Se trataba de una mera declaración de intenciones para ganarse el favor de Pujol y el contenido era simple: reconocimiento de la unidad de la lengua, enseñanza conjunta de la literatura catalana y valenciana, la normativa que se usaría en la administración sería la del IEC, Institut d’Estudis Catalans (variedad occidental), y el nombre de la lengua sería valenciano.

El vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha recordado este lunes que “la promoción de las lenguas regionales debe hacerse siempre respetando los derechos fundamentales de todas las personas”. El eurodiputado dio detalles de lo que, en ocasiones, sucede en España. “Hoy en Europa hay quienes usan una lengua o una cultura no para educar, sino para imaginar comunidades sectarias y excluyentes”, ha añadido en referencia a la situación que se vive en comunidades como Cataluña.

El Gobierno no ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 la partida de 1,6 millones de euros para la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Catalunya, València y les Illes Balears que fue la única, entre 4.000, aprobada durante la tramitación en el Senado de las cuentas en diciembre de 2021 y que obligó a que regresaran al Congreso para su aprobación definitiva.

Unidas Podemos y formaciones independentistas como Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, la CUP , PNV, Compromís, BNG junto con Más País defenderán el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para acabar lo que consideran una "imposición legal del castellano" en España, y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer nuevas, como el asturiano.

El Congreso de los Diputados permitirá el uso de las lenguas cooficiales desde el próximo martes 19 de septiembre. La Mesa, en su reunión de esta mañana, ha calificado la propuesta de modificación del Reglamento de la Cámara presentada por una mayoría de grupos parlamentarios para poder debatir en el hemiciclo en catalán, euskera y gallego.

La controvertida LOMLOE o ley Celaá, con la que el Gobierno quiere derogar la ley Wert, ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados. Con un total de 177 votos a favor (uno más de lo que marca la mayoría absoluta), 148 votos en contra y 17 abstenciones, se ha cumplido una de las medidas que ha tenido en mente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que llegó a la Moncloa. Se pone fin así a un sinfín de idas y venidas cuyo resultado ha sido una nueva ley de educación, la octava de la democracia española.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un proyecto para promocionar la lengua española que llevará por nombre En español, valle de la lengua. Según han confirmado fuentes del Gobierno, esta inversión se trata de un PERTE "megapotente" vinculado a los fondos europeos Next Generation EU. Se trata de "una iniciativa transversal" que promoverá el aprendizaje, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la ciencia y la empresa teniendo como base el español.

Los alumnos entre 6 y 12 años deberán dar como mínimo cuatro horas la Lengua Castellana a la semana a partir del curso que viene. Es la asignatura con más peso en la propuesta que el ministerio de Educación ha remitido a las comunidades autónomas como parte del Proyecto de Real Decreto de por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y al que ha tenido acceso la Cadena SER. Matemáticas, sin embargo, no llegará a las tres horas.

La Generalitat Valenciana ha recurrido la sentencia de un juzgado de Alicante que condenó a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los profesionales médicos que trabajaron durante la primera ola de la pandemia de Covid por no haberles dado los equipos de protección adecuados. La sentencia, la primera que se dictó sobre este asunto en España, obliga a la Administración valenciana al pago de cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.180 euros.

La Generalitat de Cataluña sigue defendiendo su modelo de inmersión lingüística en las escuelas, aunque sea en contra de los tribunales. La secretaria general de la Consejería de Educación, Patrícia Gomà, ha asegurado que la anulación del proyecto lingüístico de dos escuelas catalanas no se puede aplicar por el nuevo marco normativo, que rechaza los porcentajes, mantiene el catalán como única lengua vehicular y deja al castellano como lengua curricular.

El requisito del valenciano para acceder a la administración ha vuelto a dividir a los partidos del Gobierno valenciano y a los de la oposición en el debate de enmiendas a la Ley de Función Pública, en coincidencia con una protesta del sindicato de funcionarios CSI·F. Mientras PSPV, Compromís y Unides Podem han recordado que se regulará en un reglamento posterior y por categorías, PP, Cs y Vox han cuestionado que sea necesario y han advertido que muchos trabajadores se quedarán fuera.

La crispación es un estado de histeria programada cuyo fin es que los gritos y las banderas no dejen ver lo que hay bajo el discurso propio ni oír el ajeno, a ver si alguien va a entender algo. A veces, se le añaden algunas banderas que apelen a instintos básicos de identidad y pertenencia, y se lanzan proclamas nacionalistas que hablan de patrias rotas, constituciones traicionadas, autonomías que se van del país. Si el enemigo resiste, se echa un poco más de leña al fuego y se le pone el cartel de comunista a unos o el de terrorista a otros.

Ana Vega, o «Vaga«, como la apodan muchos parlamentarios en las cortes, por su deficiente desempeño al frente de la portavocía de Vox, entró a las Cortes Valencianas habiendo cotizado en toda su vida laboral tan solo 450€ tras trabajar un año como pasante en el despacho de abogados del representante de Izquierda Unida en el Ayto. de Alicante, 4 años después, Vega se ha embolsado cerca de 362.540€ por apenas 12 horas de trabajo, o lo que es lo mismo, cada minuto que Vega dedicó a sus intervenciones costó algo más de 503€.

Fue una contraprogramación planificada con un nivel de detalle que no se recuerda en el ambiente político asturiano. En la misma jornada en la que la ministra de Industria Reyes Maroto visitaba Gijón para hablar de los planes de descarbonización de ArcelorMittal, el candidato del PP, Diego Canga, que ha sido alto funcionario de la UE, le pisaba la comparecencia anunciando que esa jornada de febrero la Comisión Europea iba a dar luz verde a esa iniciativa y además precisaba el importe: 460 M. de euros. Lo hizo con muchas horas de antelación...

La presidenta del Congreso admite que es necesario consultar a "los servicios técnicos" antes de tomar la decisión. Junts, ERC y Bildu confirman que no acudirán a la ronda de contactos con el Rey