Sin embargo, la extrema derecha ha intentado hacer un uso político de la justicia aprovechando las herramientas establecidas en la legislación, las administraciones públicas, los resquicios del sistema e ingentes recursos económicos y mediáticos.

Retirar la inviolabilidad del Rey Juan Carlos «no está en la agenda del Gobierno». Así lo ha asegurado este viernes el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. En una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero, el ministro ha insistido en que «no está en la cartera» del Ejecutivo modificar la Constitución para cambiar el estatus del jefe del Estado. «Todo lo que sea clarificar las situaciones me parece bueno, pero no hago referencias sobre procedimientos vivos», ha añadido.

La anulación de una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales ha sido seguida en ese país por la retirada de cargos contra exmiembros del que fue su gobierno, en un cambio de actuación de la Justicia tras la victoria electoral de su partido. Después de que hace una semana un juzgado anulara varios actos del proceso abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra Morales, entre ellos una orden de aprehensión, el mismo rumbo han seguido otras causas contra exfuncionarios de su gobierno.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha enfriado este miércoles la posibilidad de derogación de los artículos del Código Penal sobre delitos de opinión como propone el grupo parlamentario de Unidas Podemos y ha negado una "descoordinación" en materia de Justicia entre los dos socios del Gobierno de coalición.

El rescate de la Ciudad de la Justicia costará al menos 442 millones de euros y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende financiarlo con los fondos europeos que tienen que destinarse a combatir la crisis sanitaria y económica que ha provocado la Covid-19. Así se lo ha trasladado Ayuso este martes a los grupos de la oposición con los que se ha reunido para contarles su plan para estos fondos, y confirman fuentes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.